Contra la estigmatización y persecución de lxs que luchan
Tras el fallido atentado contra la tumba del coronel Ramón Falcón, el Gobierno Nacional desplegó un operativo de persecución contra diferentes espacios anarquistas. Organizaciones firmaron un documento para repudiar el accionar de la ministra Bullrich y la campaña de criminalización contra el anarquismo.
Por Redacción La tinta
El pasado miércoles 14 de noviembre, dos personas realizaron un atentado fallido en la tumba del coronel Ramón L. Falcón en el cementerio de Recoleta, en el día aniversario en el que el tirano fue ajusticiado por el anarquista Simon Radowitzky.
Ciento nueve años antes, el 14 de noviembre de 1909, el joven ruso de 18 años arrojaba una bomba al militar consagrado para vengar a lxs trabajadorxs asesinadxs el 1º de mayo de ese año en la represión encabezada por Falcón contra la manifestación de los obreros que recordaban las figuras de los cinco anarquistas condenados a muerte por la Justicia de Estados Unidos, por su lucha a favor de las ocho horas de trabajo. Radowitzky le arrojó la bomba a la salida de un acto en el cementerio de la Recoleta y tanto el coronel como su secretario fallecieron por efectos del explosivo.
Falcón era uno de los hombres con más poder de la Argentina y había sido -en palabras de Osvaldo Bayer- «el mejor oficial del general Roca en el exterminio de los pueblos originarios en la denominada Campaña del Desierto».
De regreso en este tiempo, el acto, que pretendía ser un homenaje al anarquista vindicador, concluyó con una mujer de 33 años gravemente herida, internada en el Hospital Fernández. Aparentemente, un error técnico con el temporizador de la bomba hizo que el explosivo se detonara a menos de un metro de la joven. Perdió tres falanges de sus manos, tiene quemaduras de gravedad en la cara y el cuerpo, y permanece en coma inducido.
Tras estos hechos, la ministra Patricia Bullrich -en su predilecta actividad de cacería- ordenó una serie de allanamientos en domicilios particulares y espacios ligados al anarquismo como la Biblioteca y Ateneo Anarquista del barrio de Constitución y el Club Social y Deportivo La Cultura Del Barrio, en Villa Crespo, entre otros. En total, trece personas fueron detenidas, acusadas de estar vinculadas a la explosión.
Ante la avanzada represiva y de la criminalización de la protesta social, distintas organizaciones de DD.HH., sociales, feministas, políticas y gremiales firmaron un documento para repudiar enérgicamente el accionar de la Policía Federal comandada por la ministra Bullrich y el gobierno del presidente Mauricio Macri que utilizaron como excusa el episodio del escrache a la tumba de Falcón para llevar adelante una nueva campaña de estigmatización y criminalización contra el anarquismo.
«La campaña mediática y las declaraciones de la Ministra de Seguridad, seguido de un despliegue y operativo policial de allanamientos y detenciones arbitrarias en distintos espacios culturales y sociales, y domicilios particulares, son una muestra más de la política represiva que este gobierno intenta instalar a fuerza de violencia y hambre para nuestro pueblo», expusieron en el comunicado las organizaciones firmantes.
Y agregaron: «Es importante señalar que estos hechos no son aislados, sino parte de una política sistemática de estigmatización de los sectores populares y de diversas organizaciones políticas y sociales, en busca de la construcción de enemigos internos, como fue el caso del informe titulado “RAM”, para implementar su programa de muerte y saqueo de nuestro territorio. La construcción de un discurso de odio hacia quienes decidimos ponerle un freno a la avanzada neoliberal, los despidos masivos y la precarización de la vida, es una estrategia más para criminalizar la protesta social. Mapuches, docentes, investigadorxs, medios alternativos, movimiento de mujeres y disidencias, anarquistas, migrantes, militantes sindicales, de izquierda o estudiantes han sido tomadxs como ejemplos de todo lo “malo” que debe reprimirse o suprimirse. Todo esto, luego de la votación del presupuesto del FMI e intentando crear un clima propicio para la represión de cara al encuentro del G20. Los sectores populares que se organizan contra el ajuste, la miseria y el saqueo no son terroristas».
Las distintas organizaciones que firmaron el comunicado se solidarizan con los espacios y agrupaciones que hoy están siendo señaladas y perseguidas por el gobierno, y exigen la libertad de las personas detenidas.
Para ver la lista de firmantes y sumar adhesiones.
