Misiones, el otro campo
Es uno de los territorios nacionales con mayor población rural dispersa y, por lo tanto, con una fuerte problemática sobre la tierra. La precariedad de la tenencia, la extranjerización y la concentración en pocas manos se suman a la falta de reconocimiento estatal. Sin embargo, en esa porción de la Argentina que limita casi completamente con Brasil y Paraguay, las organizaciones campesinas vienen librando duras batallas, como las de los pequeños productores de alimentos contra los “mares de pinos”.
Por Lucía Sabini Fraga para La Nación Trabajadora
En Argentina, cada vez menos gente vive en el campo. Y si bien el concepto “campo” ya de por sí ofrece varios matices y discusiones, la realidad es que nuestro país tiene un campesinado enflaquecido y diezmado, una tendencia prácticamente mundial. La provincia de Misiones es quizás la nota distinta del pentagrama nacional: según los datos del último censo realizado en 2010, esta provincia cuenta con un 26.3% de población rural dispersa, porcentaje notoriamente superior al promedio nacional del 10 por ciento. En términos numéricos, representa a 277.750 personas, de un total de poco más de un millón cien mil, prácticamente un cuarto de la población total.
Adriano forma parte de la Coordinadora de Organizaciones de Trabajadores Rurales de Misiones (COTRUM) a nivel provincial, que a su vez forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) a nivel nacional. Su organización reúne cerca de 500 familias en la franja de la Ruta 14, que incluye las localidades de San Pedro, Andresito, Yrigoyen y Pozo Azul. La escala de producción de sus integrantes es bastante diversa: desde familias que tienen una o media hectárea, hasta otras que poseen 30, o quienes tienen más de 100. Las parcelas chicas apenas alcanzan a producir lo necesario para la alimentación familiar, y un resto para la venta en las ferias cercanas; el dinero que falte se complementa con changas en el pueblo. Uno de los mayores problemas de los productores es la situación de irregularidad delos terreno donde viven: “Las familias no tienen el reconocimiento del Estado, no tienen papel de las tierras; por eso sufren el apriete de las fuerzas públicas muchas veces, de las autoridades, o de empresarios, para desalojarlas y quedarse con las tierras”, sostiene Adriano.
La organización comenzó su recorrido cuando los mismos campesinos notaron que no había voz que representara al sector; sobre todo a los más humildes. Ante los desalojos, el hambre y los atropellos comenzaron a juntarse, intercambiar los problemas –que resultaban los mismos- y en definitiva, a organizarse: “Nos dimos cuenta que teníamos que luchar de forma conjunta”, dispara Adriano. Para él, defender la tierra significa sentirla, tocarla de cerca. “Yo sé lo que es, de dónde vengo, dónde me crié y cómo aprendí con mis abuelos, con mis padres el cuidado de la tierra. Sabemos que somos los únicos que podemos defenderla.” Rápidamente aclara: “Los únicos pero no solos, no hay que confundir, solos no.”
Adriano sueña con volver a acercar a quienes se fueron del campo, familias enteras que por la pobreza aguda y el abandono sistemático fueron a engrosar los cordones de las villas, asentamientos o barrios populares de las grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Córdoba -pero incluso en Posadas, capital misionera- se puede rastrear el origen rural de muchas de las nuevas generaciones de pobres: son hijos o nietos de trabajadores del campo. Con sólo comparar las estadísticas, se puede confirmar la tendencia: en el censo de 1970, en Misiones la población rural ascendía al 51.5%, mientras que a principios de los 90, ya descendió a 36,6 por ciento.
De la mano de la exclusión de los trabajadores rurales, también se evidenció una mayor concentración de la tierra: superficies más grandes para pocos dueños, y una creciente reducción de las unidades productivas de trabajo. Mientras que en el Censo Nacional Agropecuario de 2002 la provincia contaba con alrededor de 27.300 unidades productivas o explotaciones agropecuarias, 16 años después (el último censo Agropecuario fue en 2018) cuenta con 23.500; es decir 3.800 unidades menos. A nivel nacional -y como dato más que ilustrativo- unas 2.500 grandes empresas agropecuarias (el 1% del total de las 250.000 explotaciones) manejan casi el 40% de las tierras productivas del país.
