El aparato represor y los medios paraestatales de «hacer justicia»
En los últimos seis años hubo 77 casos de personas asesinadas por el “uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba”. Un Estado Policial que no sólo está habitado por policías.
El informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) discrimina distintas categorías de situaciones en el marco de las cuales, se dieron estas muertes entre el año 2011 y abril de 2016: ejecuciones extrajudiciales, muertes en situación de encierro, negligencia funcional, uso de la fuerza en situación interpersonal y desaparición.
Por Rodrigo y Julián
A casi un mes, de la última marcha contra el gatillo fácil y la represión policial, la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo fácil de Córdoba, vuelve a convocar a tomar las calles. Esta vez, el lugar será Tribunales II, sobre las calles Corro y Fructuoso Rivera, el día lunes 19 de septiembre a las 9:00. La fecha no es caprichosa, sino, que responde al aniversario de los asesinatos de dos jóvenes cordobeses; Rodrigo Sánchez y Julián Alvez.
El 19 de septiembre de 2015, acercándose el día a su final, Rodrigo Sánchez (17) fue fusilado por Lucas Carranza, un efectivo de la Policía de la Provincia de Córdoba, que hacía poco tiempo ingresaba a la fuerza. Rodrigo, según la versión oficial, acababa de robar una cartera y escapaba intentando subir a una moto donde lo esperaba su amigo. Pero Rodrigo nunca va a poder defenderse de esta acusación.
El oficial estaba de civil, venía de hacer compras en un supermercado, portaba su arma y según fuentes allegadas al expediente, se reveló en estudios de sangre realizados al oficial que estaba intoxicado con cocaína. Rodrigo estaba desarmado y de espaldas a él. Carranza disparó desde una corta distancia cinco veces, una bala impactó directo a la cabeza y otra en la nuca. Estando Rodrigo en el suelo y agonizando, Carranza intentó esposarlo.
Hoy el joven uniformado está imputado pero en plena libertad. Los primeros meses gozó de licencia cobrando su sueldo y sigue siendo miembro de las fuerzas de seguridad de la Provincia. La causa no avanza favorablemente para la querella.
Ese mismo día, a las 3 a.m. aproximadamente, Julián Gonzalo Álvez (20), fue encontrado muerto. Fue brutalmente golpeado –tenía fracturada su nariz- y asesinado en su propia casa por una patota de cuatro policías. La versión oficial cuenta que los uniformados estaban realizando un operativo de persecución contra Julián, quien “escapando” de la policía, fue a su casa y una vez dentro se quitó la vida. Pero resulta que el joven vivía en una pensión, muchos vecinos y vecinas escucharon sus gritos pidiendo por favor que no lo maten, se escucharon dos disparos, y la voz de Julián seguía gritando. Hubo un tercer disparo y ya Julián no hablo más, uno de esos cuatro oficiales le disparó en la cabeza. Pero según la justicia, fue un suicidio. A un año, esos oficiales siguen libres y en funciones, caminando las mismas veredas que vos y que yo. Esas que ya no camina Julián.
Ni una bala más
La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil viene luchando desde hace ya tiempo por todos los casos de gatillo fácil y represión policial que se dan no sólo en Córdoba sino en el país.
Existen varios casos que marcan la similitud y lo sistemático en el accionar policial, como el de Brian Guaiman (16) que el día 2 de mayo de 2015 fue asesinado a cuadras de su casa. También lo fusilaron de espaldas. El asesino, es Julio Roberto Pereyra un comisario retirado de la fuerza que lo ejecutó con cuatro disparos certeros. En ese momento Pereyra estaba ya retirado y de civil. Brian estaba desarmado y corriendo por su vida, el ex comisario disparaba impunemente.
La causa está a punto de llegar al sobreseimiento ya que el Juzgado de Control N° 5 a cargo del juez Carlos Rubén Lescano estableció el cierre de la causa. Pero la querella apeló para que esto no suceda. La familia espera aún una respuesta favorable desde el Poder Judicial. Mientras tanto, el imputado permanece libre.
Lautaro Torres (16) es otro de estos casos de gatillo fácil, fue asesinado el 13/04/14. También de espaldas y estando desarmado. Lo ejecutó la oficial instructora de tiro Eliana Soledad Rinaudo, quien estaba de civil. La agente sabía muy bien a dónde tiraba. Lo fusiló con cuatro disparos y una vez que Lautaro yacía en el suelo, lo redujo esposándolo. La ambulancia nunca llegó. Los oficiales lo cubrieron con una campera tapándole el rostro cuando el joven aún respiraba. Un familiar se acercó y advirtió que Lautaro estaba todavía con vida y recién ahí lo subieron a la caja de la camioneta de la Policía. Pero el joven no sobrevivió las intervenciones y falleció en el hospital a las pocas horas.
Esa misma noche, la Policía de Córdoba llevó presas a su madre y su hermana. ¿Se puede concebir algo más perverso? Sí, la Justicia no aclara los hechos. La causa no avanza y actualmente no tiene fiscal designado. La oficial Rinaudo sigue libre y permanece como miembro de la Policía.
