“Nuestros pibes hoy no tienen derechos”
Este sábado se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte y desaparición del joven de 16 años, símbolo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones cometidas por el Estado en democracia. Vanesa Orieta, su hermana, sintetiza las principales consignas de la actividad: el “No a la baja” de la edad de imputabilidad, la construcción de una agenda propia y por qué hay que hablar de represión estatal y no de violencia institucional.
El sábado 31 de enero se cumplió el octavo aniversario de la muerte y desaparición de Luciano Arruga, el joven de 16 años que se ha convertido -a través de la organización y movilización de sus familiares y amigos- en símbolo contemporáneo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones a los derechos humanos en democracia por parte del Estado argentino. Como cada enero, este sábado se convocó a una marcha desde General Paz y Mosconi hasta la plaza que lleva su nombre, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.
En diálogo con lavaca, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, sintetiza la consigna principal de la jornada: “No es violencia institucional: es represión estatal. Por un lado pedimos saber toda la verdad sobre lo que ocurrió con Luciano: mantenemos la denuncia por su muerte y desaparición y la responsabilidad de la policía en este caso. Por otro lado, una de las cosas que plantearemos es no mezclar la represión estatal dentro de un gran marco de violencias institucionales que sufren los jóvenes a diario. Por eso nuestra consigna y es importante marcarla: desde el momento en que nacen, los niños, las niñas y los adolescentes sufren diferentes tipos de violencias. Pero también sabemos que hay una forma muy particular de violencia, bien planeada, desde los sectores de poder, que incluye a medios masivos de comunicación y funcionarios políticos y judiciales, que empezó hace mucho, instalando la idea del pibe peligroso, que son los pibes de nuestros barrios”.
La construcción de la impunidad
La movilización tuvo como destino la plaza Luciano Arruga, en el barrio 12 de Octubre. En ese barrio Luciano fue detenido ilegalmente y transportado en un patrullero hasta un destacamento que no podía retener personas, mucho menos un menor, a tan solo unas cuadras de su casa. Allí estuvo privado ilegalmente de su libertad desde las 11 hasta las 19 horas del 22 de septiembre de 2008, según dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Matanza que en mayo del 2015, cuando condenó por torturas a 10 años de prisión a Julio Diego Torales, el oficial principal a cargo de la dependencia policial que convalidó esa detención arbitraria.
La última vez que lo vieron con vida fue en ese mismo destacamento el 31 de enero de 2009.
Cinco años y ocho meses después la lucha de su familia -hábeas corpus mediante- logró encontrarlo. Se enfrentaron cara a cara con la ingeniería social de la impunidad: Luciano “cruzó” a las 3.21 de la madrugada del 31 de enero con ropa que no era de él por un lugar inaccesible de la General Paz “desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Fue atropellado, murió en el Hospital Santojanni -donde su familia fue a preguntar si había ingresado un joven y le respondieron que no-, lo derivaron al Cuerpo Médico Forense y fue enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. El circuito revela cuál fue la trama de encubrimiento de uno de los casos más resonantes de nuestra democracia. Las prendas nunca aparecieron, y un testigo declaró ante el Juzgado Federal de Morón (donde se tramita la causa) que vio desde la autopista una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas. Estaba sobre la colectora de la General Paz. “No fue un accidente”, resalta Vanesa.
En el medio, y a lo largo de todos estos años, una fiscal que derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada (Roxana Castelli), otra fiscal que pidió “pinchar” los teléfonos de la propia familia (Celia Cejas) y un juez que lo convalidó (Gustavo Banco). Sobre estos tres funcionarios pesa un pedido de jury político.
“Seguimos esperando que avance”, dice Vanesa.
La agenda basura
Vanesa Orieta sabe que esta actividad llega en un contexto en el cual desde el Gobierno se impulsa la baja de punibilidad de los 16 a los 14 años. El debate es promovido desde las corporaciones mediáticas, pese al fuerte rechazo de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Esa discusión será una de las consignas de la movilización. “Decir ´No a la baja´ tiene relación directa con la causa de Luciano: él se negó a salir a robar para la policía y se negó cuando tenía 16 años. Todo eso repercutió en su vida de tal manera que terminó en detenciones y su posterior desaparición. La sociedad tiene bien claro dónde está el delito concentrado. Saben que no lo manejan chiquilines de 14 o 16 años. El tema es que sería conmocionar a la sociedad decir que esos negocios son controlados por las fuerzas policiales, es decir, los que deberían generar la seguridad”.
Vanesa habla de pelear la agenda mediática.
