La (in)justicia patriarcal de siempre
Podríamos hacer una larga lista de nombres de compañeres, hermanes, preses por fallos injustos y profundamente patriarcales. En esta nota, repasamos las realidades que atraviesan y atravesaron Flavia Saganías, Luz Aimé Díaz, Higui y Sathya Aldana. ¿Qué comunican estos casos? ¿Por qué pueden ser leídos como aleccionadores del gesto rebelde de no someterse al mandato patriarcal? ¿Son una reacción conservadora ante el avance de los feminismos?
Por Redacción La tinta
En octubre de 2018, el femicidio de Lucía Pérez nos convocó con furia a las calles, a un Paro Nacional de Mujeres, para visibilizar la (in)justicia patriarcal que enfrentamos las mujeres, lesbianas, trans, travestis a lo largo de nuestras vidas. El desempeño judicial del caso de Lucía estuvo lleno de irregularidades, con enunciaciones y resoluciones basadas en estereotipos y mandatos de género vinculados con la violencia sexual y las violaciones.
Como colectivos LGTTTQ+, como feminismos, nos encontramos cada vez más en las calles y organizadas, comprendiendo que la forma de operar de lo que se dice “justicia” se asienta en bases patriarcales, tan antiguas como efectivas. Así es que fuimos haciendo públicas situaciones injustas, bien concretas, biografías dolientes y en resistencia, así como fuimos poniendo en discusión la estructura institucional. Si un gesto individual rebelde desata la furia judicial sobre el cuerpo de esa persona, es de esperar que haya una reacción violenta ante la organización por cada caso concreto. Sin embargo, aprendimos, por las situaciones concretas, que estar acompañando activamente a estas hermanas no sólo genera fortaleza para seguir en el tortuoso camino judicial, sino también presiona a un sistema judicial que se siente observado y también juzgado. No nos callamos más.
Ley Micaela
La Ley N° 27499 que lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio, sancionada a fines de 2018 y aún no reglamentada, obliga a todas las personas que integran los tres poderes del Estado a recibir capacitaciones sobre violencia de género. Esta ley es producto de la lucha de los feminismos en las calles, “la ley hace pedagogía en toda la estructura del Estado, desafiando la propia estructura patriarcal del Estado”, dice Verónica Gago. Si bien es un avance, sabemos que, en sí misma, la ley no garantiza nada y que queda mucho camino por recorrer, por ejemplo, aún no han adherido provincias como Corrientes, Formosa, Tucumán y muchas otras no han viabilizado la implementación.
La deuda del poder judicial es histórica y veremos de qué manera la obligatoriedad en la formación en géneros se articula en un ordenamiento jurídico occidental basado en normas patriarcales, que, en la mayoría de los casos, se traduce en no creer en las mujeres, trans, lesbianas, travestis, dudando de los relatos, revictimizándolas, sin investigación pertinente y dilatando los procesos judiciales. Si bien han empezado a gestarse procesos dentro del sistema judicial, es una de las instituciones que más discrimina en sus fallos; en el acceso y en todo el procedimiento. Acá, un breve repaso de situaciones que atraviesan y atravesaron hermanas, y que resonaron durante las últimas semanas.
Flavia Saganías: aleccionar a una madre
Flavia fue condenada sin pruebas, en noviembre de 2019, a 23 años de prisión “por instigar a la violencia”. En 2017, tras enterarse del abuso sexual que sufría su hija por parte de su ex pareja, y por la inoperancia de la justicia, usó la red social Facebook para hacer pública la situación. Un jurado popular de 12 personas y el tribunal que integra la Cámara del Crimen de Cruz del Eje la encontró culpable de haber instigado, a partir del posteo, un ataque contra su ex pareja, Gabriel Fernández, que llevaron a cabo su hermano y su madre. Flavia está presa, sus 5 hijos en una situación de vulnerabilidad y el abusador libre. “Confié en la verdad y en la justicia, y terminé en la cárcel”, escribió desde el encierro.
Flavia acumula en su cuerpo una historia de desprotección. Había realizado la denuncia contra su ex pareja, pero no recibió respuestas favorables por parte de la justicia, quien archivó la causa de ataque a la integridad sexual de la niña por “falta de pruebas”. Cuando el caso salió a la luz, fue claro el accionar de la justicia y de los medios masivos de comunicación, criminalizando a las mujeres madres que denuncian abusos, sin hablar de los denunciados, que gozan de impunidad. ¿Cuándo vamos a hablar de ellos?
Nora Cortiñas, siempre del lado de la vida, la visitó este verano en la cárcel de Bouwer. Las organizaciones de Capilla del Monte que confluyen en la multisectorial “Justicia para Flavia Saganías” expresaron: “la visita de Nora es clave para avanzar en el camino de la verdad y seguir corriendo el velo de silencio e impunidad que rodea esta causa. La tremenda vulneración de derechos de la infancia es altamente preocupante y este fallo aleccionador para una madre protectora es un terrible precedente que debe ser rápidamente revisado debido a la ilegalidad y la vulneración de derechos que supone”.
Luz Aimé Díaz: un fallo transodiante
Luego de estar 8 meses presa en el Penal de Ezeiza, hoy cumple una condena injusta y transodiante en un cuarto del Hotel Gondolín. Luz es salteña y vive desde 2017 en Buenos Aires, estaba estudiando en el bachillerato trans Mocha Celis. Fue acusada, en julio de 2018, por “intento de homicidio, robo agravado y privación a la libertad”. El 20 de febrero comenzaba el juicio oral, que fue pospuesto para abril. ¿Las pruebas en su contra? No mucho más que su identidad travesti y el estigma por su condición de migrante, pobre y trabajadora sexual. Un caso más de persecución y disciplinamiento para la comunidad trans y travesti.
