Porta Hnos: un amparo ambiental accede a la Justicia Federal
La Justicia Federal falló por unanimidad, a favor de la medida de amparo de vecinos y vecinas de zona sur en contra de Porta Hnos.
Este lunes la Justicia Federal falló por unanimidad, a favor de la medida de amparo de más de veinticinco vecinos y vecinas de zona sur contra Porta Hnos, considerándose procedente. Así, se hace lugar a la recusación que plantearon los letrados al juez Bustos Fierro, quien ya no tiene intervención.
Es el comienzo de un nuevo proceso de análisis y tratamiento de un amparo ambiental donde los jueces Eduardo Ávalos, Ignacio Vélez Funes y Graciela S. Montesi, consideraron que la justicia federal es competente para intervenir en el caso.
Una de las historias más impune sobrevive en la zona sur de nuestra ciudad. Vecinos y vecinas, que hace cuatro años reclaman a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, lograron acceder a la justicia. Por la puerta principal de Tribunales Federales ingresó el 1º de junio un amparo ambiental colectivo. En la puerta trasera de los patios de las viviendas de barrio San Antonio, se convive con la desidia sanitaria. Esta historia no sólo incrimina hoy a funcionarios de Ambiente, también condena a la propia infancia en el nombre del progreso.
Hoy, alerta el crecimiento a gran escala de la minería, de los combustibles y el agronegocio. Con ello, avanza el Bioetanol y desde el 2013, se amplía una de las plantas más grandes en el corazón de la ciudad de Córdoba. Se estima que pasaron cuatro años de este funcionamiento ilegal sin estudio de impacto ambiental. Los vecinxs denuncian modificaciones e inversiones constantes en la empresa productora de bioetanol. Desde ese momento, reclaman problemas de salud por contaminación en las zonas aledañas a la fábrica de Porta Hnos.
Dueños de sus derechos, los vecinos decidieron ir hasta el final y advirtieron que concurrirían a la Suprema Corte de Justicia si seguía la demora en la respuesta a su reclamo por parte de la justicia local. Al amparo de las vecinas y vecinos, sobrevino un rechazo “in limine”, posterior recurso de apelación y una notificación de la defensoría de la niñez. Al rechazo lo protagonizó el polémico juez federal Ricardo Bustos Fierro.
Transcurrieron cuatro años para distintos espacios de lucha socioambientales de la provincia de Córdoba, contra empresas denunciadas de contaminar y atentar contra la salud de la población. Vecinos y vecinas del barrio San Antonio solo conocen la justicia social, los escraches, las tomas de municipio, movilizaciones y nada más que las calles para denunciar un crimen organizado por grandes capitales locales. Silvia Cruz, vecina del barrio, tiene momentos de esperanza, expectativas de volver a creer en la justicia porque no puede reconocer la destrucción de nuestro futuro, de las niñas y niños.
Escuchá el testimonio de Silvia Cruz, vecina de barrio San Antonio:
Amparo Ambiental
El tema central del amparo presentado el pasado 1 de junio, va más allá de la contaminación existente: aborda la corrupción de estos cuatros años y atraviesa al Estado municipal, provincial y nacional. “La presente acción se inicia en contra del Estado Nacional-Ministerio de Energía y Minería de la Nación Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos (ex Secretaría de Energía), solicitando también la citación de la firma Porta Hnos.S.A. en el carácter de tercero”.
Impugna también, la omisión en que habría incurrido la Autoridad Administrativa Nacional en relación al otorgamiento de la habilitación para funcionar de la planta de Bioetanol de la firma Porta Hnos. S.A., cuestionando la falta de presentación y aprobación de la “Evaluación de Impacto Ambiental” y la no realización de “Audiencias Públicas previstas por la Ley General del Ambiente n° 25.675”.
La cédula de notificación, que sorteó en aquel entonces a la Fiscalía 1 de Ricardo Bustos Fierro, ingresado junto a los amparos por el tarifazo del gas dice: “Por lo expuesto es que la admisión de la presente acción podría resultar en una desnaturalización de los trámites y procedimientos en vigencia en los niveles de gobierno competentes que estarían interviniendo, tanto la Municipalidad de Córdoba como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Por lo expuesto, corresponde rechazar in limine la acción intentada (Art. 3). Dése noticia al Sr. Fiscal Federal en los términos del art. 39 de la ley 24.946”.
Escuchá las declaraciones de Carlos González Quintana, abogado:
La fisura del capitalismo
Recordemos que en el ciclo del biocombustible existen inversiones millonarias, pero lo que no se contempla en la “responsabilidad social” de estas empresas es a cuánto sube el costo de la salud, que impacta mes a mes sobre la población afectada. Porque esta planta en particular no se encuentra en una zona industrial y en reiteradas oportunidades ya fue denunciada en tribunales penales de la provincia y el municipio.
Tenemos una “emergencia sanitaria” notable a nivel nacional, sin inversiones y con un deterioro en el ambiente que está por encima de la producción financiera y por debajo de los índices de la pobreza, que crece sin retorno y no hay un cambio estratégico, ni visible para mejorar la calidad de vida de la población. A los despidos, tarifazos, aumentos de costos de vida, se suma el incremento en el deterioro del medio ambiente y con ello la salud de niños y niñas.
En materia económica, advierten que el precio de estos combustibles varían según el origen del bioetanol, según este provenga de la caña de azúcar transgénica o del maíz, teniendo la última semilla liderada por Monsanto, un 20% menos de ganancia. Así mismo, como el precio no se encuentra atado a valores internacionales del petróleo no se ve afectado en el vaivén comercial. Tal es así, que el gobierno nacional decretó la Resolución 139/16, publicada en el Boletín Oficial, donde se plantea la conformación de una “Mesa de trabajo del sector sucroalcoholero”.
En realidad, la ley N°26.093 de promoción de los biocombustibles, sancionada en 2006, no se pensó por una cuestión de precios sino para diversificar la matriz energética, agregar valor con los granos e impactar de manera positiva en el medio ambiente, lo cual aquí en Córdoba no se cumple. El amparo en esa dirección es correcto, porque el mercado del bioetanol está regulado por el Estado. Hay cinco plantas para etanol de maíz. Hoy los “etanoleros” de maíz tienen una capacidad instalada de 559.400 m3.
Yendo al plano ambiental, estos combustibles generan un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero superior al 60%, lo cual se puso de manifiesto en la Cumbre Climática de París. Tantas cumbres en materia de sostenibilidad que bancamos a miles de funcionarios, para terminar sosteniendo la contaminación a gran escala. Mientras se festeja que China y Estados Unidos adhieren a dicho protocolo, se atribuyen inversiones millonarias al desarrollo automotriz, sin contemplar la procedencia y efectos nocivos de la Pro “Revolución Industrial”.
Mirá este corto documental sobre el caso de Porta: «No se qué pasa en esta ciudad», realizado por Medionegro:
Por Melina Dassano, para Ecos Córdoba. Fotografía: Colectivo Manifiesto y Medionegro.