“Siempre estamos corriendo atrás para tratar de explicar que lo que los medios intentan instalar no es más que una mentira y que la realidad es pensar profundamente cuáles son las situaciones que sufren nuestros jóvenes con anterioridad a un episodio violento, cuyo porcentaje es ínfimo. Desde hace tiempo en nuestras actividades proponemos un lazo bien fuerte entre familiares en lucha y medios comunitarios. Ahí tenemos que empezar a creernos todos el rol que ocupamos, y también la capacidad y la fuerza que tiene nuestra palabra. Nosotros no hablamos de odio, no balbuceamos palabras sin sentido. Somos responsables y nuestro mensaje tiene que ver con defender la vida. Ante eso me parece que hay que dejar de correr detrás de la agenda basura que proponen los medios comerciales, distinguir los objetivos que queremos cumplir y, en función de eso, generar nuestra propia agenda comunicacional”.
Las palabras y las cosas
Vanesa aclara que la alianza Cambiemos no es el primer gobierno que intenta instalar este debate. “Es un círculo que conocemos: después viene la criminalización de los barrios, el control por parte de diversas fuerzas policiales y el aumento de casos de gatillo fácil y de pobres encerrados en todo el país. Hoy tenemos decenas de miles de pobres encerrados, más de 5 mil casos de gatillo fácil y más de 200 desapariciones forzadas. Estas cifras son las que hablan de un plan estratégico. Hoy es este sector, pero mañana va a comenzar a atacar a otros. Ya estamos viendo que ocurre. Puede ser de forma indirecta o directa, como cuando reprimen a trabajadores por defender sus fuentes de trabajo. Pero la represión está instalada”.
Por eso, subraya Vanesa, hay que hablar con otras palabras.
“Me molesta la suavización de los términos. No es lo mismo hablar de violencia institucional y que todo quede en una misma bolsa de diferentes violencias, que hablar de represión estatal. Tampoco es lo mismo en causas judiciales. Porque cuando decís represión estatal, cuando hablás de gatillo fácil y desaparición forzada, hablás de responsabilidades, no sólo materiales, sino también políticas y judiciales. Entonces nos perdemos el foco del asunto, nos perdemos la gravedad de denunciar la represión estatal y la empezamos a mezclar en un combo de violencias, que también hay que denunciarlas. Pero hay que entender que nuestros pibes hoy no tienen derechos. Y si estamos hablando de que los pibes no comen ni acceden a la educación, que es un derecho fundamental que consta en la Constitución, tenemos que ver qué forma de responsabilidad le cabe a cada uno de los gobiernos. Nadie piensa en llevar al banquillo a los funcionarios porque los pibes no comen”.
Avanzar con los pies
¿Cómo está hoy la causa que investiga la desaparición y muerte de Luciano? Responde Vanesa: “La causa está en proceso de instrucción. No hay ningún procesado, y tiene el mismo curso que tienen todas las causas donde se responsabilizan a las fuerzas de seguridad. La realidad es que uno no tiene claridad para saber dónde va dirigida. Uno le pone la fuerza que tiene, pero estos procesos son muy lentos y tortuosos. Necesitamos que no se siga pensando siempre que sea la familia o los amigos los que tengan siempre que declarar, hay que empezar a jugarse más en la investigación judicial. Pedir la presencia de quien era intendente de La Matanza en ese momento, Fernando Espinoza, y que cuente cómo se inauguró el destacamento, qué control había. Lo mismo con Daniel Scioli, entonces gobernador de la provincia. Para mantener una desaparición existen responsabilidades de diversas instituciones del Estado. Sí: hay responsables materiales. Son los policías, y hay que investigar su accionar esa madrugada, cómo llega Luciano a la colectora de la General Paz, con qué métodos lo obligan a cruzar por ese lugar para que pierda la vida, pero siempre estamos ubicando los mismos sujetos y no nos corremos de ahí. Hay un montón de accionares, como los del Hospital Santojanni, la morgue; es una causa muy compleja que requiere de un análisis en términos de cómo se logra la desaparición forzada de una persona. Y ahí hay una clara metodología: la policía ha visto la posibilidad de que ese cuerpo tenga un recorrido sin ninguna alarma y pueda quedar bien definida la desaparición. Eso nos desgasta. Esto es la impunidad, lo que mantiene las desapariciones forzadas, las injusticias. Y marchar tiene que ver con todo esto. Es decir: ‘Ustedes sigan generando la impunidad, nosotros seguimos avanzando en nuestra organización y lucha´”.
Fuente: La Vaca. Foto de portada: Colectivo Manifiesto. Fotos: Emergente.
