El amor no es un crimen: la lucha por reformar el Código Penal marroquí
Nace una iniciativa popular para “forzar” al parlamento de Marruecos a debatir sobre la legislación que castiga las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o entre personas del mismo sexo, el adulterio y el aborto.
Por Mark Ferrá para Anred
Miles, quizás millones de hombres y mujeres están “fuera de la ley” en Marruecos. Son los que mantienen relaciones sexuales sin estar casados o con personas de su mismo sexo, las que cometen adulterio o abortan. El Código Penal marroquí castiga con cárcel todas estas conductas. En la actualidad, estas leyes no se aplican con rigidez, pero el hecho de figurar en la legislación obliga a la discreción y a la clandestinidad.
Tras los meses de verano, el debate sobre estos artículos se ha reactivado, sobre todo en las redes sociales, y canalizado por el Colectivo 490. “Estamos violando leyes que son injustas, obsoletas, que ya no son necesarias”, denuncia el texto difundido por el colectivo, al que ya se han adherido más de 12.000 personas. Una de las promotoras, la directora de cine Sonia Terrab, explica que se sintió obligada a actuar porque está “cansada” de las situaciones de muchas mujeres y jóvenes, y reclama reformas urgentes.
Tras más de dos meses de vida, el Colectivo 490 ha dado un paso más para que el debate sobre las libertades individuales cruce las puertas del parlamento marroquí. El jueves 5 de diciembre se lanzó la iniciativa El amor no es crimen, para pedir a la cámara de representantes que “suprima todas las leyes que criminalizan el amor y la libertad individual”. Se trata de una iniciativa popular que han presentado en la web del gobierno y que necesitará superar las 5.000 adhesiones de ciudadanos para que llegue al hemiciclo.
Según explica la directora de cine, después de la gran acogida que ha tenido el manifiesto, han decidido presentar esta iniciativa popular para que los diputados tengan que debatir sobre esta cuestión.
Uno de los detonantes del nacimiento del movimiento fue la condena, a finales de verano, de la periodista Hajar Roissouni a un año de cárcel por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y abortar. También condenaron a su pareja y al equipo médico que supuestamente llevó a cabo la interrupción del embarazo. Finalmente, todos fueron indultados por el rey Mohamed VI -“por preservar el futuro de los dos prometidos que tenían la intención de fundar una familia conforme a los preceptos religiosos y a la ley, a pesar del error que habrían cometido”, defendía el comunicado del palacio real-.
Pero el indulto no logró acallar ni apaciguar el debate, tampoco las críticas de varias organizaciones en defensa de la libertad de expresión. Apuntaban que la verdadera intención de su condena era castigar su trabajo periodístico, crítico con el poder en varias ocasiones. Más allá del trasfondo de la detención, muchas personas, en especial jóvenes, alzaron la voz y llenaron las redes sociales de mensajes pidiendo su liberación y el fin de las leyes “injustas y obsoletas”, según apunta Terrab.
Otra referente, la socióloga Sanaa El Aji, defiende en un artículo de opinión, publicado en MSur, que el indulto a Hajar Raissouni “no significa que se haya resuelto el problema legal que limita las libertades individuales en Marruecos”. Considera que actualmente sigue habiendo miles de mujeres en las cárceles por los mismos motivos que Raissouni, “pero esta amnistía es un paso esencial para fomentar el debate público sobre estas libertades individuales en Marruecos”.
La Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, un organo semioficial, también recomendó en su memorándum, presentado a finales de octubre, despenalizar las relaciones sexuales entre adultos no casados, y “otorgar más libertades religiosas”. Esta semana, la entidad Human Rights Watch (HRW) también ha pedido al parlamento que tome en consideración estas peticiones para “sacar al Estado de los dormitorios de los ciudadanos y dejar que continúen sus vidas privadas sin temor a juicios”, en palabras de Ahmed Benchemsi, representante de la entidad en Oriente Medio y África del Norte.
