Desalojo en Piquillín: «Acusados de usurpar sus propias tierras»
A cuatro años del violento operativo de desalojo de campesinos en el paraje rural Tres Esquinas, las familias González y Bulchi continúan exigiendo justicia y que les devuelvan las tierras que ocuparon por más de 100 años.
Este mes se cumplen cuatro años del violento desalojo que sufrieron las familias campesinas González y Bulchi en las tierras donde vivieron por más de 100 años.
El 11 de abril de 2013 la Policía llegó a la casa de la familia González, en el paraje rural Tres Esquinas, con una orden de desalojo y tuvieron que abandonar su hogar. Lo mismo pasó en la casa de enfrente, donde Irma Monges de Bulchi vivía con sus tres hijos. Esa tarde, los chicos estaban solos porque su madre estaba cuidando a un familiar internado en la capital cordobesa. No hubo contemplaciones; la medida dispuesta por la jueza María Elena Olariaga de Masuelli, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 46 de Córdoba, se ejecutó.
Las topadoras redujeron a escombros las casas y el corral donde criaban animales. No quedó ni rastro de los chanchos, la vaca y las dos ovejas que eran parte del sustento familiar.
Ese día, cuando intentaron recuperar y defender pacíficamente sus bienes, más de quince personas fueron detenidas en un operativo que calificaron como exagerado.
«Luego de desalojo, la familia con el apoyo de vecinos, familiares, organizaciones sociales y miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, intentaron retomar la posesión y un exagerado operativo policial detuvo a 16 personas, entre ellos, dos niños. Fueron acusados de usurpar sus propias tierras», recordaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
Desalojo
La causa se inició en 1994, pero no tuvo ni a los González y ni a los Bulchi como protagonistas hasta el momento en el que los corrieron del terruño. La demanda la presentó Sara Jabase (hija del dueño del almacén de Ramos Generales del pueblo) contra Henry Cattaneo (un empresario de YPF de Monte Cristo) por una acción posesoria. Es decir: aún sin título, estos dos empresarios se disputaban los derechos de posesión sobre un territorio mucho más grande que el ocupado por las familias campesinas. Jabase reclamó 182 hectáreas y Cattaneo 220. En el medio de estas tierras en disputa viven los González y su vecina con tres hijos.
Ni la impulsora de la denuncia, ni los que relevaron el predio mencionaron a las familias que viven allí desde hace cuatro generaciones. Cuando Cattaneo respondió a estas actuaciones tampoco los nombró.
La sentencia se dictó en 2009 y aunque está apelada la jueza igual dio la orden de desalojo.
Pedido de Justicia
Este martes, la jueza María Elena Olariaga de Mazueli realizó una inspección ocular en el campo de la familia Gonzalez en la pedanía de Piquillín, a 50 km de la ciudad de Córdoba.
Durante la inspección ocular la Jueza debía identificar rastro de la posesión. Pasaron cuatro años y el campo sólo hay sembrado forraje y granos.
“Al mes del brutal desalojo ya habían destruido todo”, comentó la abogada de la familia González, Victoria Gauna.
Pero como la memoria no se borra, más de 50 personas acompañaron a la familia violentamente desalojada, para dar testimonio que los González vivieron ahí por más de 100 años.
«A cuatro años seguimos exigiendo que le devuelvan a las familias sus tierras y nos seguimos preguntando: ¿Dónde está la justicia?», expusieron desde el Movimiento Campesino.
