Nunca más militarización de la política: organismos de DDHH exigen que Pulleiro no sea designado en Seguridad
El coronel negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Operativo Independencia es hombre de confianza del gobernador Gustavo Sáenz.
Por Elena Corvalán para Página 12
Integrantes de organismos de derechos humanos convocaron a una conferencia de prensa ayer para difundir su rechazo a la designación del coronel retirado Juan Manuel Pulleiro en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta. También rechazaron que el área de violencia de género haya quedado bajo la órbita de esta cartera. Y denunciaron los abusos policiales sobre los sectores más vulnerables de la población.
“Creemos que (Pulleiro) no tiene que ser designado», afirmó la abogada María José Castillo, integrante de HIJOS y querellante en causas por delitos cometidos en el marco del terrorismo estatal, durante la última dictadura cívico militar. «Le exigimos al gobernador que cambie esta designación, que no ponga a esta persona», subrayó.
La abogada hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa realizada tras una ronda de prensa de las ex hijas de genocidas Florencia Lance y Mariana Dopazo, quienes también fueron consultadas sobre esta designación. «Como principio ético general, si alguien reivindica el terrorismo estatal no puede ocupar cargos en un estado democrático», afirmaron
Pulleiro fue comandante de la V Brigada de Montaña con asiento en Salta. En ese cargo, el 28 de mayo de 2017 encabezó un acto de homenaje en el 42º aniversario del denominado Combate de Manchalá. Entonces declaró a todos sus subordinados como «sucesores de esos hombres», los militares que en el marco del Operativo Independencia el 28 de mayo de 1975 se enfrentaron con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). «Nosotros somos los herederos de los valores y tradiciones de la vanguardia del Ejército del Norte y de los soldados salteños que combatieron por la independencia y que combatieron en Manchalá», sostuvo entonces.
«La reivindicación pública que este sujeto ha realizado en relación al Terrorismo de Estado constituye un hecho aberrante que lo vuelve incompatible para el ejercicio de cualquier cargo público», sostuvo la Mesa Provincial de Derechos Humanos en un comunicado difundido bajo el título «Nunca más a la militarización de la política».
Tras señalar que «a largo y ancho del país ha sido castigado social y judicialmente el accionar del Terrorismo de Estado que ocurrió incluso de forma previa al golpe del 24 de marzo de 1976», enfatizó que la defensa de Pulleiro al «Operativo Independencia en el denominado Combate de Manchalá, demuestra una clara postura anti derechos, negacionista y reivindicativa de los delitos más aberrantes que se cometieron en nuestro país».
Castillo dijo a Salta/12 que pedirán reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz, quien asumirá hoy, para plantearle que no debe entregar a un militar la conducción del área de Seguridad. «Es importante que el gobernador (…) entienda que no se puede llevar adelante de cualquier forma la política de seguridad» y que tiene que escuchar a los sectores formados que tienen experiencia de trabajo, añadió.
La abogada agregó que si Pulleiro resulta designado, también pedirán ser recibidos por él, «porque queremos saber qué piensa, qué políticas va a llevar a cabo». «No va a poder mantenerse en este cargo porque no es una persona formada para eso», anticipó enseguida.
Como integrantes de organismos de DDHH «no podemos permitir que sigan violándose los derechos humanos de los sectores vulnerables tras una política de seguridad que en realidad no resuelve nada, que agrava, que genera más inseguridad», añadió. En este año ya fallecieron 5 personas en operativos policiales.
La Mesa destacó que en la provincia «cada día aumentan los casos de gatillo fácil y de violencia institucional cometidos por la policía contra jóvenes provenientes de barrios marginados, donde la tasa de delincuencia no fue reducida, donde las instituciones carcelarias están en condiciones de hacinamiento y de superpoblación, donde las condiciones laborales de gran parte de los agentes de seguridad son precarias; dejar la responsabilidad del Ministerio de Seguridad a la cabeza de una persona como Juan Manuel Pulleiro implica un retroceso que genera una gran preocupación para todos quienes sostenemos la vigencia del Estado Social de Derecho como principio irrenunciable para construir una sociedad democrática».
