¿Una operación Lava Jato dentro de la propia Lava Jato?
Las revelaciones sobre las operaciones judiciales y políticas para encarcelar al ex presidente Lula generan un escándalo en Brasil y en el mundo.
Por Rafael Heiber para Nodal
La manera en que la Operación Lava Jato ha operado desde el principio ha levantado sospechas contundentes sobre su parcialidad política. Ocurre que incluso un sofisticado mecanismo de manipulación necesita estropearse para seguir funcionando. En este caso, el estrecho vínculo entre el equipo de fiscales de la acusación, liderado por Deltan Dallagnol, el gabinete del (ex) juez Sergio Moro (que sentenciaría el caso) y el oligopolio de medios de comunicación brasileños, al tiempo que construían el guion de la vida pública nacional dejaba rastros de colaboración difíciles de borrar.
El ejemplo más grave fue la interceptación telefónica ilegal de conversaciones entre Dilma Rousseff, entonces presidenta en ejercicio, y Lula, a quién le ofreció un cargo de ministro mientras era investigado. En pocas horas, esta grabación exenta de cualquier contenido irregular por parte de sus interlocutores terminó en manos de los medios de comunicación. Allí, la opinión pública los sentenciaba, desconociendo o ignorando las serias asimetrías de la operación. Hasta hoy nadie sabe bien cómo se ha gestionado este procedimiento casi cinematográfico.
Ahora que hay evidencias materiales de que Moro mantenía comunicaciones directas con el fiscal de la acusación -para juntos coordinar los pasos de la Operación Lava Jato-, los sectores sociales que desconfiaban de los objetivos políticos del proceso ganan fuerza para reivindicar el derecho a la presunción de inocencia de Lula. Por otro lado, es lamentable tener que reconocer el bajo perfil de espíritu republicano en la sociedad brasileña, de modo que los sectores sociales ideológicamente contrarios a Lula sean indiferentes a un juicio tan parcial.
Pero más allá de Lula, estos últimos acontecimientos refuerzan la denuncia encabezada por algunas organizaciones internacionales, entre ellas el Common Action Forum, de que está en marcha un dispositivo global de injerencia política, a través de aparatos jurídicos apropiados y medios de comunicación asociados. Algo que denominamos Lawfare y que necesita ser combatido, independiente del espectro ideológico de las víctimas, porque en última instancia pone a la democracia en peligro.
Desde que la dictaminó el ex juez Moro, la sentencia de condena a Lula ha sido una fuente interminable de críticas alrededor del mundo por parte de juristas imparciales y de máximo prestigio. Dejo tres ejemplos, sin ir más lejos: Baltasar Garzón, Herta Däubler-Gmelin y Eduardo Barcesat (todos participantes o asesores del Common Action Forum). No existe ninguna materialidad sostenible en los argumentos de la sentencia que permita considerar a Lula como beneficiario de propinas a través de un apartamento en la playa, del cual nunca fue propietario y nunca ocupó. Los argumentos son inconsistentes. Además, y perdón por la ironía, cualquier persona mínimamente razonable que conozca las playas de Sao Paulo sabe que sería una ofensa ofrecer un apartamento en aquella localidad como intento de propina, sobre todo a un ex presidente.
Pese a todo, Lula ha sido condenado y obligado a cumplir su pena, antes incluso de agotar todos sus recursos de defensa dentro del cuestionable, pero vigente, sistema de recursos de cuatro instancias. Así que, ante todos estos precedentes, y sin opinar como jurista, es muy arriesgado prever si las denuncias publicadas ahora por The Intercept serán suficientes o no para anular la condena.
Recordemos que fue a partir de esta sentencia que a Lula se le impidió disputar las elecciones, cuyas encuestas le daban amplia ventaja, lo que convirtió a Jair Bolsonaro en presidente. El mismo Bolsonaro que hace pocos días hizo público que le había prometido el puesto a Moro, además de programar su futuro nombramiento a la Corte Superior de Justicia. Si faltaban indicios materiales para reforzar sospechas sobre intereses políticos por parte Moro, sus conversaciones de colaboración con la fiscalía de acusación ya dejan pocas dudas.
Lo que vamos a ver en los próximos días es un intento por amortiguar el impacto de estas conversaciones, pero también de criminalizar el acceso a este material, y de generar dudas sobre el interés de aquellos que lo publicaron. Considerando el nivel de fanatismo que existe en Brasil, esto puede funcionar a la hora de mantener la fidelidad de sectores más conservadores. El giro más importante se dará ahora en dos niveles: primero, en el campo internacional, sobre todo los medios de comunicación, que valoran la importancia de estas publicaciones y son capaces de generar un análisis mucho más objetivo, cuyo efecto repercutirá en Brasil y reforzará denuncias apoyadas por actores con credibilidad; segundo, el efecto en el interior de la Operación Lava Jato.
Mi hipótesis, si se confirman las evidencias, es que allí había o hay profesionales que creían en el trabajo que estaban haciendo y ahora perciben que, en lugar de combatir la corrupción, han participado del más importante fraude jurídico-político de la historia del país. Y en lugar de un hacker, pronto podríamos tener a un whistle-blower brindando a la ciudadanía un poco de realidad.
*Por Rafael Heiber para Nodal
