Radio el Grito: “No acallarán a los medios comunitarios”
La semana pasada, ENACOM clausuró la transmisión al aire de esta radio comunitaria, argumentando que la señal provocaba interferencias en la banda asignada al Servicio Móvil Aeronáutico. Tras arreglar el desperfecto técnico, desde Radio El Grito, exigen que se autorice de inmediato a continuar con las emisiones por la frecuencia 95.5 que, desde hace más de 12 años, garantiza el derecho a la comunicación en el valle de Traslasierra.
Por Débora Cerutti para La tinta
Radio el grito es un proyecto cooperativo que inició en 2005 con la apertura de la Biblioteca Popular Pérez Esquivel y, un año más tarde, con la señal al aire de la Radio Comunitaria El Grito FM 95.5. Desde entonces, varias mudanzas han marcado su trayecto y huellas por el valle de Traslasierra. La radio comenzó emitiendo desde Nono, localidad del Departamento San Alberto, pueblo que se encuentra a 150 km al oeste de la capital provincial, para luego trasladarse a Los Hornillos en el año 2012. Primero, estuvo en la Biblioteca Popular de Los Hornillos y, desde el 2015 hasta la actualidad, en el espacio comunitario La Ronca, donde conviven diferentes proyectos autogestivos: una editorial, una panadería, talleres de oficios, entre otros.
Tras 12 años de historia y de ejercer los derechos a la comunicación, Radio El Grito fue clausurada. El día lunes 11 de marzo de 2019, personal del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) arribó a las instalaciones de la radio y les comunicó que la señal estaba produciendo interferencias dentro de la banda asignada al Servicio Móvil Aeronáutico, afectando las comunicaciones de aproximación y despegue de aeronaves al ACC de Mendoza (Centro de Control de Área Mendoza).
Sin oponer ningún tipo de resistencia, el colectivo accedió a dejar de transmitir a través de la FM 95.5 MHz hasta tanto encontrase el desperfecto que pudiera estar generando dicha interferencia en la planta transmisora y que personal matriculado del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (CoPITEC) constate que dicha interferencia (si realmente existió) fue eliminada.
El lunes de esta semana, el desperfecto técnico fue detectado, reparado y la interferencia cesó, por lo que el próximo día viernes 22 de marzo, la cooperativa presentará el informe técnico con toda la documentación que acredita la inexistencia de interferencias por parte de la emisora.
Ayer, desde la Cooperativa, emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante la clausura y las políticas comunicacionales que se vienen ejerciendo desde el gobierno nacional con Mauricio Macri a la cabeza. Una política que contraría los principios establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
En primer lugar, destacan el decreto 267/2015 que creó el ENACOM, “que afectó la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), transgredió derechos consagrados en esa ley, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en ella, así como los estándares internacionales sobre libertad de expresión”.
En segundo lugar, hicieron referencia a una serie de resoluciones del ENACOM, como la resolución 9436 E/2016 “que habilita a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización para declarar la ilegalidad, la clausura, el decomiso o secuestro de equipos en casos de interferencias sobre el Servicio Móvil Aeronáutico o el Servicio de Radionavegación Aeronáutico utilizados en Aeropuertos o Aeródromos”.
Este último punto pareciera lógico, pero, desde El Grito, plantearon que se trata de una sofisticación del argumento sostenido durante muchos años por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) en la época anterior a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese sentido, el colectivo afirmó: “Decimos sofisticación porque la mencionada resolución establece plazos casi siempre imposibles de cumplir para las radios comunitarias (como otorgar sólo tres días hábiles de labrada un acta de constatación e inspección para presentar el descargo), costos muchas veces inaccesibles (a partir de 15 mil pesos sólo para una comprobación y testeo de equipos por parte de ingenieros matriculados en CoPITEC), otorgándose el propio Estado plazos extremadamente laxos para responder los descargos e informes técnicos de nuestras emisoras (45 días, con posibilidad de prórrogas indefinidas)”.
Además, manifestaron que el argumento de posibles interferencias es también utilizado para declarar la ilegalidad de las emisoras comunitarias “cuando es el propio Estado quien no ha cumplido con el llamado a concurso para el otorgamiento de licencias que permitan a las radios comunitarias ajustarnos a derecho”. Tal es el caso de Radio El Grito que fue censada en el año 2010 en el marco del “Relevamiento obligatorio de los servicios operativos de radiodifusión sonora y de licencias, autorizaciones permisos precarios provisorios”, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como paso previo al llamado a concurso para el otorgamiento de licencias.
Ante esta situación, se pretende dejar en claro que las políticas de estado de censura y persecución no lograrán acallar a los medios comunitarios.
*Por Débora Cerutti para La tinta.
