«El que salga con vida tiene que contar lo que pasa»
Liliana Beatriz Callizo es una militante y una sobreviviente. Una sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “La Perla”. Su valentía, su fortaleza y su testimonio en los distintos juicios por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, han sido claves en la búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia. En la intimidad de su casa, junto a su hijo Manuel, recorre su historia política, sus sentimientos, sus convicciones y la propuesta de crear un frente de unidad amplio para profundizar y no retroceder en el trabajo y la defensa por los derechos humanos.
“Como parte de un grupo de secuestrados sobrevivientes –condición que no elegimos–, hemos asumido el compromiso y la misión que, desde esa cuadra [1] (en La Perla), donde compartimos resistencia, infortunios, compañerismo, dramas y también la ilusión siempre viva del que el mundo tenía que ser mejor. Allí, en medio de esa dramática situación, ejercida desde el poder total del Estado Terrorista ante personas indefensas, nosotros siempre repetíamos: El que salga con vida tiene que contar lo que aquí pasa; Esto no puede quedar sin darlo a conocer”. Con estas conmovedoras palabras y el sentimiento a flor de piel por los miles de recuerdos que han signado su historia, Liliana Callizo vuelve a dar testimonio.
Sobrevivir al Horror
En la madrugada del 1º de septiembre de 1976, Liliana fue privada de su libertad por un grupo de tareas perteneciente al III Cuerpo del Ejército Argentino y trasladada al Centro de Detención Clandestino La Perla. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En la búsqueda desesperada de su paradero, sus padres realizaron todo tipo de gestiones y hasta tuvieron entrevistas con distintos representantes de la Iglesia Católica, sin ningún tipo de resultados.
Liliana fue una víctima y sobreviviente del horror que se padeció dentro del mayor campo de concentración del interior del país. Haber salido de ese infierno con vida le permitió más tarde dar testimonio en la búsqueda de la justicia.
A principios de los 80, junto a otros sobrevivientes, denunció en Europa el funcionamiento de la estructura represiva de La Perla. En 1998, en España, testificó frente al juez Baltazar Garzón, en 2008 volvió a hacerlo durante el primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, y a partir de diciembre de 2012, es parte de los 581 testigos que han declarado en este 7º juicio por Crímenes de Lesa Humanidad en Córdoba, conocido como “Megacausa de La Perla/La Ribera/D2”.
La causa aborda 22 expedientes por delitos de lesa humanidad ocurridos entre marzo de 1975 y 1979. Se juzgan los secuestros, torturas y asesinatos contra más de 700 víctimas de un plan sistemático de exterminio, que en Córdoba comienza a partir de marzo de 1974.
También es la primera vez que se juzga en la provincia la apropiación y robo de bebés, la complicidad empresarial, los delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad y los delitos económicos de los genocidas y sus socios. De las 716 víctimas, 365 fueron asesinadas y/o continúan desaparecidas. En su mayoría tenían entre 18 y 27 años de edad. Participaban en política, de la vida sindical, cultural, religiosa, estudiantil y empresarial. Se trata quizás, en términos históricos y universales, de nuestro peor Holocausto.
Liliana estuvo secuestrada en La Perla durante más de dos años. Sufrió todo tipo de tormentos, golpes y torturas. Fueron condiciones inhumanas para ella y para todos los que terminaron sus últimos días allí. Haber sobrevivido le dio la posibilidad de dar testimonio en este Megajuicio, en los que pudo aportar detalles certeros sobre las características del lugar, sus guardias y torturadores. Con suma valentía y sobreponiéndose a su propio dolor, Liliana ha dado información precisa sobre los detenidos, sobre el tratamiento al que eran sometidos los cautivos, relatado los diferentes métodos de tortura y hasta las más atroces formas de dar muerte a las personas que eran secuestradas y trasladadas hasta este siniestro lugar ubicado sobre la autopista a Carlos Paz.
Recién en marzo de 1978 fue liberada de La Perla. En ese momento la llevaron al domicilio de sus padres bajo el régimen de libertad vigilada, término que la propia Liliana precisa como “secuestro domiciliario”.
