El norte cordobés, asediado por desmontes químicos de los ganaderos
El Departamento Ischilín es el más desmontado en las 2 últimas décadas y ya perdió el 73% de sus bosques nativos.
Por Daniel Díaz Romero para Sala de Prensa Ambiental
Las fronteras ganaderas en el norte de Córdoba se van corriendo a fuerza de desmontes químicos ilegales, transformando extensiones de bosques nativos protegidos por ley, en campos desérticos para las vacas de los grandes empresarios y, aunque está expresamente prohibida en toda la provincia, ésta práctica arrincona a los ecosistemas y sigue su impiadosa carrera en la región más pobre del territorio cordobés.
La pérdida de más de 35000 hectáreas de bosques desde el año 2001, no hubiese sido posible sin el trípode que ha sostenido esta industria del desmonte: la asociación entre un gobierno cómplice, empresarios voraces sin conciencia y una pata judicial que mira para otro lado; los 3 vértices que dibujan la verdadera trama del desmonte ilegal en Córdoba, que va mucho más allá de la acción de una topadora aislada que voltea el monte a su paso.
En septiembre pasado, Sala de Prensa Ambiental publicaba un informe en el que quedaba expuesto el accionar del empresario ruralista Walter Orodá, quien había realizado un desmonte ilegal en su campo de más de 2000 hectáreas.
Hasta el día de hoy, el empresario se niega a pagar la multa por esa infracción cometida hace más de 2 años en su establecimiento, ubicado en el departamento Ischilín, la región más castigada en las últimas décadas en lo que se refiere a pérdida de bosques nativos.
Desmontador serial
Según una investigación de Sala de Prensa Ambiental, Walter Orodá no sólo no ha regularizado su situación desde entonces, negándose a pagar la multa, sino que posteriormente -en junio pasado- volvió a realizar un desmonte en el mismo lugar, en zona protegida y con una metodología expresamente prohibida por ley: dejó de utilizar topadoras y las reemplazó con maquinaria que arroja sustancias químicas, hiriendo de muerte al bosque nativo con herbicidas que están diseñados para eliminar el estrato arbustivo y que, aplicados en mayores dosis, pueden dañar los ejemplares de árboles adultos provocando su muerte, también.
El objetivo final del desmonte químico es transformar un bosque –y sus servicios ambientales- en un campo “limpio” para los grandes empresarios ganaderos amigos del poder: no quieren que el monte rebrote tras ser desmontado con topadoras y por eso lo bañan con una lluvia de químicos.
Sucede que el desmonte químico es utilizado por grandes productores ganaderos para eliminar el estrato arbustivo del bosque nativo -el conocido “churqui o sotobosque”- que fue motivo de ásperas discusiones en el último debate por la actualización de la Ley de Bosques propuesta por el gobierno de Córdoba, hace 3 años.
El desmonte químico está expresamente prohibido en todo el territorio provincial: el decreto reglamentario 170/11 prohíbe el uso de químicos para eliminar ejemplares vegetales en los bosques nativos. Este fue uno de los puntos que los ruralistas quisieron imponer en el intento por modificar la Ley. Al no lograrlo, lo hacen igual, de manera ilegal y amparados por el gobierno provincial.
No pagarás
Pese a que pasaron 3 años desde que se le labraron las multas, allegados al empresario Orodá sostienen que “no hubo forma de convencerlo de que regularice la situación, pagando la multa. Desmontó un montón, más de 600 hectáreas y ahora le clavó desmonte químico”, comentan desde su entorno.
El posterior desmonte químico -que sucedió a otro en el que utilizaron topadoras- no solamente “secó” la vegetación, sino que además contaminó suelo, agua y aire, afectando la biodiversidad también, con un método prohibido por la ley.
Pero Walter Orodá no es un simple chofer de topadoras: es una de las voces del empresariado rural que viene reclamando controles “más flexibles” argumentando que Córdoba necesita una nueva Ley de Bosques que le permita extender la actividad ganadera en las zonas de máxima protección, dentro de los ecosistemas del norte provincial.
Sucede que, Orodá, es uno de los niños mimados del gobierno de Córdoba y, tal vez por ello, desmontó con total impunidad y de modo ilegal. El Expediente de una infracción del 2015 sigue esperando que Orodá pague.
