¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), conformada por el Ilsed, la Fundación Vía Libre, NEGyS (UMET) y el CELS, presentó una propuesta para transformar las relaciones indebidas entre el poder judicial, el sistema de inteligencia y sectores políticos y mediáticos.
Por Redacción La tinta
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es un espacio destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia de la República Argentina. Esta iniciativa representa una respuesta de la sociedad civil a la necesidad de construir un espacio comprometido con la democratización de los organismos de inteligencia, en particular, a través del impulso de políticas destinadas a mejorar los controles internos y externos del sistema, cuya efectividad es de vital importancia para el buen funcionamiento del Estado de derecho y las instituciones democráticas.
El organismo difundió recientemente el informe «¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?» en el que realiza un aporte para rediscutir las relaciones entre el poder judicial, el sistema de inteligencia y sectores
políticos y mediáticos.
«La idea de que nada puede hacerse, de que el sistema siempre ha funcionado en base a pactos que no pueden romperse sobrevuela muchos de los debates o la falta de ellos. Sin embargo, hay varios caminos que conducirían a transformar esas relaciones (…) Convocamos a iniciar un proceso de cambio normativo, organizativo y de prácticas que requiere voluntad política y consensos sociales», expresaron las organizaciones que integran ICCSI.
Repasemos las medidas propuestas por el ICCSI para refundar el sistema de inteligencia y promover una transformación democrática.
Disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
ICCSI propone la disolución de la AFI y la refundación del sistema de inteligencia. «Es necesario conformar un organismo de producción de inteligencia nacional estratégica en la órbita de la Presidencia que esté integrado por personal abocado de manera exclusiva al análisis de las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación. Los integrantes de este nuevo órgano deben tener prohibidas las tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal», afirman desde las instituciones.
Aseguran que las ilegalidades cometidas por el organismo rector de la inteligencia nacional tornan imprescindible reestructurar el sistema.
«El escenario actual está marcado por el desgobierno y el descontrol de los órganos de inteligencia, y por la proliferación de redes de espionaje ilegal, principalmente político. Además de estar cruzadas por negocios privados y esquemas de recaudación ilegal a partir de extorsiones, las redes están financiadas con fondos reservados millonarios, usados para comprar gobernabilidad e influir en medios de comunicación».
Prohibir las funciones de investigación criminal
Para refundar el sistema de inteligencia -sotienen desde ICCSI-, hay que prohibir que los integrantes del organismo de inteligencia participen de las investigaciones criminales que deben ser llevadas a cabo por policías y mantenerse en el ámbito del sistema judicial.
«Las falencias del sistema de seguridad y los déficits de las policías en la función de investigación provocaron que cada vez más jueces y fiscales demanden actividades de investigación a la AFI como si fuese una policía más. Esto está naturalizado, pero viola la ley vigente. Al mismo tiempo, los gobiernos pretenden utilizar la estructura de la AFI para tareas operativas contra el narcotráfico y, de este modo, competir con las policías», señalan.
Por su parte, la justicia federal normalizó la intervención de la AFI como policía de investigación y mantiene una relación de conveniencia mutua que, en algunos casos, implica delegarles directamente la investigación penal a los servicios o usarlos para la extorsión y la producción de información. «Este vínculo no tiene control y los resultados son evidentes: crece el espionaje político y el mercado ilegal de la información, las pruebas judiciales son endebles, se fabrican causas y se intercambian favores que corrompen y comprometen las investigaciones», remarcaron.
Reorganización de la captación de las comunicaciones y protección de la privacidad
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia manifiesta, además, que es necesario un marco regulatorio específico para cada uno de los distintos tipos de escuchas. Por un lado, para las que se realizan con fines de investigación criminal -las que se producen en causas judiciales-. Y, por otro, para las escuchas de inteligencia -las que hoy realiza la AFI, sin causa judicial-.
«En la actualidad, los dos sistemas están superpuestos. El sistema de inteligencia debería tener su propio sistema de escuchas, bajo autorización y control judicial, y los Ministerios Públicos (federal y provinciales) deberían quedar a cargo de las ‘escuchas judiciales’. Aunque en los dos casos se trata de escuchas, sus fines institucionales son distintos», sostuvieron, y agregaron que, en simultáneo, se debe cambiar el circuito de producción de las escuchas y sancionar una ley de protección de la privacidad de las comunicaciones que reformule el sistema.
Nuevo régimen sobre los alcances del secreto
Como señalan desde ICCSI, no hay control democrático posible de las actividades de inteligencia si no se redefine la lógica del secreto bajo la cual funciona la AFI y el resto del sistema nacional de inteligencia. Por lo tanto, es indispensable derogar el Decreto 656/2016 y establecer nuevas reglas públicas sobre el alcance del secreto, quién lo dispone, bajo qué requisitos y cómo se logra la desclasificación de información.
«El secretismo se convirtió en la regla general de actuación. A su amparo, se desarrolló un sistema institucional informal que otorga amplios márgenes de arbitrariedad para quienes lo integran. En un Estado democrático, el secreto no puede alcanzar a todas las actividades de los organismos de inteligencia, ni puede tampoco ser resguardado por tiempo indeterminado», añadieron.
Nuevo sistema de control parlamentario y externo
Las organizaciones denuncian también que, en casi dos décadas de funcionamiento, la Comisión Bicameral de Inteligencia no sólo «nunca cumplió con su rol», sino que, además, «agravó el descontrol político al funcionar como una instancia de encubrimiento de las ilegalidades».
«Eso demuestra que el control no se puede concentrar en un único órgano, sino que se debe pensar en otros mecanismos que rompan los pactos de gobernabilidad de manera transversal. Entre las posibilidades, encontramos las figuras del/a relator/a y del ombudsman/woman, con amplias facultades de supervisión y obligación de rendición de cuentas a la sociedad civil», señalaron.
Para que el control sea efectivo, debe haber acceso total a la información, incluida la información reservada. En caso contrario, no hay forma de que se analice si el Estado está haciendo uso legal y legítimo de sus atribuciones.
Régimen de actividades permitidas y sistemas de autorización exigibles
Debe establecerse un marco legal que, expresamente, indique las actividades de inteligencia prohibidas, las permitidas y el sistema de autorización exigible según el carácter de la actividad.
«¿Qué autorización se necesita para seguir a una persona y fotografiarla en lugares públicos? ¿Por cuánto tiempo puede hacerse esto? ¿Qué ocurre con esa autorización cuando la persona ingresa a un lugar privado de acceso público (por ejemplo, un bar)? ¿Y cuando ingresa a un lugar privado como su domicilio? La ausencia de un régimen legal adecuado que establezca los límites del sistema de inteligencia permite que las actividades se ordenen informalmente, se cuelen pedidos ilegales y sea imposible establecer responsabilidades», se preguntan desde el espacio ICCSI.
Las actividades reservadas también deben seguir procedimientos de autorización, registro y control de legalidad y resultados. La informalidad total, junto con la reserva de las actuaciones, es lo que hoy permite el desvío de fondos, el espionaje ilegal, las extorsiones y los negocios espurios. Para que esto sea posible, es necesario un esfuerzo de formación y capacitación de los jueces federales respecto del control judicial de las actividades de inteligencia, porque hoy ese control no existe.
* Por Redacción La tinta