El 17 de agosto de 1979, con la ayuda solidaria internacional pudo exiliarse del país junto a su hijo Manuel, que por entonces tenía 3 años. En ese tiempo, sus documentos habían sido retenidos por el III Cuerpo del Ejército, pero ella y su hijo lograron romper el cerco de los controles y cruzar la frontera por Uruguay hasta llegar a Brasil, a un refugio en ACNUR de la ONU. Un año más tarde (1980) se radicó en Europa –primero en Suecia y luego en la ciudad de Pamplona, del país Vasco, España–.
Entre sus relatos, Liliana muestra un precioso álbum de fotos, donde ha sabido resguardar diferentes imágenes que dan cuenta del periplo internacional y de las diferentes ciudades y vivencias por las que fue pasando, en aras de preservar su vida y la de su hijo.
Recién en 1996 Liliana pudo regresar de manera definitiva a Córdoba, Argentina. Desde aquel entonces no ha dejado de trabajar en la tarea permanente de recuperar la memoria colectiva y las historias de quienes la dictadura les arrebató la vida. Actualmente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, donde sigue militando y desempeñando acciones concretas, que dignifican la vida de los vecinos que viven en los barrios más vulnerables de Córdoba.
También disfruta de su vida doméstica, dentro de su casa ubicada en la zona norte de nuestra capital, en un entorno muy verde. Aún la acompaña su hijo Manuel, hoy un hombre vital de 40 años que no deja de sonreír, sobre todo cuando observa con admiración la entereza y valentía de su madre.
Condenar a los responsables
Cuando se le pregunta a Liliana sobre el valor y la importancia de culminar estos juicios, responde que “Significa ver el resultado de la suma de trabajo y conciencia, en la que se culmina una etapa que permite visualizar al Terrorismo de Estado y juzgar a los responsables de hechos aberrantes, con condena a los que se pudo condenar. Otros han muerto y otros falta llevar a juicio, sobre todo aquellos que fueron los mentores, los que financiaban el período de la dictadura, cuando se gastaron miles de millones para mantener ese aparato de asesinos. Un dinero que le fue quitado a la sociedad para matar a sus luchadores. Y faltan también los que justificaron este accionar del Estado, amasando las almas doloridas de los fieles y los que no hicieron cumplir las leyes que protegen a sus ciudadanos”.
Liliana asegura que “La realización de los Juicios a los responsables de los Campos de Concentración de la provincia de Córdoba significó además, el compromiso y la resistencia de los sectores más sensibles de la sociedad, que no estaban dispuestos a dejar pasar -como era la dinámica que se daba históricamente en el país ante los sucesivos golpes de Estado y demás arbitrariedades-, sin visualizar a los responsables de estos ataques a la sociedad».
«Siendo fundamentalmente las madres las que iniciaron este camino que se fue consolidando y ampliando. Y se amplió también con los testimonios de los sobrevivientes, aporte fundamental para conocer a los responsables de los crímenes y con esa información poder juzgarlos y condenarlos. Además, aportar sobre la vida y las circunstancias de los miles de ciudadanos que fueron secuestrados en los diferentes campos de concentración. Hacer conocer a la sociedad quiénes eran los desaparecidos, cómo eran sus trabajos, sus estudios, sus edades, su sensibilidad social y de justicia, motores de sus mentes y corazones”.
En este punto, Liliana añade que “todos los que fueron secuestrados pasaron por las mismas situaciones de sometimiento y torturas, por la misma condición de cautiverio. El secuestro era camino a la muerte, porque los campos fueron habilitados para eso. Y además, que los campos no nacen de un repollo, son generados desde la raíz de una construcción social”.