«Pastar», el químico preferido para desmontar
En junio pasado, fue detectado un desmonte químico en el mismo campo de Orodá y la aplicación se extendió a lo largo de unas 1200 hectáreas. Sin embargo, eso pareciera no importarle al ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso, quien agasaja al empresario a pesar de que ha estado utilizando maquinaria fuera de regla para desmontes expresamente prohibidos por ley.
La sustancia química utilizada en los campos, que contenían bosques protegidos, fue el Pastar®, un herbicida producido por la multinacional Dow Chemical Company, famosa por ser la creadora del tristemente recordado Napalm, aplicado en bombardeos en la guerra de Vietnam.
Orodá aplicó el Pastar® con maquinaria terrestre, matando el estrato arbustivo de cientos de hectáreas de bosque nativo: lo que hizo fue deshacerse de los renovales, que intentaban rebrotar en el campo tras ser diezmado por el paso de las topadoras, meses atrás. Pese a ello, Orodá siguió siendo premiado y homenajeado por las principales autoridades de la provincia.
La datilera: primero con topadoras, después desmonte químico y luego el fuego
Orodá no es el único que está aplicando la metodología química para el desmonte en el norte provincial: meses antes, en el establecimiento La Datilera aplicaron desmonte químico y después lo taparon con fuego. Si bien hay un informe firmado por bomberos que indica que el incendio del campo se desató por causas naturales, desde otros organismos señalan que no fue así, ya que el fuego avanzó en dirección contraria al viento, paradójicamente.
Más allá del incidente, el encargado del predio La Datilera admitió haber aplicado Pastar® sobre la vegetación nativa en distintos lotes, entre los años 2013 y 2017, con el objetivo de “controlar” el desarrollo de renovales: en el galpón del campo había bidones del químico y un pulverizador de arrastre con aplicadores de 2 metros de altura y -como si fuera poco y para sorpresa de quienes lo presenciaron- descubrieron la existencia de una pista clandestina de aterrizaje para aviones, dentro del mismo campo.
Al respecto, son varias las hipótesis que se tejen insinuando que el aeródromo ilegal fue construido para el despegue y aterrizaje de aviones que arrojan químicos para desmontar desde el aire; también para otro tipo de delitos relacionados con el narcotráfico. O, para ambas cosas.
El caso de este campo –citado en un Informe de Sala de Prensa Ambiental– es uno de los que quedó al descubierto por recibir una autorización ilegal de desmonte por parte del ex Secretario de Ambiente, Germán Pratto, hoy precandidato a intendente de Morteros. El caso de La Datilera es uno de los que obtuvo una resolución favorable para desmontar con acusaciones de ilegalidad. Se discute aún si ese desmonte tuvo autorización legal y si su propietario la obtuvo utilizando prácticas ominosas.
La metodología de desmonte utilizando sustancias químicas es más difícil de detectar que el tradicional método que se sirve de topadoras y maquinaria pesada porque es una aplicación sobre el renoval, sobre lo ya desmontado. El renoval es un bosque joven, que se recupera tras un desmonte y, en algunos casos ya documentados, se aplican lluvias de químicos de forma aérea sobre los bosques, tras lo cual, queda un monte en pie, pero muerto.
Viejos amigos del desmonte
Miguel Mizzau es titular de otro establecimiento, también en Quilino, como en el caso de Orodá. Los empleados de Mizzau hablan de Orodá como un socio de su patrón. Según allegados al ganadero, Orodá mantiene una relación de negocios con Miguel Mizzau, poderoso empresario titular de Gatopa S.A y de Agroempresa Colón.
Mizzau también aplicó desmonte químico sobre 500 hectáreas de bosques nativos en su campo, utilizando sustancias químicas como el Pastar® y el Tordon®, productos que el empresario vende a otros productores agropecuarios.
La empresa GATOPA S.A, de Mizzau, fue otra de las que obtuvo una de las dudosas autorizaciones de puño y letra del ex-titular del área ambiental de la provincia, el Cr. Germán Pratto, para desmontar bosque nativo en zona roja, categoría de máxima protección de bosques nativos en el territorio cordobés.
*Por Daniel Díaz Romero para Sala de Prensa Ambiental.
