Violencia legitimada
Mauricio Macri y el Estado Policial que se viene construyendo desde hace décadas. La impunidad brindada por un poder judicial, que en sus convicciones políticas basa sus sentencias, dejando libre a asesinos, y arrestando a niños de 8 años.
El panorama reciente
Ya sabemos las palabras del presidente Mauricio Macri sobre el asesinato ocurrido en el partido bonaerense de Zamora, por parte del carnicero. Ya sabemos que en Córdoba, según un informe realizado por la UNC, el 60% de las muertes provocadas por las fuerzas de seguridad son en el marco de lo que el informe categoriza como ejecuciones extrajudiciales: «Se reconocerá conceptualmente como una ejecución extrajudicial cuando se consume la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga» (Humberto Henderson, 2006).
Particularmente, se considerarán ejecuciones extrajudiciales a aquellas privaciones de la vida cometidas por agentes pertenecientes a los cuerpos de Seguridad del Estado, estando o no en ejercicio de su cargo. Esta definición abarca incluso aquellos casos en que la intencionalidad de matar no sea manifiesta pero que finalmente ocasionen la muerte de la persona en cuestión. En resumen, se entenderá que cualquier proceder arbitrario de los cuerpos de seguridad del Estado con consecuencia muerte, constituye una ejecución extrajudicial.
Sabemos, que a pesar de las decenas de cadenas perpetuas existentes en contra de los genocidas como Luciano Benjamín Menéndez, gozan del beneficio de una prisión domiciliaria.
El 4 de octubre el periodista Ari Lijalad escribía en su cuenta de Twitter: «Callao y Corrientes, recién: 6 policías se llevaron a un pibe por pedir pan en una panadería. Pan pedía. ¿su «delito»? No tenía documento». Durante el hecho, donde el periodista fue testigo, los oficiales lo llevaron detenido gritando: «Vos decís aguante Cristina, yo digo aguante Macri». Detalló en la red social.
El mismo día, Luciana Rosende, escribe para el medio Política Argentina una nota que estremece. En ella, relata cómo se detiene a un niño de 8 años: «Él preguntaba si lo iban a llevar con la mamá y la jueza ordenó secuestrarle las zapatillas, las únicas que tenía”. Fue acusado de robarle a otro chico en un pelotero, trasladado en un patrullero y retenido cuatro horas. Y no fue el único caso: en junio, se denunció penalmente a un nene de 9. “Lamentablemente es bastante común: en el último mes, de 13 años para abajo tuve 14 chicos en la Ciudad”, advirtió el defensor público.
Tenemos, como destaca Rosende, una madre que denuncia, que exige que las fuerzas de seguridad detengan a un niño de 8 años. Tenemos una empresa que realiza la llamada, oficiales que realizan la detención, y una jueza que resuelve secuestrarle las zapatillas. El niño es de barrio Fuerte Apache y esto parece ser suficiente para esa madre, para la empresa, para los oficiales, para la jueza.
El niño de 8 años estaba sólo, y (insisto con la edad, porque parece que nadie sabe que existe una Convención Internacional de los Derechos del Niño) pasó de jugar en un pelotero en Liniers, a terminar en una celda. Con toda la violencia que esto conlleva.
Ayer también se dio a conocer en los medios el caso de un joven en Alta Gracia, Córdoba, que por estar en un estado de ebriedad fue brutalmente golpeado y torturado por oficiales de la Policía y privado ilegítimamente de su libertad durante tres días, totalmente incomunicado.
Hace poco, se supo de la denuncia que realizó un joven militante de La Garganta Poderosa, que fue torturado por la policía y que luego de hacerlo, fue perseguido por un miembro de las fuerzas de seguridad (Prefectura) que a los gritos lo corría y lo perseguía a punta de pistola amenazándolo de muerte.
Tenemos cientos de casos de gatillo fácil en todo el país (y el panorama en América Látina no es más esperanzador). Aquellas causas, que han llegado a la Justicia están siendo cajoneadas, no llegan a juicio, y si llegan su realización en tales instancias procesales, son prácticamente luego de una eternidad.
En Córdoba, uno de los casos que viene resonando es el de Brian Guaiman. Un joven de 16 años que fue fusilado por la espalda mientras corría por su vida, y atajaba (literalmente) las balas con sus manos, protegiéndose con ellas, como si pudieran éstas contener el plomo. El ex comisario, Julio Roberto Pereyra fue sobreseído en marzo porque para la fiscal Liliana Copello y para los jueces de la Cámara que rechazaron la apelación hubo legítima defensa (art 34 del Código Penal). A pesar de que la autopsia revela todo lo contrario. Los jueces ignoran, desprecian absolutamente este elemento probatorio y sólo argumentan su decisión remitiéndose a lo resuelto por la fiscal y aduciendo que el razonamiento de la misma es «perfecto».
La cadena represiva no comienza (ni termina) sólo, ni desde, las fuerzas de seguridad.
Este nivel, esta complicidad, estas convicciones estamos teniendo como sociedad.
Desde una madre que denuncia a un niño de 8 años, un carnicero que atropella a un ladrón y lo patea gritándole que va a matarlo, hasta jueces que parecen entender que hay «perfección» en una decisión que no toma en cuenta jamás un elemento probatorio como una autopsia; un Presidente que le dice al Poder Judicial qué hacer y establece pública y abiertamente que un imputado por asesinato debe estar libre porque es alguien «sano», como si él tuviera los elementos para asegurarlo y la convicción de intervenir en las decisiones de la Justicia; tenemos jueces obedientes que siguen una línea política que no respeta las garantías constitucionales, ni los derechos fundamentales.
Tenemos militantes perseguidos, tenemos al pobre totalmente criminalizado, un joven privado ilegítimamente de su libertad, torturado e incomunicado por tres días; tenemos a los narcos impunemente amenazando y asesinado a un cura en Tucumán; tenemos a múltiples asesinos, torturadores y genocidas cómodos en sus casas, luego de tener varias cadenas perpetuas, y un niño de 8 años detenido en una celda durante horas.
A este nivel de impunidad, de violencia social y política estamos llegando.
Mi miedo, mi dolor, mi rabia, me preguntan: ¿hasta cuándo toleraremos este daño irreversible? ¿Hasta cuándo dejaremos que la muerte y la violencia legitimada nos pasen por encima, pisen toda «democracia», toda vida, toda juventud, toda niñez, toda militancia?
(*) Por Victoria Siloff, del Encuentro de Organizacioes, para La Tinta / Foto: Colectivo Manifiesto
