Aborto voluntario: la gran deuda de la democracia
El 28 de septiembre es el día latinoamericano y caribeño de lucha por la despenalización y legalización del aborto. Día que refleja años de lucha, que nos recuerda una y otra vez que este reclamo aún es una deuda de la democracia. Hoy el grito de “Ni muertas, ni presas. Vivas y libres nos queremos” se escucha más fuerte.
Nuestra sociedad no tolera que las mujeres transgredamos el rol designado de la reproducción. Le irrita más esa rebeldía sobre lo esperado que las muertes, criminalización y sufrimientos sufridos por abortos. Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo; por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto peligroso. Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes de mujeres gestantes en la región latinoamericana y caribeña y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.
Hace más de 11 años, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito viene luchando por lograr la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Varias veces presentó el proyecto de ley que todavía sigue sin ser debatido en el Congreso de la Nación. En julio pasado la Campaña presentó el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por sexta vez ante el Congreso de la Nación, el cual fue elaborado por una comisión de expertas que tomaron aportes, que se discutieron en foros organizados en todo el país durante el año 2015.
Los y las congresistas tienen la obligación de tratar esta propuesta que nunca pasó del debate en comisiones. Sin embargo, la convicción sigue intacta fortalecida por más de 400 organizaciones, el apoyo de sindicatos, espacios sociales, de derechos humanos, universidades nacionales y partidos políticos.
Permanentemente, se criminalizan las decisiones autónomas de las mujeres, violentándonos una y otra vez por el estado, por los medios de comunicación, encarceñandonos por la denuncia de integrantes de equipos de salud, violando el secreto profesional. Secreto que es obligación de los y las profesionales de la salud, que se traduce en el derecho a la Confidencialidad dentro de la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Criminalizaciones como con Juana en Salta, Belén en Tucumán, Yamila en Rosario, Carla en Pilar y muchas otras más. Todas mujeres pobres, ¿casualidad?.
Para Analía Aucía, docente y Directora del Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario: “las mujeres que pueden pagar un servicio privado -para realizarse un aborto- lo hacen por ese circuito y tienen los resguardos de ese circuito protegido de salud. Esas prácticas dejan muchas sumas de dinero a profesionales que lo practican en el ámbito privado”, y agrega “el aborto está solo penalizado en Argentina para las mujeres pobres.
Las mujeres que recurren a los servicios públicos de salud alegando algunas de las causales que están permitidas en el Código Penal se encuentran con una diversidad de respuestas según el profesional que le toque. Es una cuestión de suerte. Y la salud y los derechos no pueden ser una cuestión de suerte porque están regulados y las leyes están para cumplirlas.” A esto debemos agregarle que al no ser una política de estado queda a criterio de quien nos atiende, cumplir o no con la ley.
Estamos ante una violencia invisible y coercitiva que prohíbe nuestra autonomía y derecho a decidir y que pone en riesgo la salud integral: física, psíquica o social de nosotras; es así que las redes tejidas entre mujeres, feministas, Socorristas en Red (durante el 2015 acompañaron a 2894 mujeres a abortar), la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (integrada actualmente por 580 profesionales de todo el país), Docentes por el Derecho al Aborto, son los mecanismos que actualmente brindan información segura a lo largo y ancho del país, ayudando a derribar mitos.
Desde la Campaña se exige aplicar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas del país, la cual contribuiría a la conformación de nuevas subjetividades y a relaciones no jerárquicas ni discriminatorias entre las personas. También demanda la efectiva aplicación del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación, y en consonancia con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la conformación de Consejerías pre y pos aborto, la capacitación a efectorxs de salud y la producción y acceso al misoprostol y mifrepristona. Asimismo, continúa exigiendo el tratamiento inmediato en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ni presas ni muertas! Vivas y libres nos queremos!
(*) Fotografía Colectivo Manifiesto.
