Expresos y presas políticas: «Sin testimonios no hay juicios ni condenas»
En la cobertura mediática de los juicios por la verdad, la memoria y la justicia y en particular de la megacausa La Perla, pocas veces se ha visibilizado la situación de quienes han sido indispensables para que estas instancias puedan desarrollarse y llegar a sentencias condenatorias: los y las ex presas políticas, sobrevivientes, exdetenidos desaparecidos, que con sus testimonios han hecho posible la reconstrucción y asignación de responsabilidades del terrorismo de estado.
El espacio de Ex Presos Políticos Autoconvocados se organiza con el fin de unificar criterios y estrategias de lucha por la implementación efectiva de las leyes reparatorias en el actual contexto político y denunciar el desguace de los organismos estatales de DDHH, entre otras cosas.
«Nos cuesta explicar porqué los sobrevivientes siguen luchando».
Se trata de una organización conformada por ex presos y presas políticas de distintos puntos del país, que fueron nucleándose a partir de sus reclamos y de la falta de respuesta e información fidedigna por parte del Estado. Bajo la consigna «Sin testimonios no hay juicios ni condenas», reivindican el protagonismo que han tenido en los juicios por la verdad y denuncian el olvido y la invisibilización de las que han sido objeto, no sólo desde el Estado Nacional, sino también de organismos de derechos humanos y de los medios de comunicación.
En el marco del encuentro que se realizó en julio en Córdoba, el programa Enredando las Mañanas de la RNMA conversó con algunos de sus integrantes para profundizar sobre sus reclamos.
Leyes reparatorias
En relación a la efectiva implementación de las leyes reparatorias para quienes fueron víctimas del terrorismo de estado, los integrantes de Ex Presos Políticos Autoconvocados plantearon que «el gobierno actual ha frenado todas las leyes y todos los beneficios que tendríamos que haber tenido en un gobierno anterior, que por negligencia o por falta de voluntad política no se hizo. Hoy estamos reclamando exclusivamente todos los que han estado pocos días, los que han cobrado la 24.043 [ Indemnización a ex-presos políticos] y los que tenemos el beneficio de la pensión nacional».
Desde el espacio anticipan un plan concreto de movilización a nivel nacional para denunciar la situación en relación a estas leyes y además visibilizar «el desguace de los organismos de DDHH», tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
El maltrato no tiene que ver solamente con poner trabas burocráticas a los trámites de quienes ya han sido violentados innumerables veces por el Estado, sino también las situaciones a las que son forzados a enfrentarse. «Una de las cosas que nos dicen cuando hablamos por teléfono es que todos los expedientes se van a trasladar a la ESMA. Justamente, sobre todo los compañeros que hemos pasado por la ESMA, realmente que nos hagan volver a ir a la ESMA para hacer un trámite burocrático es algo que también es muy pesado», afirmaron.
El reclamo tiene un alcance importante cuando se piensa que la última ley 26.913 que establece el derecho a pensiones graciables para los expresos/as, alcanzaría a más de 28 mil personas.
«El secretario de DD.HH Claudio Avruj declara que hay 26.900 expedientes que habían heredado de la administración anterior. Nosotros tenemos información de que son más de 28 mil. De todas maneras, tampoco sabemos en qué condiciones están. No hay información acerca de porqué se retienen o se revierten los expedientes», afirmaron para el Enredando.
Fuera de micrófono manifestaron la impotencia de ver que el tiempo sigue transcurriendo y muchos de sus compañeros/as han fallecido sin poder acceder a un derecho ya reconocido. Cansados del manoseo y las demoras, se plantean diversas estrategias como la presentación de un amparo que intime al Estado al cumplimiento del trámite o la visibilización de la problemática frente a diferentes organismos.
«Vemos que el Ministerio y la Secretaría nos quieren meter en un combo de burocracia (…) Ya nos han planteado que lo más difícil para comprobar son los que han estado en los campos de concentración. Es decir, ya se están planteando empezar a rebajar, a tirar compañeros», acusaron.
Los participantes señalaron que hasta el gobierno pasado llevaban 6500 pensiones pero que se carece de información al respecto. »Hay 28.000 expedientes. Te imaginás, si todavía falta pagar», remarcaron.
Quienes enuncian estos reclamos son, claramente, sobrevivientes del terrorismo de Estado. Pero además, son militantes sociales, políticos y sindicales que han transitado cuatro décadas de nuestra historia y cuya voz es imprescindible para la continuidad de las luchas y la memoria de nuestro pueblo. Sin embargo, explican, «muchas veces nos cuesta que nos visibilicen y esto tiene que ver con esta cosa de que somos sobrevivientes. Entonces, hasta eso nos cuesta explicar, porqué los sobrevivientes siguen luchando».
«Hay resquemores. Incluso desde los mismos organismos hemos tenido poca respuesta. O sea, hemos ido a todos los organismos, de todos los que te puedas imaginar, pero no existe una propuesta concreta de reclamo de lo que estamos luchando nosotros. Y nosotros tampoco nos queremos quedar solamente con lo de las leyes reparatorias, porque tenemos mucho más para dar. Seguimos militándola como la hemos militado en los 70», concluyeron en el programa de Zumba la Turba.
(*) Fotografía prensa Será Justicia y Colectivo Manifiesto.
