«Hoy la única respuesta es la internación y debería ser la última opción»
Córdoba marchó por el Derecho a la Salud Mental bajo la consigna «La salud mental se planta, que broten nuestros derechos». Por primera vez, la movilización se expandió al resto del país. Retrocesos y cambio de enfoque del Gobierno Nacional.
Desde las 18 de este viernes se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba la 3era Marcha por el Derecho a la Salud Mental. La movilización partió desde Colón y Cañada hasta la ex Plaza Vélez Sársfield, donde hubo un festival musical protagonizado por bandas de usuarios de servicios de salud mental.
Profesionales, usuarios del sistema de salud, agrupaciones estudiantiles, asociaciones civiles y organizaciones sociales convocaron a movilizarse para reivindicar y problematizar la situación de la Salud Mental en nuestra provincia.
Este año la marcha se nacionalizó y ya no sólo se realiza en la ciudad de Córdoba sino que se llevó a cabo en 22 puntos de todo el país.
Tras seis años de la sanción de la Ley de Salud Mental Nacional (26.657) y la Ley Provincial (9.848), lejos de avanzar hacia la promoción del derecho a la salud mental, hasta ahora las políticas y programas llevados adelante por el Gobierno Provincial no se condicen con los enormes desafíos que implica una transformación estructural del sistema de salud, que permita garantizar el derecho a la salud mental para todos/as los cordobeses.
«Es necesario avanzar en la abolición de los manicomios y para ello es necesario crear toda una red de dispositivos, de atención en centros de día, centros de noche, casas de medio camino, para efectivamente lograr que las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos puedan desarrollar sus vidas en comunidad. Eso es lo que plantean las leyes», indicó Jaschele Burijovich, trabajadora del Hospital Neuropsiquiátrico e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba.
La especialista no dudó en afirmar que el derecho a la salud mental, como indivisible, debe ser garantizado de manera integral por el Estado en su conjunto.
«Hoy la única respuesta es la internación y debería ser la última opción. Necesitamos diversificar las respuestas del Estado de acuerdo a cada padecimiento», declaró a medios locales.
Retrocesos del nuevo gobierno
A través de la derogación de la Resolución 1.484 de la Ley Nacional de Salud Mental, el Gobierno Nacional puso en jaque el avance hacia un paradigma de derechos humanos y el fin de las lógicas de encierro y marginación instauradas en los manicomios.
La resolución prohibía en todo el país la “creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”, y ordenaba que “los existentes se adapten a sus objetivos y principios, hasta su sustitución definitiva”. Asimismo, establecía que las instituciones vigentes tendrían “un plazo máximo de trescientos sesenta días para adecuar y ajustar su estructura y funcionamiento integral”.
La iniciativa de la actual gestión del Ministerio de Salud de la Nación representa un golpe a un carácter esencial de la Ley de Salud Mental.
“El tema conflictivo con los monovalentes, es decir, con los llamados manicomios, es que han actuado como depósitos de personas (…) Esta iniciativa da paso a que el modelo vuelva a ser justamente aquello que la Ley erradica, que es la internación como un recurso a instrumentar», comentó la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, Edith Pérez.
Además, los organizadores de la Marcha de Salud Mental sostienen que el accionar del Macrismo es en connivencia con sectores corporativos médico-psiquiátricos que defienden intereses vinculados a la industria farmacéutica y redes sanatoriales.