Otro caso que la Justicia no resuelve es el de Ezequiel Barraza (22). El 24 de marzo de 2014 fue fusilado por el oficial Pablo Álvarez quien estaba de civil en un auto junto con su novia. Portaba un arma reglamentaria y la utilizó argumentando un intento de robo y legítima defensa. Los hechos demuestran que Ezequiel no estaba armado y que en su cuerpo había múltiples heridas de bala. La autopsia desmiente la versión oficial que hablaba de un sólo disparo efectuado sobre Barraza y confirma que Ezequiel recibió cuatro balazos: en su espalda, pecho y glúteos. Aún así el fiscal Pedro Caballero el año pasado decidió sobreseer al imputado. Hoy la causa está en manos de la Fiscalía General, como resultado de una apelación realizada por la querella.
Uno de los pocos casos de gatillo fácil que ha logrado su elevación a juicio es el del joven Nicolás Nadal (16), quien fue fusilado en 2013 por dos oficiales de la Policía: el sargento ayudante Juan Carlos Has y el cabo Rubén Ezequiel Quinteros, imputados por homicidio con exceso en el ejercicio legítimo de un cargo. Nicolás esa noche había salido a bailar con sus amigos, pero a modo de hazaña o juego sustrajeron un taxi. La Policía logró interceptarlos, se dio una persecución mediando disparos. El taxi tenía 15 impactos de bala. Nicolás fue herido por la espalda pero también presentaba heridas de frente. La versión oficial estableció que los jóvenes iban armados y que hubo intercambio de disparos, pero en la investigación se logró demostrar que los uniformados quisieron plantar armas y que los jóvenes estaban desarmados.
Estamos condenándonos todos y todas a muerte porque sólo basta ser el “juez” o el “delincuente” para ser asesino o asesinado.
Aunque la causa, ha sido elevada a juicio, la defensa de los imputados apeló y la querella sigue esperando una resolución. Mientras tanto, los oficiales siguen libres y la familia Nadal, sobretodo su hermano Brian (quien fue testigo presencial del hecho) sufren amenazas por parte de miembros de la fuerza.
No es un sólo policía, es todo el Estado
La Coordinadora de Familiares denuncia que el Estado es responsable de estas muertes porque no son casos aislados ni casuales. Son muertes provocadas por el aparato represor estatal que tiene sus gérmenes en las épocas más oscuras de nuestra historia -replicando prácticas de la última dictadura militar- que jamás ha sido desmantelado.
Es el Poder Legislativo el que les permite a los oficiales que aún sin ejercer sus funciones porten armas de fuego. No existe ley nacional ni provincial que lo prohíba -salvo casos específicos como en el Chaco, y por causal de violencia de género-.
Vemos cómo el Poder Judicial auxilia a estos imputados siendo responsables los fiscales y jueces de la impunidad que reina en Córdoba, sobre los casos de gatillo fácil y represión policial.
Pero también cabe repudiar el rol y marcar la responsabilidad que tienen los medios masivos de desinformación a la hora de relatar, titular e informar sobre estos casos.
Cabe repudiarnos y responsabilizarnos también como sociedad, cuando se festejan las muertes de jóvenes que hoy no pueden defenderse, cuando se aplauden estos asesinatos, como si no se tratara de personas, como si el hecho de que exista un asesino más, libre en la Ciudad, fuera algo de lo que enorgullecerse.
Cabe repudiarnos cuando naturalizamos estos hechos, cuando linchar y asesinar pasa a ser un acto “justo”. Estamos condenándonos todos y todas a muerte porque sólo basta ser el “juez” o el “delincuente” para ser asesino o asesinado, y esto no depende de estar en un estrado sino de ser un policía o un vecino que se siente amenazado, o de ser un “ladrón” que fue atrapado. La justicia queda librada a las manos propias de quien se sienta capaz de asesinar.
El Estado está así, avalando medios paraestatales de “hacer justicia”. Está avalando y promoviendo una guerra más en los abajos, está incrementando el “sálvese quien pueda” de la forma más literal. Y esto no lo hace desde una neutralidad o imparcialidad sino que justamente esa es la intención: que nos matemos. Liberar zonas. Y que quien quiera “ser juez” lo sea, portando un arma, con o sin uniforme. Bastan los últimos dichos del presidente Mauricio Macri, para advertirlo, en relación al asesinato ocurrido en el partido bonaerense de Zárate.
Sin dudas el Estado Policial avanza cobrándose decenas de vidas de cordobeses pero no debemos tener una mirada parcial ni acotada, sino advertir que ésta Policía de Córdoba que asesina, no es más que una de las caras del Estado Policial cordobés que viene gestándose desde hace 18 años. Como dijo el polaco Stanisław Jerzy Lec: “Un Estado policial no sólo está habitado por policías”.
(*) Por Victoria Siloff, del Encuentro de Organizaciones, para La Tinta.
Foto: Colectivo Manifiesto
