Presupuesto 2017: el recorte de los derechos humanos
El Gobierno planea reducir $110 millones del presupuesto destinado a esa área. El secretario Avruj llama “reacomodamiento y reasignación de recursos” a despidos y ataque a programas.
En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 elaborado por el Gobierno de Mauricio Macri, actualmente en debate en el Congreso Nacional, se prevé una quita del 15%, que implica $110 millones menos, para la Secretaría de Derechos Humanos.
Según el presupuesto que se debatirá en Diputados, la secretaría dirigida por Claudio Avruj recibirá una partida de $ 607.542.535 durante 2017, $110 millones menos que lo que recibió en 2016 sin contar el impacto producido por la inflación.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de “intencional” la reducción del 15% del presupuesto destinado a la Secretaría de Derechos Humanos.
Por su parte, el secretario Avruj dijo que “hay un reacomodamiento y una reasignación de recursos pero no hay recortes ni cierres de programas” y atribuyó las denuncias de una reducción de fondos a una “versión tendenciosa totalmente alejada de la realidad”.
Los reacomodamientos de los que habla Avruj tienen que ver con despidos de especialistas en la materia, en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y en el Programa Verdad y Justicia.
El pez por su boca…
El Gobierno de Cambiemos viene dejando en evidencia su posición respecto a los derechos humanos a través de casi todos sus funcionarios y hasta del propio Presidente.
Hace pocos meses el sitio estadounidense BUZZFedd lo entrevistó y el primer mandatario, sin ponerse colorado, declaró que “no tenía idea” sobre el número de desaparecidos que hubo en Argentina durante la dictadura. Al ser consultado por la periodista sobre la cifra, respondió: “Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”.
Pero Macri no quedó ahí. Agregó que “el Gobierno tiene un secretario de Recursos (sic) Humanos, que está permanentemente para que se respeten los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro, pero lo que quiero establecer con claridad es que no puedo interferir”. Más claro echale agua, dice el dicho.
El recorte a la lucha contra la impunidad
Las consecuencias son muy graves sobre todo para víctimas del genocidio, familiares y también para los trabajadores de las distintas dependencias que están bajo la órbita de esa Secretaría. Por eso organismos de derechos humanos ya está
n denunciando esta situación.
Al respecto, María Victoria Moyano, nieta restituída e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) manifestó que “las consecuencias de esta quita de recursos es que se reducirá en casi un 50 % lo destinado al programa que aseguraba a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellar en causas y juicios. Por esto creo que este recorte es también un intento por dificultar la lucha contra la impunidad”.
También se dejará de transferir dinero a los municipios y las provincias para la señalización de ex centros clandestinos de detención, como sitios de la memoria. Tampoco recibirán recursos universidades nacionales u organismos internacionales cuyos objetivos eran la financiación de carreras de grado y de posgrado vinculadas con los derechos humanos.
El presupuesto, de ser aprobado, implicaría que sólo un 25 % del mismo pueda ser utilizado para las tareas propias de la Secretaría de Derechos Humanos. El resto será destinado a cumplir con las leyes reparatorias (un 46 %) y al pago de salarios (un 29%). Otro de los afectados es el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (Iunma).
La fortuna de los Macri creció con la patria contratista y la estatización de la deuda
El grupo Macri fue uno de los grandes beneficiados por la patria contratista y la estatización de la deuda llevada adelante por Cavallo en 1982, entonces presidente del Banco Central de la dictadura cívico-militar.
Como ya se publicó en La Izquierda Diario, entre1973 y 1976 Franco Macri presentó en sociedad, con bombos y platillos, al holding Socma, que sería un gran beneficiario de importantes licitaciones durante la dictadura, entre ellas la represa Yaciretá, la construcción del puente Misiones-Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo y la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires (Manliba)s.
Durante esa época compró Fiat, operación que terminó siendo un acuerdo para llevar adelante el cierre de plantas y despidos.
Como si eso fuera poco, en 1982 el clan Macri fue beneficiado con ta estatización de la deuda decretada por Domingo Cavallo que en ese momento estaba a cargo del Banco Central. El mecanismo incluía, además de la trasformación en deuda pública de sectores privados, la generación de un sistema utilizado por los empresarios para fraguar autopréstamos.
La estatización de la deuda del grupo fue por U$S 170 millones. En 1973 el clan Macri era propietario de siete empresas. Finalizada la dictadura esa suma ascendía a 47.
Consecuentes con su clase
Desde que asumió el Gobierno de Macri todas las medidas que tomó beneficiaron en forma directa a los grandes grupos económicos y afectaron las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo trabajador, la salud, la educación, los programas de atención para víctimas de violencia de género, entre tantos otros.
Pero también está intentando “recortar” las terribles consecuencias del genocidio, relativizando las cifras de personas desaparecidas, haciendo declaraciones que evidencian a qué clase representa y defiende.
El dato es contundente: en lo que va del año ya son más de 50 genocidas los que obtuvieron prisión domiciliaria y se acentuó la paralización de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto muestra también con quien consecuente la “justicia”.
La lucha contra la impunidad, por la cárcel común y efectiva para todos los genocidas, es una tarea indispensable, no sólo de las víctimas, sobrevivientes y los organismos de derechos humanos si no también de todo el pueblo trabajador.
*Por Andrea López para La Izquierda Diario