“En términos de unidades productivas, seguimos siendo la segunda con mayor cantidad después de la provincia de Buenos Aires, pero somos la provincia con el mayor número de familias viviendo en zonas rurales del país”, asegura el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala. Aquí justamente, el nivel de ocupación de las viviendas rurales es del 90%, a diferencia del 70% de promedio nacional, que en muchas zonas representa apenas un 50 por ciento.
El debate de la soberanía, o la soberanía en debate
Misiones pelea codo a codo con Salta por ser la provincia argentina con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, según lo indica el Mapas de Extranjerización de Tierras disponible en la web. Hasta mediados del 2018, la provincia de las Cataratas encabezaba este ranking con casi un 13% de su territorio en manos extranjeras, mientras que ese porcentaje bajó hasta un 11.8% durante el último año. Dentro de la provincia, el departamento de Iguazú tiene el mayor porcentaje (39%) y uno de sus municipios –Libertad- supera todos los límites razonables: el 80% de su territorio pertenece a la firma Arauco, multinacional de capitales chilenos dedicada a la producción forestal y pastera, la ex empresa argentina Alto Paraná. Según un informe del periodista misionero Sergio Alvez del año 2017, de las 80 mil hectáreas que conforman la totalidad del municipio, 65 mil pertenecen oficialmente a esta empresa.
Esta descripción desnuda otro dato significativo: gran parte de los conflictos sociales existentes se vinculan con la posesión de la tierra y la precariedad de la tenencia. Según el “Relevamiento y sistematización de los problemas de tierra de los agricultores familiares de la Argentina” del PROINDER del año 2013, Misiones es uno de los territorios nacionales con mayor problemática sobre la tierra, que involucra a más de 20 mil familias productoras y más de 308 mil hectáreas.
Puerto Piray (en el departamento de Montecarlo) ha dado una de las últimas y más resonantes batallas de los pequeños productores contra “los mares de pinos”, como lo describe Miriam Samudio, dirigente de Productores Independientes de Piray (PIP). Por los años 2000, cuando acechaba una de las peores crisis de la historia argentina, las familias de la zona comenzaron a organizarse y elaborar estrategias de conjunto para sobrevivir: panadería, crianza de chanchos, huerta comunitaria, envasado de dulces. Sus casas estaban rodeadas de pinos para la industria forestal y sus espacios para vivir eran cada vez más pequeños: el cordoncito de tierra que ocupaban no alcanzaba para prácticamente nada mientras sus pulmones se llenaban de químicos y enfermedades. El deterioro de la salud de los propios vecinos los puso en alerta: todas las familias tenían muertos por cáncer, problemas respiratorios, o reacciones alérgicas en la piel. La organización por la supervivencia, mutó a la lucha por la tierra: “Ahí fue donde comenzaron nuestros planteos, que necesitábamos que esos pinos se retiren de detrás de nuestras casas, que podamos respirar aire puro y saludable porque nos preocupaba toda la contaminación; y así esa tierra que quedaba sin los pinos y sin los agrotóxicos poder trabajarla y recuperarla para producir alimentos”, sostiene Miriam.
Luego de años de reclamo colectivo, hubo una respuesta favorable desde el Estado provincial: en julio del 2013, la Legislatura votó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Arauco para ser entregadas a las familias productoras. A siete años de la sanción de esa ley, las familias sólo recuperaron 166 hectáreas que utilizan para producir alimentos: en las 13 hectáreas de tierras corporativizadas para la comercialización, priorizan productos como mandioca -alimento básico en la mesa de los chacreros misioneros- batata, zapallo, calabaza, poroto, maní, sandía o melón. Y a su vez, 56 familias (de las 97 en total) poseen 1 hectárea como primera experiencia de autoconsumo, donde plantan según su elección. Hoy en día, además de continuar insistiendo por las 434 hectáreas restantes, PIP concentra su militancia en la producción agroecológica y la conciencia por una alimentación saludable.
