Narcopolíticos en la mira de la Iglesia
Curas villeros, la Pastoral Social y hasta el Papa Francisco denunciaron públicamente la complicidad de los políticos y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico.
“Chocolate por la noticia”, podría decir cualquier lector informado al leer las declaraciones eclesiásticas. Sin embargo, que la Iglesia Católica salga a denunciar públicamente la complicidad de los gobiernos y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico no es una cuestión menor. Principalmente porque pone el tema en agenda y abre el micrófono a aquellos que todos los días sufren en los barrios esta “metástasis que devora”, según llamó el Papa Francisco al narcotráfico.
En febrero pasado, el Papa Francisco viajó a México y desde allí habló sobre el narcotráfico y la función de los gobiernos.
«La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo», sostuvo frente al inmutable presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y sus ministros.
«A los dirigentes de la vida social, cultural y política, les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensable: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz», agregó para que no queden dudas del rol que los gobiernos deberían tener en la sociedad.
«La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo» Papa Francisco.
No es la primera vez que el Papa se refiere al narcotráfico en forma pública ya que en 2015, a través de un mail enviado desde México aseguró sobre nuestro país: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”.
En febrero de este año, en el corto encuentro – de sólo 22 minutos- con el presidente Mauricio Macri también se mostró preocupado por el tema sobre el cual viene insistiendo desde que era arzobispo de Buenos Aires.
Complicidad local
La semana pasada, el colectivo social Común Unión emitió un comunicado para denunciar los efectos nocivos que provoca el narcotráfico en los jóvenes y vecinos de los barrios donde trabajan y la complicidad que el poder político, judicial y la Policía tienen ante esta realidad.
Común Unión es un colectivo social integrado por curas villeros y organizaciones sociales que trabajan ante las necesidades de los habitantes de villas y barrios populares de Córdoba. Confluyeron en mayo de 2015 y además de observar diariamente cómo se encuentran vulnerados los derechos básicos como vivienda y trabajo, ven cómo la droga avanza en los barrios y arrasa con los jóvenes.
Uno de sus integrantes, el padre Mariano Oberlin, que está a cargo de la Parroquia Crucifixión del Señor de barrio Muller, fue nombrado hace unas semanas atrás por el presidente Mauricio Macri durante el lanzamiento del plan nacional contra el narcotráfico ya que el cura cordobés se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Córdoba para dialogar sobre la situación de los jóvenes y la droga en los barrios populares.
Este evento hizo que las declaraciones del cura y el comunicado del grupo salieran en los principales medios de comunicación y tomara relevancia.
“Es falso y nocivo reducir el narcotráfico a las bocas de expendios en los barrios”, sostenía y agregaba: “Sus principales beneficiarios no viven en las barriadas populares, sino en lujosos sitios protegidos de los efectos nocivos de la droga y del juicio social”
“En nuestra provincia, este negocio mafioso cuenta con la connivencia de cierta parte del poder político y judicial como así también de las fuerzas policiales. Esta red delictiva existe porque vincula actores políticos y económicos, locales, nacionales e internacionales, sin cuya participación y complicidad sería imposible su progreso”, afirmaba con firmeza el comunicado.
“Es falso y nocivo reducir el narcotráfico a las bocas de expendios en los barrios”, sostenía y agregaba: “Sus principales beneficiarios no viven en las barriadas populares, sino en lujosos sitios protegidos de los efectos nocivos de la droga y del juicio social”.
Común Unión rechaza la militarización o saturación policial en los barrios como solución al narcotráfico y reclaman políticas sociales para paliar esta situación.
“Necesitamos alternativas reales y concretas para cuidarnos; un entramado de políticas educativas, sociales, sanitarias, legales y económicas que permitan avanzar en la prevención primero, y el acompañamiento después.”, finalizan.
En agenda
La tolerancia (sino complicidad) política ante el narcotráfico volvió a estar en agenda y este lunes se sumó la Pastoral Social al coro de voces.
“Yo no sé si ha habido complicidad pero al menos indiferencia sí o minimizar el problema o negarlo, en algunos casos no puede el narcotráfico y el crimen organizado avanzar sin complicidad de al menos algunos locales tanto de fuerzas de seguridad como del poder político local”, aseguró el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano.
«Es necesario acompañar con políticas públicas que promuevan el empleo y las actividades culturales, de recreación y estudio para sacar a los chicos de las esquinas», indicó Lozano en una entrevista con radio Cadena 3.
“Cada vez que pasa el tiempo es más difícil de trabajar con el avance de la droga porque tiene como consecuencia la pérdida de vidas humanas y sangre inocente», añadió.
Los medios nacionales recogieron el guante y sumaron la publicación de un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre un barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina.
En su presentación el informe rechaza la policialización y militarización de los barrios para luchar contra el narcotráfico y asegura que esta “guerra contra las drogas” ha demostrado magros resultados y agravó incluso más la situación.
“Una forma de enfrentar el problema de las adicciones y particularmente de la narcocriminalidad estuvo enmarcado en el paradigma, de corte eminentemente represivo, conocido como ‘la guerra contra las drogas’ que no solamente ha mostrado magros resultados, sino que además ha contribuido a agravar la situación por medio del incremento de la violencia, la corrupción de los funcionarios públicos y la violaciones de derechos de las poblaciones más vulnerables”.
Y arroja brevemente las políticas públicas que se deben implementar para luchar contra el narcotráfico:
“Se destaca la necesidad de un enfoque integral para la lucha contra el narcotráfico, que tenga en cuenta el fenómeno de la adicción y el consumo, invirtiendo más recursos en la prevención y rehabilitación, y fundamentalmente en las posibilidades de generar proyectos de vida a partir de la integración social desde la educación, el trabajo y la integración urbana. Bajo esta perspectiva, contra el delito organizado, deberían predominar las estrategias que apunten al combate del lavado de activos y a las actividades ligadas a los eslabones con mayor rentabilidad y capacidad estratégica de la cadena, en este contexto el rol de la inteligencia criminal se vuelve central para la prevención y represión del tráfico de drogas, desplazando a la opción belicista del enfoque tradicional”.
Por María del Mar Job.
