En los márgenes
El trabajador de la economía popular está definido por descarte. Son alrededor del 45 por ciento de la población económicamente activa. La declaración de la Ley de Emergencia Social igualaría sus beneficios con los de los trabajadores formales.
Por Florencia Gordillo para Energía +
Sobre un tablón hay ropa desacomodada con carteles hechos a mano que ofrecen jeans por 50 pesos. Al lado venden plantas y más allá, cosméticos. Hace tres meses que Mercedes Quilis empezó a ir a la feria popular de barrio San Martín, un par de días después de denunciar a su marido por violencia de género. Tiene botón antipánico. Empezó a buscar la forma de autoabastecerse porque su pareja era el sostén económico. Ella y Yamila Flores Quilis, su hija, mantienen ahora la casa.
“Mi mamá cobra una pensión por enfermedad, pero todavía no está en edad para jubilarse y trabajamos juntas en la feria, porque nos garantiza un ingreso extra”, dijo Yamila. Y agregó: “Es un espacio simbólico, no solo venimos a vender, también planteamos una forma distinta a la impuesta por el mercado laboral. Te brinda otros beneficios: no quedamos afuera del sistema. Yo soy útil y vengo a producir. Mi mamá viene de una situación de violencia, durante años dependió de la persona que manejaba sus ingresos. Hoy está acá y vende su producción. Una mujer como mi mamá, pensionada, divorciada, de 60 años, ¿a dónde la van a contratar? Y plantarse frente a un mundo que te quiere dejar afuera es un acto político”.
“A veces no vendo nada pero ya verla a mi vieja ahí y saber que no está encerrada en mi casa…”, dijo Yamila. Quizás la frase parezca trunca, pero se completa con el gesto que hace: sonríe y suspira con alivio. Yamila también tiene un puesto en la feria. Hace vasos artesanales. Junta las botellas, las corta, las pule, diseña los vasos y los hace. La feria de barrio San Martín es un espacio coordinado entre los vecinos y algunos integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La CTEP es una organización gremial representativa de los trabajadores de la economía popular, concebida como una herramienta de lucha para lograr la restitución de los derechos laborales y sociales que, quienes la integran, consideran que les arrebató el neoliberalismo. No es fácil encontrar datos sobre empleo no registrado, porque está determinado por descarte. Desde la CTEP estiman que del total de la población, aproximadamente un 45 por ciento son trabajadores de la economía popular.
“La situación del país nos lleva a evaluar la falta de conexión y de cooperación con el otro. Estamos muy acostumbrados, por el sistema económico, a que cada uno trabaje por lo suyo para sobrevivir. Apoyar esta forma de trabajo es una manera de hacer política para personas que creen que la política es algo ajeno. Es una forma de generar posibilidades para gente que de otra manera no accede al mercado laboral formal porque no terminó el secundario o porque no tiene una edad útil según los parámetros mercantiles. Acá nos abren las puertas a todos sin ningún criterio excluyente”, dijo Yamila.
En diciembre el Senado convirtió en Ley el proyecto de Emergencia Social declarada hasta diciembre del 2017. El acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las organizaciones que integran la CTEP garantizaría un millón de puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio nacional. Los trabajadores tendrían obra social, pero hasta su pleno funcionamiento tendrán cobertura médico-asistencial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. También, a partir de la Ley, crearon el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social con el objetivo de proponer un Salario Social Complementario (SSC). El Consejo intervendrá en la definición de un índice de canasta popular a partir del cual se determine el monto del SSC.
El Consejo estará integrado por un representante del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, un representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y hasta tres representantes en nombre de todas las organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas.
La Ley declaró la emergencia social y alimentaria por un año en todo el territorio nacional y por eso se incrementarán en un 15 por ciento los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
“Logramos que se reconozca la emergencia social por una cuestión institucional. Es necesaria para que se otorgue presupuesto para políticas sociales”, dijo Pablo Montes, dirigente provincial de CTEP.
“Parece una frase hecha pero es una realidad: la situación es más grave en los barrios donde no hay agua y la red eléctrica es precaria. Ahí son más difíciles las condiciones de vida porque además se suman la escasez de trabajo y los ingresos mínimos. Todo eso junto se vuelve una situación de emergencia. A nosotros no nos la cuenta nadie, la vemos día a día a la realidad”.