Para el joven ministro –antropólogo egresado de la UBA y de militancia peronista- el asunto es más complejo. “Nosotros tenemos un gran problema, los principales deforestadores no son sólo los grandes, sino también los pequeños productores. Muchas veces por falta de conocimiento deforestan para plantar tabaco, deforestan para hacer una producción de maíz.” Las preguntas surgen solas: ¿por qué será más rentable plantar tabaco en vez de alimentos? ¿Cómo el Estado podría invertir para contrarrestar esa situación? La realidad a veces es la única verdad: los colonos y pequeños chacreros también se guían por la necesidad, y ante la falta de alternativas para ubicar determinados productos, se vuelcan a aquellas donde tienen venta segura.
De luchas e historia
Los 90 sembraron niveles altísimos de pobreza y marginación en la provincia con mayor territorio fronterizo internacional del país, más de 1000 kilómetros que comparte con Paraguay de un lado y Brasil del otro. Por esos años, Misiones ostentaba algunos de los peores indicadores de desarrollo socioeconómico del país, con un índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) provincial del 27,1% -casi un 50% mayor que el promedio nacional- y una tasa de analfabetismo que duplicaba los índices nacionales.
La insistente promoción de la actividad forestal a gran escala, acorde con las políticas neoliberales implantadas por Carlos Menem a nivel nacional y Ramón Puerta a nivel local, agudizaron un proceso de extranjerización y concentración en la propiedad de la tierra, que representa “la utilización de un modelo de monocultivo de árboles exóticos con fuerte impacto ambiental y escasa generación de empleo”, según explica el antropólogo Alejandro Oviedo, doctor en Estudios Sociales Agrarios.
Pisando el nuevo milenio, se gestó en Misiones una de las luchas más importantes por la tierra que tuvo la historia de la provincia. El caso fue emblemático por varias cuestiones: la duración del conflicto, la gran extensión de tierra que estaba en disputa y porque como resultado se creó un nuevo municipio en la provincia, Pozo Azul, que tiene apenas tres años de existencia. En tierras de la empresa “Colonizadora Misionera” (dueños ausentes que habían presentado la quiebra antes de desaparecer) se asentaron durante décadas colonos, chacreros y campesinos. Cuando el rumor de la venta de la empresa tomó forma -gracias a los incentivos estatales para la producción de pino en la zona- las 1200 familias se dieron cuenta de que allí se jugaba su suerte: ir a morir a las villas miserias o quedarse a pelear. Wilmar Vaz, de la Cooperativa Asociación Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario, encarnó parte de esta experiencia: “Cuando viene la empresa, no respeta las plantaciones ni nada de los productores que viven ahí arriba hace más de 20, 30 o 40 años. Estuvimos más de 40 días de corte de ruta y noches enteras cortando el camino.” Los medios de comunicación rotulaban por aquellas épocas a los colones de Pozo Azul como la “primera experiencia de los sin tierra argentinos”.
En noviembre de 2004 (con el estreno del Partido de la Concordia Social en la provincia y el inicio del segundo mandato de Carlos Rovira como gobernador) se firma la ley del denominado “Plan Arraigo y Colonización” que implicaba el acceso, distribución y regularización de los dominios de más de 30.000 hectáreas de tierras, un hecho sin precedentes en el país. Sin embargo, la ley pasó a ser letra muerta por varios años más, hasta que en el 2013 -tras un raid de violentos desalojos a decenas de familias por parte del mismo gobierno provincial- los colonos volvieron a la ruta y retomaron el conflicto que alguna vez pareció ganado. Finalmente, con negociaciones de por medio entre productores y gobierno, se procedió a la mensura, un último paso para legalización de los terrenos que fueron divididos en parcelas de 5, 25, 30 o 40 hectáreas según los acuerdos vecinales previos.
Pocas veces la frase “la tierra es para quien la trabaja” tuvo tanto sentido: el reclamo rural tuvo como fundamento el hecho sustancial de que Misiones incorporó en su constitución provincial (que data de 1958, pocos años después de la provincialización del territorio) la posibilidad de una reforma agraria “que propicie el acceso del hombre a la propiedad de la tierra, el fortalecimiento de la familia campesina y la vigorización de la economía agraria”. Nada más (ni nada menos) que hacer cumplir la ley.
Del Estado y la pandemia
Dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, se encuentra la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, bajo la actual gestión de Miguel Ángel Gómez, referente del Movimiento Evita. Durante el gobierno de Mauricio Macri, esta dependencia fue particularmente golpeada: se despidieron cerca de 600 trabajadores en todo el país y mediante el vaciamiento de recursos se desarticularon políticas públicas al respecto. Ya el hecho de haber renombrado al ministerio como de “Agroindustria” dejaba entrever la connotación de época.