La pesadilla de Luz comenzó mucho antes del fallo. Una noche, trabajando en Barrio Palermo, la contrataron dos varones y la llevaron a un departamento, ella brindó sus servicios y se fue. Meses después, mientras trabajaba, la detiene la policía. En ese momento, se entera de que estaba acusada de un crimen que había ocurrido en el departamento en que había estado esa noche. Según declaraciones, los dos varones, que contrataron los servicios de Luz aquella noche, habrían secuestrado y violentado a una persona, perteneciente a la comunidad LGBTTIQ+. Lo hicieron en una habitación contigua a la que habría estado Luz. La víctima fue abandonada, cuando la encontró su hermana, la hospitalizó y sobrevivió con graves lesiones. Luz no tenía un vínculo con quienes la acusaron.
Se organizó una Comisión por la Absolución de Luz Aimé Díaz, integrada por la abogada defensora y por docentes del Bachillerato Popular Mocha Celis, quienes activaron diferentes acciones para visibilizar el caso y denunciar la realidad que atraviesa Luz. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se sumó a la Campaña Absolución de Luz Aimé y participó como perito de parte para proveer un dictamen técnico, donde afirmaron que “el proceso estuvo atravesado por prejuicios basados en su identidad travesti, que derivó en un cambio de carátula y en una hipótesis sobredimensionada que no se sostiene en los hechos”, y continúa: “A lo largo del proceso, se evidenciaron sesgos, prejuicios y estereotipos basados en su identidad de género travesti, se ignoraron sus necesidades de atención específica por tener una limitación visual progresiva discapacitante y su detención tuvo un impacto desproporcionado en ella, adicional al propio del sistema carcelario.” En caso de ser condenada, Luz podría ser privada de su libertad con cadena perpetua.
Higui: acusada por defenderse
El juicio contra Eva Analía de Jesús “Higui” tenía fecha de inicio en febrero de 2020, pospuesto para agosto. En 2016, en los pasillos del barrio Mariló en San Miguel de Tucumán, Higui se defendió de una patota de varones que la atacó. No era la primera vez, sus memorias de hostigamiento, persecuciones y ataques por lesbiana son largas y dolorosas. “Si yo estaba en la parada del colectivo con mi pareja, me tiraban piedras, me echaban, me decían que me fuera, me preguntaban qué hacía yo por ahí todavía. Esto lo sufrí tanto yo como mi hermana la travesti. A ella también le prendieron fuego la casa y ahí murió una compañera travesti. Por eso, nos mudamos. Ella hace un par de años, yo antes”, contó Higui en una entrevista con Presentes.
Está acusada por defenderse de un intento de “violación correctiva” y de los golpes de un grupo de sujetos de su barrio. Higui frenó el ataque y, como consecuencia, uno de sus agresores murió. A partir de allí, toda una cadena de hechos absurdos e injustos se sucedieron: Higui fue acusada de homicidio y encarcelada por defenderse, no sólo de los ataques de sus agresores (devenidos en víctimas), sino, también, de una serie de ataques previos por ser lesbiana. A ella la detuvieron y acusaron de homicidio simple, procedimiento en el cual no se tomó en cuenta su relato. Estuvo casi ocho meses pres; en junio de 2017, fue liberada.
El movimiento organizado de mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries logró visibilizar su caso y ponerlo en la agenda pública. Higui, una mujer lesbiana y pobre del conurbano bonaerense, se convirtió en el reflejo crudo de la realidad que viven las mujeres y las disidencias ante los múltiples rostros de la violencia cotidiana patriarcal.
Sathya Aldana: ser denuncia
Familiares y amigues de Sathya se convocaron en una marcha para pedir justicia, frente a la dilación de medidas del poder judicial en el caso, que pone sobre la mesa el nefasto y deficiente operar de las instituciones del Estado ante las denuncias contra la integridad sexual de niñes y jóvenes.
«¿Te cansa leer historias de violaciones todos los días en las redes sociales? Peor es vivirlo«. Así escribió Sathya Aldana el 21 de diciembre, en un posteo en redes en el que narró el abuso sexual sostenido durante 6 años por su padre biológico, Walter Insauralde. Si bien, en 2017, se hizo la primera denuncia, hace una semana, fue imputado por la fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno. Esto ocurrió días después de que se hiciera público el suicidio de Sathya.
Ella había contado por primera vez lo que estaba viviendo en una clase de Educación Sexual Integral (ESI). Diversos estudios realizados en distintos puntos del país indican la importancia de la ESI como un espacio para hablar e identificar situaciones de abusos. Recientemente, un informe del Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires hizo público un estudio donde indican que el 70 y 80 por ciento de niñes que pasaron por el organismo comprendieron en las clases de ESI que fueron abusados.
El monstruo judicial no sólo nos devuelve el debate de la punición y la represión, mecanismos básicos del sistema patriarcal. También resulta un freno a las rebeldías de quienes se animan a vivir una vida otra. En todos estos casos, nos queda claro que ser una madre que no se somete y denuncia a viva voz, rebelarte al supuesto “don de la masculinidad” y ser una trabajadora sexual trans, defenderte de una agresión correctiva por lesbiana o sobrevivir a un abuso hasta contarlo, resultan gestos desafiantes que el sistema está preparado para aplastar. Nosotras, sin embargo, seguimos tozudas organizándonos por estas hermanas y resistiendo junto a ellas.
*Por Redacción La tinta.