Pablo, que en realidad todos conocen como Nori, integra la Cooperativa Trabajo y Dignidad en barrio Villa El Libertador, donde coordinan un Plan de Finalización de Estudios Secundarios (FINES). También hay talleres de carpintería y herrería, fabrican adoquines, tienen un vivero y gestionan un centro de prevención de adicciones con personal especializado. Cuando comenzó el año abrieron un comedor comunitario. “Hacía nueve años que no lo necesitábamos y ahora no damos abasto. Están yendo más de 100 niños y no van más porque no podemos contenerlos. Estamos tratando de asistir con alimentos a las madres más desamparadas y a los adultos mayores”, dijo Pablo.
La CTEP encabeza un reclamo clave para la época: que reconozcan como trabajadoras de la economía popular a las mujeres que trabajan en los comedores o merenderos, como Nora Quiñones, militante de Barrios de Pie: “Hablan de los pobres, de los chiquitos con mocos, de los deditos para afuera. Pero no hacen nada. Tiene que haber laburo digno. Si al que estudia no le dan trabajo, menos a nosotros. Los niños nuestros terminan yendo a los comedores, sino ¿dónde van a comer?”, dijo Nora al finalizar la marcha para que se declare la emergencia social.
Y agregó: “Tenemos un montón de pibes en las esquinas tomando droga, no hay laburo, cuando van a pedir trabajo y les dicen de qué barrio son, no les dan. Yo hice un censo en mi barrio, José Ignacio Díaz 3° Sección, y solo tres terminaron el secundario. ¿Cómo van a acceder a la facultad si vienen de colegios públicos donde no les enseñaron nada? Si no estás preparado y bien comido, ¿cómo vas a estudiar? No van porque tienen hambre y no tienen ni para el colectivo. Que los hagan estudiar y así no vamos a tener tantos negros de mierda”.
Feminización de la pobreza
En diciembre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el documento Panorama Laboral 2016 de América Latina y el Caribe que sintetiza la evolución económica de la región y analiza el impacto en los mercados de trabajo, así como los esperados para 2017. “El panorama laboral de la región empeoró: hay un aumento abrupto de la desocupación, está creciendo la informalidad y bajó la calidad del empleo medida por varios indicadores como el aumento del empleo por cuenta propia, la reducción del trabajo asalariado y la reducción de los salarios reales”, dice el documento de la OIT, además de anunciar la amenaza de retrocesos en logros sociales.
La desocupación regional durante los primeros nueve meses de 2016 aumentó tanto para hombres (+1,3pp) como para mujeres (+1,6pp). Pero el mayor incremento llevó a la tasa de desocupación femenina al borde de los dos dígitos (9,8 por ciento) por primera vez en una década.
En la ciudad de Córdoba, en los últimos años el aumento de la desocupación para las mujeres fue de un 3.32 por ciento más que para los varones, de acuerdo a un informe publicado por Open Data.
Rosa Cobo –profesora de Sociología en la Universidad de Coruña, en España– y Luisa Posada –profesora de Filosofía en la Universidad de Madrid– explican que si bien es cierto que hay un crecimiento en la incorporación de mujeres al mercado de trabajo global, también lo es que el proceso está dado bajo condiciones laborales precarias. “Las mujeres reúnen las condiciones que pide el nuevo mercado laboral: personas flexibles, con gran capacidad de adaptación, a las que se pueda despedir fácilmente, dispuestas a trabajar en horarios irregulares o parciales, a domicilio, etcétera. No sólo se está feminizando la pobreza, sino que se está feminizando la supervivencia”.
Cuando dicen “feminización de la pobreza” pretenden connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. Por eso creen que el feminismo debe apuntar a que las políticas públicas reduzcan las desigualdades económicas y debiliten las jerarquías de género. “La globalización, en su versión neoliberal, es un proceso que está agrandando la brecha que separa a los pobres de los ricos. Sin embargo, no se puede desconocer que las grandes perdedoras de esta nueva política económica son las mujeres. El patriarcado y el capitalismo son dos realidades sociales que socavan los derechos de las mujeres, al propiciar la redistribución de los recursos de forma asimétrica, es decir, en interés de los varones”.