El INTA, el SENASA, el INTI o el INAES son organismos que interactúan con la agricultura familiar a través de programas específicos; lo mismo que con ciertas instituciones educativas, como el “Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Nacional” que ya lleva varios años de funcionamiento. En la provincia de Misiones también se destaca un organigrama propio: la Secretaría de Agricultura Familiar posee rango ministerial -siendo la única provincia del país que ostenta esa categoría- y también existe el IFAI (Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial). Por su parte, el Ministerio del Agro y la Producción estuvo históricamente ligado a los sectores productivos más representativos económicamente: tabacalero, yerbatero, o maderero. Según observan varias de las organizaciones sociales agrarias, tanto la mentada Secretaría como el IFAI no desarrollan políticas de fondo, sino incentivos como el reparto de semillas o ayudas puntuales para la comercialización de productos; dotándolo de un carácter más simbólico que estructural. En una provincia donde la tierra se disputa entre pinos y grandes plantaciones de yerba o tabaco, la producción familiar de alimentos a pequeña escala -y sin agrotóxicos- no resulta una apuesta tan rentable.
En Misiones, gran parte de los alimentos que se consumen son producidos por la agricultura familiar: además de ser una fuente laboral para los pequeños productores, el efecto que produce la cercanía entre los eslabones de la cadena tiene múltiples ventajas: según explica Alejandro Oviedo, incluye desde el restablecimiento de vínculos sociales entre habitantes de las ciudades y moradores del campo, la diversificación del acceso a frutas y verduras recién cosechadas, el reconocimiento y reconstitución de saberes respecto a la alimentación, y el acceso a precios justos (para ambos lados, incluyendo al consumidor ultimo), gracias a la eliminación de agentes intermediarios. Un combo que cierra por todos lados.
“La posibilidad de los productores de organizarse les permitió construir nuevos canales de comercialización más directos y mejorar sus ingresos, pero también proponer y participar en la implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer las posibilidades de sustentabilidad productiva y de inclusión económica de la actividad agropecuaria en Misiones”, explica Alejandro.
Con la llegada de la pandemia, también llegaron las sequías en Misiones: las cataratas quedaron con un caudal históricamente bajo, con apenas hilos de agua. La falta de lluvias también afectó el campo y las plantaciones, situación que hasta hoy se mantiene.
Wilmar Vaz analiza con cierta preocupación la coyuntura y advierte sobre otra de las consecuencias colaterales: el aumento de los gastos respecto a los víveres que los chacreros no producen, como aceite, harina o azúcar. Normalmente, se amañaban eligiendo donde comprar, posibilidad que se frenó y obligó a las familias a pagar más caro productos de primera necesidad en comercios cercanos que abusan de los precios: “Los productores, ya que agarran muy poca plata, buscan comprar más cosas con poco. Salen a buscar precio y eso se terminó”.
Sin embargo, las organizaciones campesinas en Misiones le hicieron frente a la pandemia con la mejor herramienta que tienen: su producción de alimentos. Donaron en distintos puntos de la provincia y entregan mercadería en comedores y merenderos abarrotados de gente que por no poder salir a hacer sus changas, tampoco lograron juntar unos pesos para comprar comida.
“También esta pandemia nos impulsa más a cultivar de forma orgánica, porque la buena alimentación es esencial para hacerle frente a cualquier enfermedad”, reflexiona Eduardo Vázquez de la Cooperativa Paraje Unidos, perteneciente al Movimiento Trabajadores Excluidos, una experiencia en la localidad de Puerto Libertad que ya lleva 4 años de existencia.
“Hoy por hoy, vivimos grandes enfermedades y no nos estamos dando cuenta de donde vienen, eso es porque estamos haciendo pedazos y destruyendo lo poco que nos queda”, coincide Adriano. Los pequeños productores no solo resisten; sino que reflexionan y buscan nuevas alternativas en un sistema que cada vez tiene más preguntas y menos certezas.
*Por Lucía Sabini Fraga para La Nación Trabajadora / Imagen de portada: Lucía Sabini.