El artículo 490
El Colectivo 490 critica que, si bien las relaciones sexuales fuera del matrimonio son una realidad en el país, estas impliquen el riesgo de acabar ante un juez. Solo el año pasado, según explican los activistas, más de 14.000 personas fueron procesadas por incumplir el artículo 490 del Código Penal, que castiga con penas de un mes a un año de cárcel estos comportamientos. Para Sonia Terrab, lograr modificar este artículo sería un muy buen principio porque “abriría la puerta a muchas posibilidades”.
En el caso de los abortos, permitidos por ley solo “cuando la salud de la madre está en riesgo”, los castigos pueden llegar a los dos años de cárcel para la mujer embarazada. Además, la legislación también contempla penas para los profesionales médicos que los realizan y su inhabilitación. Aceptando este riesgo y, a menudo, en deficientes condiciones sanitarias, se producen entre 600 y 800 abortos clandestinos cada día, según cifras de las asociaciones en defensa de los derechos de la mujer.
El adulterio se castiga con un máximo de un año de cárcel, y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, calificado por el Código Penal como “acto contra natura”, pueden suponer una pena de seis meses a tres años. El año pasado, se juzgaron a 170 personas homosexuales y más de 3.000 por adulterio.
El trasfondo de las leyes
Estas leyes son un “problema” para luchar contra la violencia machista, defiende Stephanie Willman, socia fundadora de la organización MRA, en defensa de las mujeres: “Si eres víctima de una violación y vas a la policía para denunciarlo sin poder probar que te has resistido o sin evidencias físicas de violencia, pudes ser denunciada por haber mantenido relaciones sexuales sin estar casada”.
Para la activista, con más de 20 años de experiencia en el país, el artículo 490 es una barrera para que cualquier mujer denuncie: “Tampoco puedes denunciar violencia machista de tu pareja si no estás casada, porque corres el mismo riesgo”.
Según datos del último informe del ministerio marroquí de Igualdad, más de la mitad (un 54 por ciento) de las mujeres del país sufren algún tipo de violencia, y solo un 7 por ciento denuncia ante la policía.
“Cuando tenía 17 años, me encontré en una relación abusiva con un joven violento. Traté de dejarlo varias veces, pero él me amenazó y me golpeó. Estaba demasiado avergonzada para hablar con mis padres, y demasiado asustada para ir a la policía. No estábamos casados y podría haber terminado en la cárcel”, es el testimonio de Sara, una de las muchas voces que ha recogido el Colectivo 490 y difunde en las redes sociales.
Más allá del Código Penal, existen muchas más dificultades. “Las mujeres no podemos hablar de sexo con nuestras madres”, relatan Malak y Zineb, dos chicas jóvenes de Rabat, que explican que todo lo relacionado con la sexualidad es un tema tabú en la sociedad. Ellas hablan abiertamente y tienen muy clara una idea: “Si eres rico puedes hacer lo que quieras y no tienes que preocuparte por las leyes”.
Estas jóvenes explican que, además de tomar precauciones, se necesita dinero para poder tener relaciones sexuales sin estar casada; cuentan que los preservativos o las pastillas anticonceptivas son muy caras, y que además hay que pagar un apartamento de Airbnb o, con suerte, un hotel, ya que muchos establecimientos piden un certificado de matrimonio para que una pareja pueda compartir una habitación.
Expertas y activistas coinciden en que cualquier cambio en el Código Penal marroquí va a necesitar tiempo, como todas las reformas que ha afrontado el país. Se trata de un debate que existe desde hace tiempo, pero que se ha reactivado con fuerza y las organizaciones en defensa de los derechos individuales se muestran decididas a mantenerlo vivo: quieren que esté en boca de todos, que los jóvenes hablen, que el debate llegue a las calles y que tarde o temprano sean los gobernantes los que tengan que abordarlo.
*Por Mark Ferrá para Anred