Varios muertos en el ropero
Blanca «Nenina» Lezcano, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, reveló que Pulleiro “hizo un acuerdo aparentemente, por la información que vamos recabando, con Macri y Urtubey para tener un rol importante en la modificación del rol de las Fuerzas Armadas que hizo Macri con respecto a seguridad interior, o sea que él ya estaba asesorando sobre seguridad y Fuerzas Armadas».
Y advirtió que con el gobierno de Sáenz en Salta y el de Gerardo Morales en Jujuy «se está constituyendo un polo realmente peligroso para los derechos humanos y para el contexto del gobierno nacional que ingresa en este momento«. “Lo peligroso y lo triste de esto es qué rol va a tener Salta en el contexto latinoamericano con Morales en Jujuy, que ya sabemos que pasaron fuerzas militares norteamericanas y además estuvo el represor (Luis) Camacho, que fue uno de los protagonistas nazis del golpe de Estado a Evo Morales«, sostuvo.
Lezcano puso énfasis en que el Ministerio de Seguridad debe estar a cargo de un civil porque un militar no ha sido formado para esta área específica. Aunque señaló que “el civil que estuvo antes (el ministro saliente Carlos Cayetano Oliver) también dejó bastante que desear, porque (el gobernador saliente, Juan Manuel) Urtubey dejó varios muertos en el ropero que nunca se aclararon, e incluso siguió habiendo represión este mismo fin de semana y nadie aclara nada. Unos se van, otros llegan».
La referente de DDHH insistió en que Pulleiro es «un negacionista de lo que pasó en el terrorismo de Estado», y que llegó a reinvindicar el denominado Combate de Manchalá, un enfrentamiento entre integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y miembros del Ejército, en el marco del Operativo Independencia.
Destacó que enTucumán se abrió otra causa para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de este Operativo, en la que queda claro que «lo que pasó en Manchalá estaba dentro del Operativo Independencia y la represión sistemática que hubo en ese momento».
Por otro lado, el Instituto de Investigaciones en Cultura y Arte manifestó su «preocupación por la designación en el Ministerio de Seguridad de un militar retirado que ha hecho públicas declaraciones reivindicando el terrorismo de Estado».
Violencia de género
La abogada María José Castillo dijo que también pedirán a Sáenz que para el área de violencia de género «ponga a una mujer, una persona formada en esto, con experiencia y que implique de una vez y para siempre en Salta que se lleve adelante una política de prevención de la violencia. No podemos seguir actuando sobre los hechos consumados que implican la muerte, la violencia. Entonces prevenir es una cuestión que debe ser amplia. No puede ser vista desde la seguridad nada más. Por eso nosotros exigimos que siga en el ámbito del Ministerio de Justicia esta temática y que no se cambie a Seguridad y menos a Desarrollo Social, que implica una política de asistencia nada más», aseguró.
En el comunicado la Mesa señaló que «independientemente de lo cuestionable que es sacar dicha responsabilidad de la órbita de la secretaria de DDHH, el perfil de quien conducirá el Ministerio de Seguridad deja a las mujeres, lesbianas, trans y disidencias en una clara situación de vulnerabilidad y desprotección. Un hombre sin formación alguna en perspectiva de género y en DDHH a cargo de la tutela de las políticas en materia de género, implica un grave retroceso en esa materia en una provincia donde las tasas de femicidio y violencia de género han puesto a la provincia en una situación de emergencia nacional«.
También el Instituto de Investigaciones en Cultura y Arte compartió esta posición. «Creemos que las problemáticas relativas a las cuestiones de género no son parte del Ministerio de Seguridad y deben permanecer en la esfera de los Derechos Humanos como parte de un tratamiento integral que tenga en cuenta las dimensiones educativas sociales económicas y políticas que atraviesan esta problemática», sostuvo.
*Por Elena Corvalán para Página 12.