El miércoles 30 de noviembre, cuando la Ley de Emergencia Social todavía no había sido reglamentada, dos mil personas marcharon por las calles de Córdoba bajo un sol persistente.
Sonia Alonso, de la CTEP, pedía que reconozcan a las trabajadoras comunitarias -mujeres que trabajan en comedores o merenderos- como trabajadoras de la economía popular. “Nosotras hacemos lo que los gobiernos no hacen: asistir a los niños que están en condiciones precarias. Ahora hay que reforzar la copa de leche porque para muchos es la única comida del día. A veces amasamos el pan, cuando podemos les damos facturas, y sino arroz con leche. Aunque cobres la Asignación Universal Por Hijo no te alcanza. No hay trabajo ni changas. En febrero empezamos con 10 niños y hoy van 60”. Sonia tiene el comedor infantil en el living de su casa en barrio Ampliación Matienzo. Es empleada doméstica dos días a la semana y al comedor le dedica cinco horas diarias. “Queremos una remuneración. Más allá de que lo hacemos de corazón, lo hacemos porque vemos la necesidad”, dijo Sonia.
Mercedes D’Alessandro presentó en diciembre el libro Economía Feminista, donde muestra cómo la igualdad es un asunto económico, porque la economía también es pensar cómo la sociedad se organiza para producir lo que necesita, cómo se distribuye el trabajo y cómo se reparten los excedentes. La desigualdad es la norma y, para la economista es, en gran medida, desigualdad de género.
“El trabajo precario sucede en gran parte de Latinoamérica. Para las mujeres es una solución, entre comillas, frente a una situación asimétrica en la distribución de las tareas hogareñas. El trabajo doméstico no remunerado –limpiar, cocinar, cuidar a hijos o ancianos del hogar– cae mayoritariamente sobre las mujeres, porque ellas realizan el 76 por ciento de estas tareas y tienen menos tiempo libre para formarse, estudiar, mejorar su vida laboral”, dijo la economista.
Y agregó: “Si sos empleada y te quieren ascender, pero tenés tres hijos chicos, quizá se te complica si no podés dejar a tus hijos con alguien, y eso es porque está naturalizado que somos las mujeres las que nos hacemos cargo de esas tareas. El Estado no brinda soluciones, al menos no de una manera masiva que nos permita contar con eso, y los varones no se han incorporado tanto a las tareas del hogar, así que la precarización resulta una solución para aquellas madres que necesitan una jornada más corta para compatibilizar con sus tareas del hogar o el cuidado de los hijos”.
Si a una jornada laboral de ocho horas, cada persona agrega cuatro o seis horas por las labores domésticas, aparece la pobreza de tiempo: queda poco para descansar o para tener un pasatiempo o estudiar y esta pobreza de tiempo se manifiesta como un empeoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, consideró D’Alessandro.
Para la economista Valeria Esquivel, también hay pobreza de tiempo: “Cuando trabajamos estamos intercambiando tiempo por dinero: es lo que conocemos como trabajo mercantil. Y hay otros empleos que también implican tiempo y esfuerzo pero no son mercantiles porque no son remunerados, como el trabajo doméstico y de cuidados. Suelen ser mujeres quienes están a cargo de estos trabajos que realizan en el hogar y para el hogar. Y se hace más en los hogares pobres”.
La economía popular es una realidad. Las organizaciones sociales que integran la CTEP hasta diciembre realizaban un censo que pretende construir un registro satelital de todos los barrios a los que generalmente no ingresan cuando hacen los censos a nivel nacional, por ser zonas marginadas y así poder determinar cuántos trabajadores de la economía popular hay en cada casa.
“Lxs trabajadorxs de la economía popular son sujetxs transformadorxs”, dijo Santiago Oliva, uno de los organizadores de la feria de barrio San Martín e integrante de CTEP. Y agregó: “Hay muchxs que dicen que la economía popular no debería existir. Pero es como el aborto, existe. Tenés que partir de que existe”.
*Por Florencia Gordillo para Energía +. Foto: Colectivo Manifiesto.