Fin a la impunidad
“Los crímenes de Lesa Humanidad, como son los que se vienen juzgando en Argentina, son imprescriptibles. Y la experiencia internacional nos muestra que sigue la búsqueda de los genocidas, que escondidos por el mundo, son encontrados y aunque tengan 99 años son juzgados y encarcelados”, remarca Liliana, y agrega: “Argentina suscribe esos convenios y se compromete a respetar sus leyes. Aporta a la experiencia internacional la forma en que se desarrollan los juicios, que es con el propio Código de justicia, el mismo que se aplica a todos sus habitantes, característica que ubica a estos juicios dentro de una altura ética y seguridad jurídica fundamental. En Alemania, por ejemplo, se llevaron adelante los juicios con tribunales especiales”.
Para Callizo, “no reconocer las sentencias sería ir en contra de la Constitución, además que dejaría en evidencia que el propio Estado es el que vulneró sus propias leyes. Por eso llevar adelante los juicios significa estar dentro de un período en que el Estado se hace cargo de sus propias barbaridades. Es un camino fundamental para llevar a lo que fue un Estado Terrorista hacia un Estado de Derecho. Aporta a la democracia con memoria, verdad y justicia y pone un fin a la impunidad”.
Ni un paso atrás
“Las conquistas sociales, los derechos y la justicia popular se construyen y se trabajan en y con la sociedad. En Argentina, tuvimos la oportunidad de llegar a la realización de los juicios porque se dieron las condiciones políticas para ello, y porque el Estado puso las herramientas y el respaldo para que se realizaran. Pero las circunstancias de las sociedades, de los pueblos, no son estáticas, depende de los intereses del poder de turno. Pienso, entonces, que en todas las circunstancias –aunque sean de mayor apertura democrática–, hay que estar atentos y en todo caso construir las herramientas del pueblo más vigorosas para defender lo conquistado”, advierte Liliana sobre al actual presente político.
Precisamente, y como una militante popular que sigue batallando, en su trabajo y en el territorio, sostiene que “hoy los intereses del gobierno no están para desarrollar intereses nacionales que impulsen la inclusión del campo popular, porque sus intereses no tienen en cuenta la historia de nuestro pueblo. Por eso considero que tenemos que profundizar el trabajo sobre los derechos humanos. Desde todos los sectores políticos debemos estar en alerta permanente para que el Estado siga avanzando en la consolidación de la cultura del respeto a los derechos humanos. Fundamentalmente, los movimientos sociales de diferentes procedencias y experiencias, tienen la responsabilidad de lanzar -con más fuerza, organización y amplitud-, la herramienta indispensable para esa consolidación. Con la continuidad de la militancia, manteniendo la conciencia y defendiendo los derechos adquiridos y conquistados con tanto esfuerzo, es necesario trabajar por la unidad de todos los sectores del campo popular. Un espacio donde estén los sindicatos, los estudiantes, los vecinos de los barrios, los desocupados, todos. Con humildad y compromiso debemos apostar a la formación de un frente popular de los derechos humanos, para no permitir ni un paso atrás de lo ya conquistado, y para ir por más amplitud e inclusión de todas y todos los habitantes del suelo de la Nación argentina”.
Fotos y Texto: Por Irina Moran
[1] “La Cuadra”
Era el lugar físico donde los detenidos-desaparecidos pasaban la mayor parte de su cautiverio en el Centro Clandestino de Detención “La Perla”. Los secuestrados eran traídos aquí gravemente heridos luego de los tormentos psíquicos y físicos padecidos en las oficinas y la sala de torturas. Quienes sobrevivían pasaban todo el día acostados o sentados en colchonetas de paja y tapados con mantas de lana, vendados y maniatados, permanentemente vigilados y amenazados, y con la estricta prohibición de comunicarse.
A lo largo del funcionamiento de este centro clandestino, la cuadra albergó un número variable de personas, llegando en algunos momentos a alojar simultáneamente más de cien. Los secuestrados permanecían aquí hasta que los civiles y militares responsables del plan de exterminio ordenaban su “traslado”, que la mayoría de las veces significaba su asesinato y el posterior ocultamiento de sus cuerpos. En contadas situaciones algunos secuestrados fueron liberados, otros llevados a prisiones, y otros sometidos a un falso régimen de libertad vigilada.
