Las bombas de las fuerzas armadas colombianas asesinan a niños y niñas
El gobierno colombiano está envuelto en un nuevo escándalo luego de conocerse que, durante un bombardeo militar, fueron asesinados ocho menores de edad.
Por Sergio Segura para La tinta
“El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos, nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso” (14 de enero de 2019. General Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano).
En el año 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, un agente de inteligencia militar engañó a 15 niños indígenas del norte del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Ganando su confianza con regalos como dinero y celulares, los convenció de asistir a una supuesta escuela de formación para incorporarse a las antiguas FARC-EP. Horas después de que el farsante abandonara el campamento, los 15 niños murieron en un bombardeo de las fuerzas militares. Como es tradición en el sistema político militarista colombiano, acompañado del poder mediático, la masacre fue reportada ante la opinión pública como un exitoso golpe al “narco-terrorismo”, permaneciendo en total impunidad judicial y en el absoluto olvido social.
Hoy, la historia se repite. Tras conocerse el regreso a la lucha armada de una parte minoritaria de la guerrilla, el presidente Iván Duque prometió una efectiva persecución. 12 horas después, la noche del 29 de agosto, se llevó a cabo un bombardeo en el departamento del Caquetá, al sur del país. Duque celebró la acción militar contra supuestos “14 disidentes de las FARC”. “Anoche, autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narco-terroristas –justificó el mandatario-, que son residuales de lo que se conocía como las FARC, y que hace parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia. Pues anoche, gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de esa organización”.
Los medios privados de comunicación reprodujeron sin ningún tipo de cuestionamiento todos los pronunciamientos del gobierno y de los generales del Ejército, mostrando imágenes del ataque aéreo y, posteriormente, los muertos en las bolsas, haciendo la salvedad de que los detalles de la operación eran reservados.
No obstante, la noche del martes pasado, durante el debate de “moción de censura” programada contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el senador Roy Barreras expuso un informe donde se denuncia que el ministro le escondió al país que en dicho bombardeo murieron ocho niños, niñas y adolescentes. Algunos de los cuerpos no se pudieron identificar, ya que estaban destrozados, por lo que las víctimas podrían ser más. El ministro se defendió asegurando que los niños formaban parte del cordón de seguridad de un guerrillero.
Crímenes y mentiras del ministro
Botero anunció su renuncia en la noche del miércoles. Esta decisión debe entenderse no solo como producto de la presión ciudadana, sino también a modo de maniobra, pues se anticipa a la votación que los congresistas deben realizar para concluir la moción de censura. Del mismo modo, su renuncia busca evadir la responsabilidad de los crímenes militares, la violación de derechos humanos y las mentiras descubiertas en varias de sus declaraciones.
Sobre el homicidio del ex combatiente Dimar Torres, ocultado por el ministro, afirmó primero que había sido producto de un forcejeo. Quedó demostrado que la víctima fue torturada y que todo estuvo premeditado y confirmado en un grupo de WhatsApp creado para tal fin.
Otra falsedad del ministro Botero fue culpar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la muerte de María del Pilar Hurtado, líder social de Córdoba, torpedeando así las investigaciones y, además, afirmando que la víctima asesinada no era líder social. El negacionismo también se vio reflejado cuando se hablaba de la situación de seguridad de Puerto Carreño, capital del Vichada, territorio con cultivos de hoja coca y rutas para “trata de personas”, asegurando que el mayor problema de seguridad de la zona era el “hurto de ropa de los tendederos”.
Del mismo modo, lo hicieron en la ONU. Con la intención de generar una condena internacional al ELN y al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, presentaron un informe falso, con fotografías del ELN -supuestamente recientes-, reclutando niños en Táchira (Venezuela). Luego, se descubrió que eran fotos en una actividad educativa que la guerrilla desarrolló en el año 2015 con comunidades campesinas al suroccidente de Colombia.
Uno de los hechos más recientes se dio en el departamento del Cauca, con la muerte del joven comunero y líder social Flower Trompeta, a quien se lo llevó el Ejército y, después de torturarlo, metiendo su mano en una máquina despulpadora, lo mataron y lo quisieron hacer pasar por disidente de las FARC. Esto se conoció gracias a las denuncias de la comunidad.
Justificación de la muerte
Antes de renunciar, el ministro ofreció una “rueda de prensa” (sin posibilidad de preguntas), acompañado de Luis Fernando Navarro, general de las fuerzas militares y ahora designado por Duque como reemplazo de Botero en la cartera de Defensa. No mencionaron las muertes. Se detuvieron en los aspectos técnicos y en la reafirmación de la ética de sus tropas. Se congraciaron con la acción militar, según ellos, por estar en el marco de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, el personero del municipio de Puerto Rico (Caquetá) contradijo la versión, indicando que la fuerza pública conocía las denuncias del reclutamiento y la permanencia de niños en el campamento: “La personería municipal de Puerto Rico tiene documentado tres casos y todas son niñas entre los 13, 16 y 17 años que fueron reclutados en la vía rural del municipio de Puerto Rico, exactamente en las veredas la Flor, La Pringamosa y Villahermosa Alta, en hechos que ocurrieron a finales del mes de julio, o sea, 65 días antes de que se hiciera el bombardeo en área rural de San Vicente del Caguán”.
A su vez, el senador y ex presidente Álvaro Uribe, jefe político de esta corriente de pensamiento basada en la generación de miedo y odio, realizó su respectiva defensa del Ejército: “Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno?”.
En este acontecimiento, existió, como sucede con los falsos positivos (militares y judiciales), solo la intención de mostrar “victorias militares”. Durante las explicaciones que dieron en la rueda de prensa, continuaron enfocando sus argumentos en aspectos meramente normativos y procedimentales, enfatizando en que lo importante era la muerte de “Gildardo Cucho” y continuar “la lucha contra el narcotráfico”.
Otras declaraciones durante este primer año de gobierno han de sido similar envergadura. No hay paramilitarismo, sino “gente mala matando gente buena”, fue la respuesta de Botero cuando le preguntaron sobre quiénes asesinan a líderes sociales. “No andaban recogiendo café”, “hay masacres con criterio social” y “traficantes de los derechos humanos”, han sido algunos de los calificativos de Uribe para justificar masacres a indígenas y asesinatos de políticos de izquierda.
Por las razones anteriormente expuestas, debería irse del gobierno no solo Botero, sino toda la cúpula militar, como signo del fracaso estatal en materia de seguridad y derechos humanos.
*Por Sergio Segura para La tinta
