Mujeres, lucha y dictadura
Géneros

Mujeres, lucha y dictadura

Entrevista a Patricia Chalup, miembro del Equipo Jurídicas de Abuelas. Participó como querellante junto con Adriana Gentile (Fundación María Elba Martínez) en la Megacausa La Perla. Actualmente es querellante en la causa “Magistrados” junto con su hermano Jorge Chalup y Adriana. En el encuentro que tuvimos con ella, pudimos dialogar acerca de algunas vivencias de lo que implicó ser mujer durante la última dictadura cívica-eclesiástica-militar, y de la complicidad que tuvo el poder judicial con la misma durante los setenta.

Por Delfina Saab para La Tinta

-¿Cómo fue que María Elba Martínez encabezó su lucha desde lo jurídico recientemente terminada la dictadura en nuestro país?

-María Elba empezó en el año 1979 a tener contacto con familiares de las víctimas por causas de delito de lesa humanidad, en un momento en que eran muy pocos los abogados que las luchas por los derechos humanos y la justicia era un espacio donde la lucha que se pretendía dar, se sabía que iba a ser difícil. Sin embargo ella tuvo las agallas y la valentía de hacerlo. Eran años difíciles cuando ella empezó a tomar fuerza la lucha por los delitos de lesa humanidad. Fue una adelantada en la lucha judicial. Siempre tuvo un compromiso con lo social, siempre representó a sectores vulnerables, estuvo con las compañeras de AMMAR y las madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Fue una mujer muy consecuente, estudiosa y comprometida.

Soy muy optimista y veo esperanzadora la visibilización que estamos teniendo como mujeres en las calles.

-A las mujeres militantes de la época ¿les fue fácil reinsertarse en la vida política después de la dictadura?

-A muchas de ellas les costó reinsertarse políticamente ya que convivían con el estigma de haber sido presas políticas y la verdad que también esto se ha reconocido poco. Así como tampoco se ha reconocido bien el rol tan importante que han tenido las sobrevivientes para conocer la metodología que se aplicaba en los centros clandestinos de detención. Más allá de esto sabemos que en cualquier ámbito del que participemos pareciera que la mujer tenga que luchar con respecto a la capacidad en relación a la del hombre, yo todavía sigo notando esta discriminación, aunque también siento que vamos formando cayos, somos muy perseverantes.

-¿En la actualidad, en dónde estamos paradas en las luchas de género en relación a los setenta?

-Me parece que la mujer ha logrado salir a las calles a través de marchas y movilizaciones, que lamentablemente fueron movilizadas por estos fenómenos, los femicidios, que nos están afectando a nivel mundial. Se da de distintas formas, como el caso de las violaciones colectivas en Brasil. No obstante, está habiendo una reacción al querer organizarse y reivindicar determinadas luchas, visibilizando nuestros reclamos, trabajando colectivamente. Y cada vez son más multitudinarias, mas allá de las respuestas reaccionarias queriendo correr el eje de la discusión. Soy muy optimista y veo esperanzadora la visibilización que estamos teniendo como mujeres en las calles.

-Después de la declaración de la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final en 2003, declarada inconstitucional en 2005 ¿hubo alguna transformación en la justicia por parte de los jueces  en relación a la percepción de la dictadura cívico-eclesiástica- militar de 1976?

-Creo que en este sentido es bueno refrescar la importancia de los organismos de derechos humanos, siempre estuvieron denunciando durante la dictadura y con posterioridad en el 83 ya en épocas de democracia.

Todos los poderes del estado fueron puestos en tela de juicio con la democracia, pero uno de los poderes que no ha recibido cuestionamientos respecto al rol y a la participación en la dictadura, fue el poder judicial. En general la regla hasta el 2003 fue la impunidad. El primer antecedente cuando se produce la democracia fue en 1985, en el Juicio a las Juntas Militares que fue un avance muy importante en el que se empezó a establecer y determinar las responsabilidades, pero quedo acotado únicamente a los altos mandos, lamentablemente se produce un retroceso al año siguiente con el dictado de la ley de obediencia de vida y punto final porque a partir de ese momento se les garantiza la impunidad a un amplio sector de quienes habían sido autores materiales. Y ni siquiera hablar de los sectores civiles cómplices.

Recién en el año 2003 cuando asume Néstor Kirchner  se declara la nulidad en el congreso de las leyes de obediencia de vida y punto final, la inconstitucionalidad se declara por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, dos años después de la declaración de la nulidad de parte del congreso. A partir de esta declaración de nulidad, en el año 2006 empiezan a aparecer los primeros juicos. Y empieza la lucha política colectiva, a través de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo haciendo vivos sus gritos.

Volviendo al rol del poder judicial, si pasamos tantos años como argentinos viviendo en una impunidad descontrolada, necesariamente hubo complicidad de determinados sectores de la justicia para no avanzar sobre esas causas. Hay miembros que han sido denunciados por las familias víctimas, esto también sirve para entender porque pasaron tantos años para poder avanzar en la justicia.

Todos los poderes del estado fueron puestos en tela de juicio con la democracia, pero uno de los poderes que no ha recibido cuestionamientos respecto al rol y a la participación en la dictadura, fue el poder judicial. En general la regla hasta el 2003 fue la impunidad.

-¿Actualmente hay funcionarios judiciales condenados?

-Actualmente en la Argentina hay una sola condena contra funcionarios judiciales que fue en Tucumán. Se condenó al juez Manilo Martínez, bajo la figura del incumplimiento de deberes de funcionario público y la privación ilegítima de la libertad. Y aun así en este momento habiendo transcurrido 41 años de la dictadura, recién este año se va a juzgar a funcionarios judiciales por el rol que tuvieron de no investigar, hay otras causas sin condena, como en Mendoza y hay otra que se conoce como Megacausa 3 de Santiago del estero, pero viene demorado.

El ministerio público fiscal sacó un informe con los juicios por delitos de lesa humanidad realizados y los que quedan pendientes. A pesar de que se ha avanzado mucho hubo 157 juicios en total, y faltan más de 200, esto nos sirve para dimensionar lo terrible que ha sido la dictadura.

-¿Crees que hay mujeres criminalizadas por el sector judicial?

-Un caso emblemático es el de Milagro Sala, ya que se le dictó una prisión preventiva y esa misma causa ha sido denunciada ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta criminalización me parece que se produce por la condición de ser una mujer, ser de una organización social, indígena y la justicia tiende a tener este rol disciplinador respecto a personas que están organizadas. Además de haber irregularidades específicas que desestabilizan el estado de derecho, el debilitamiento de este, violando así las garantías constitucionales, tanto de la división de poderes, como el estado jurídico de inocencia, el carácter excepcional de la prisión preventiva, son cosas que no pasan con Milagro Sala y sin embargo el poder judicial habilita todo esto.

El caso de Belén de Tucumán (ahora absuelta) demuestra también una clara violación de las garantías constitucionales. Yo sigo viendo compañeras estigmatizadas hoy por el poder judicial y sobre todo el policial, cómplices de poner en duda esto que tan debilitado está, y que llamamos justicia.

Por Delfina Saab para La Tinta

7 Abril, 2017

Autor

admin La Tinta. Periodismo hasta mancharse.


La Tinta

Una herramienta para recuperar la voz, visibilizar nuestras luchas, nuestras demandas y nuestras victorias; compartir las miradas sobre el mundo, la realidad y difundir las alternativas que estamos caminando.

(*) Los medios, periodistas y colectivos que colaboran no necesariamente comparten la línea editorial de todo el contenido difundido por La Tinta.