Los inquilinos no se rinden
Tras perder estado parlamentario en diciembre, presentaron un nuevo proyecto de Ley de Alquileres en el Congreso. Proponen contratos de tres años, ajustes anuales y eliminar usos y costumbres abusivos.
Por Paula D’Atri para Anccom
Alquileres elevados, depósitos abusivos, expensas impagables. Millones de inquilinos en Argentina sufren esa clase de obstáculos, en un contexto en donde acceder a la vivienda propia es casi imposible. Un nuevo proyecto de Ley Nacional de Alquileres ingresó al Congreso para intentar obtener una solución que naufragó el año pasado, pese a que había logrado media sanción en el Parlamento.
Analía tiene un negocio de arte familiar en el barrio de San Telmo sobre la calle Defensa. En 2003, cuando nacieron sus hijas, se mudó junto con su marido a un departamento más grande del que tenían. “Los primeros dos años firmamos un contrato y, luego, acordamos de palabra con la dueña directa. Nos cobraba un poco menos de lo que estaba en realidad el valor en la calle y, con eso, zafábamos bastante. Cuando la propietaria quiso actualizar el valor, se nos hizo imposible para nuestra economía poder pagarlo. En el negocio, las cosas no estaban bien y nos fuimos a un departamento de mis suegros. Al principio, la idea era estar poco tiempo, pero nunca pudimos repuntar”, explica. El de Analía es un caso, entre muchos otros, de alquileres que se vuelven imposibles de sostener. A esto, se suman requisitos cada vez más estrictos, cláusulas abusivas y todo tipo de arbitrariedades que perjudican el eslabón más débil de la cadena.
El 14 de febrero, con la firma de la senadora del bloque Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu, reingresó en la Cámara Alta un proyecto de Ley Nacional de Alquileres. En 2016, había obtenido media sanción, pero la resistencia por parte del sector inmobiliario generó la dilatación del tratamiento definitivo de la norma. “Desde hace tres años, junto a mi equipo de trabajo y el Frente Nacional de Inquilinos, venimos insistiendo para que este proyecto sea ley. No vamos a bajar los brazos y, este año, lo presentaremos una vez más”, expresó la senadora en un comunicado en su sitio web.
A pesar de que el 12 de octubre del año pasado el presidente Mauricio Macri había expresado su apoyo al proyecto, la iniciativa perdió estado parlamentario cuando el Gobierno, contradiciéndose, decidió no incluir el tema en las sesiones extraordinarias de diciembre.
“La iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. Se pretende dar respuesta a la inflación que afecta de forma ascendente a todos los inquilinos que hay en la Argentina. La reforma propuesta transparenta el mercado y protege a los actores que participan de estos contratos”, destacó García Larraburu.
El proyecto de Ley, que cuenta con el respaldo de las organizaciones de inquilinos de todo el país, entre sus puntos más salientes, destaca la extensión del plazo mínimo de un contrato de alquiler a tres años en lugar de los dos años actuales; asimismo, se introduce la obligatoriedad de acordar las condiciones de la renovación del contrato con tres meses de anticipación. En tanto, el depósito en garantía se reduce a un mes de alquiler por la totalidad del contrato y se establece que el locador deberá restituirlo actualizado al último mes del alquiler. Por otra parte, el inquilino no tendrá a su cargo el pago de los impuestos que gravan la propiedad ni las expensas comunes extraordinarias, sólo deberá abonar las que deriven de sus gastos habituales.
Existen en Argentina 7.480.000 inquilinos que destinan, en promedio, el 45 por ciento de su salario al pago de un alquiler, sin contar los gastos en expensas, impuestos y servicios. Estos datos fueron obtenidos por la Segunda Encuesta Nacional a Inquilinos realizada por la Federación de Inquilinos en agosto del 2018. Teniendo en cuenta la inflación y la consecuente caída del salario real, el proyecto de ley plantea que el precio de los alquileres aumente anualmente y no semestralmente como comúnmente ocurre. Este aumento estará fijado por el promedio entre el índice de precios al consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, y el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado por ANSES.
Según la AFIP, ocho de cada diez contratos de alquiler son informales. A los inquilinos, al pagar, les suelen entregar un recibo no válido como factura, lo que se traduce en una evasión impositiva. Por eso, en el proyecto de ley, se contempla que el propietario del inmueble deberá inscribir el contrato de alquiler ante el Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de blanquear un mercado con altas tasas de informalidad.
Como sucede en muchos casos, alquilar no es una elección, sino la única alternativa para poder tener un techo. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, afirmó: “Una vez que las familias ingresan en la rueda del alquiler, con aumentos de precio que superan ampliamente los índices de inflación y de variación salarial, les resulta muy difícil salir. Esto demuestra la importancia de avanzar con el tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres”. Mientras tanto, en un mercado de alquileres tendiente a favorecer a las inmobiliarias y a los propietarios, el proyecto de ley supone una inyección que pretende equilibrar la balanza hacia el lado más vulnerable: los inquilinos.
*Por Paula D’Atri para Agencia de Noticias Ciencias de la Comunicación UBA Anccom.
