A diez años de la Pueblada de Corral de Bustos
La semana pasada se cumplieron diez años del asesinato de la niña Ariana Sabache. Es mucho más tiempo del que ella recorrió en esta vida, pues tenía tan sólo tres añitos cuando la pareja de su madre la golpeó brutalmente hasta matarla. Indignación que se transformó en un desgarrador grito popular que pedía justicia.
Las primeras informaciones hablaron de violación, de un hogar inseguro y de reclamos realizados por vecinos y familiares para que la niña fuera sacada de un entorno peligroso. El diario Página/12, en su edición del 5 de diciembre de 2006, dijo que los médicos del Hospital Regional de Corral de Bustos denunciaron que antes del asesinato hubo abuso sexual con acceso carnal. El Estado había sido sordo ante los reclamos para proteger su integridad. Luego, en el juicio, vinieron sesudas razones, explicaciones vacías e impotentes para revertir el sufrimiento y la muerte de esa inocente de tan corta edad.
Algún policía que intervino en el caso dijo que era muy difícil sacarse de la mente la imagen de aquel cuerpecito golpeado. Pequeña humanidad agredida, símbolo de una niñez descuidada. Pero el hecho no debe recordarse como dado en un vacío social, por el contrario debe recordarse que la comunidad de Corral de Bustos Ifflinger venía sufriendo los golpes de complejas problemáticas sociales, en medio de un deficiente servicio de justicia.
El 4 de diciembre de 2006, en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, dos mil personas se juntaron a esperar el cortejo fúnebre de la niña asesinada por la violencia machista. Dolor, angustia, desazón e indignación se amalgamaron en un desgarrador grito popular que pedía justicia. A pesar que entonces ya había personas detenidas, el saber popular entendía que todo podía quedar en la nada, por eso pretendían hablar con quien ejercía como juez, el abogado Jorge Farías, quien primero puso distancia excusándose en la frasecita de que los jueces sólo hablan por sus sentencias. Los vecinos insistieron y aceptó dialogar con una pequeña delegación. Tanto esta autoridad como el entonces fiscal Raúl Moll (luego destituido), no gozaban de gran prestigio en esa comunidad, ya sea por los numerosos crímenes sin esclarecer como por el avance del flagelo del tráfico de droga en el lugar. Esas autoridades no mostraron mucha decisión para aportar a la solución de esos temas.
Aquel caluroso mediodía de diciembre, cerca del 20% de la localidad reclamó justicia, querían que no existiera más impunidad para nadie. Golpeando las manos en la calle Santa Fe, la misma de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y también de la sede de los tribunales provinciales, los ánimos fueron caldeándose y todos terminaron frente al edificio judicial. En ese momento, en ese punto geográfico del país, se materializaron los reclamos que la justicia venía (y continúa) recibiendo de parte de la población. La respuesta no estuvo a la altura de la circunstancias, poco a poco todo se fue desmadrando y, con la participación de algunos “pícaros”, la sede judicial terminó incendiada.
El sistema judicial sintió que fue tocado en su propia casa. El mismo sistema que incluye a jueces que se creen en una categoría diferente, que consideran justo no pagar impuestos, que mantienen resabios de una cultura que pone distancia con quienes no pertenecen a la familia judicial. Pero, honor obliga, sistema que también cuenta con trabajadores íntegros. Esa justicia reaccionó con la organización de una causa judicial en contra de los vecinos del lugar. El fiscal que instruyó la misma llegó a hablar que podría detener a doscientas personas. No demoró mucho en iniciar la privaciones de la libertad.
Recuerdo que estando en mi casa escuché, en una radio capitalina, alguien que se solidarizaba con los periodistas presos por el incendio de tribunales de Corral de Bustos detenidos en la cárcel de Barrio Belgrano en Villa María. En calidad de Secretario de Derechos Humanos de la CTA Regional Villa María consulté con Camilo Rodríguez, entonces secretario general de esta organización. Llamamos a la filial Villa María del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN-CTA) y Rosana Calneggia, luego de las averiguaciones pertinentes, nos confirmó que los detenidos no eran periodistas afiliados a nuestras organizaciones. Igual rápidamente armamos una visita a la cárcel, donde concurrimos junto a Patricia Gatti.
Aquel 28 de diciembre de 2006 no pudimos hablar con los presos, así quedó testimoniado en la página 54 de El Diario, donde también se reprodujo la solidaridad del CISPREN mediante un comunicado de Alexis Oliva y Guido Dreizik, secretario de prensa y general respectivamente.
En otra calurosa jornada de ese diciembre regresamos a la cárcel de barrio Belgrano. Ese fue nuestro primer contacto con los vecinos de Corral de Bustos. Fue la punta del hilo que nos condujo por un camino de la solidaridad de un pueblo generoso que a pesar de sufrir terribles situaciones supieron ser solidarios para pedir que a sus convecinos se les respetara el derecho de esperar el juicio en libertad y a la vez se buscara la verdad de lo que pasó.
Se realizaron marchas de hasta dos mil personas; caravanas de automóviles que llegaron hasta la puerta del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia; pegatinas de afiches; gestiones ante decenas de organismos; asambleas en diferentes lugares y tantas actividades más, todas reclamando por los derechos de los corralenses. La justicia de Córdoba, que llegó a detener a más de 40 vecinos, se negó a que la causa pasara al fuero federal y desarrolló un juicio amañado que terminó en algunas condenas.
En medio de ese proceso se dieron cuestiones indefendibles como la prisión de personas que ni siquiera estaban en la localidad el día del incendio; acusaciones de tortura en sede policial ante la presencia de agentes de la justicia; hostigamiento de familiares y tantas situaciones irregulares como puedan ocurrírsenos. A pesar de los esfuerzos del aparato judicial los vecinos de Corral de Bustos Ifflinger nunca dejaron de ser vistos como seres indignados ante la falta de justicia. La solidaridad con ellos llegó de diferentes lugares, prefiero no caer en el olvido de alguno de los cientos de nombres que debería citar porque el real protagonista fue el pueblo que defendió a su gente.
Ese pueblo que fue expresándose mediante la suma de organizaciones e individuos que aportaron a que se respetara el derecho a esperar el juicio en libertad que tenían los vecinos que participaron de la pueblada. Hoy, luego de las condenas para algunos y el cumplimiento de tiempo en la cárcel, nadie queda detrás de las rejas por esta causa.
Pero también nos queda la lección de la solidaridad popular que de no haber salido a la calle no sólo hubiera habido muchos más vecinos detenidos sino que las condenas habrían sido más injustas. Quienes quedaron en deuda son aquellas instancias institucionales que debían buscar la verdad y hacer justicia a partir de la misma.
*Por Jesús Chirino para Prensa Red
Secretario General de la Unión de Trabajadores de los Estados Municipales (UTEM-CTA) de Villa María, Córdoba. Agencia Acta
