Familiares de víctimas por femicidio exigen que se implente la Ley Brisa
A más de un mes desde la aprobación de la Ley Brisa en el Congreso y, tras su promulgación en el Boletín Oficial, un grupo de “Familiares de Víctimas por Femicidio” organizados exigen al gobierno de la Alianza Cambiemos su pronta implementación.
Por María Florencia Alcaraz para LatFem
Brisa tenía dos años y tres meses cuando su papá mató a su mamá, Daiana Barrionuevo, en 2014. En un primer momento ella y sus hermanos mellizos quedaron al cuidado de la familia del femicida. Después, su tía, que ya tenía tres hijos y vivía en una casa precaria, con una sola habitación en el partido bonaerense de Moreno decidió criarlos. Además de empujar la búsqueda de justicia por el femicidio de su hermana, tuvo que salir a pedir en los medios de comunicación vestimenta, útiles, juguetes, alimentos para las criaturas.
El periodista Maximiliano Montenegro conoció la historia cubriendo para el diario en el que trabaja. Empezó ayudándoles a conseguir donaciones y poder reparar, de alguna manera, la falta de acompañamiento estatal que había después de un femicidio. Su aporte se transformó en una ley que lleva el nombre de Brisa, como síntesis del desamparo en el que quedan las hijas e hijos que quedan huérfanxs después del femicidio.
En agosto de 2017 se aprobó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 4 de julio de este año el Congreso la convirtió en ley nacional. Sin embargo, todavía no se implementa. La ley Brisa todavía no llega a Brisa.
Desde 2009 en Argentina hubo 2384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. 2919 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de la forma más extrema de la violencia machista. Los datos se desprenden de un relevamiento de la ONG Casa del Encuentro. El 63 por ciento de los hijos e hijas del femicidio eran menores de edad.
Lara es una de ellas. Tenía tres años cuando su padre, el entonces policía Miguel Ángel Mazo, mató a su madre, Florencia Albornoz, en Quilmes en 2010. Desde entonces Lara vive con su abuela, Esther Robledo, y su hermano mayor, de 14 años, que su madre tuvo con otro hombre. Es otra de las historias que exigen una reparación urgente.
Detrás del reclamo por la implementación están organizados un grupo de “Familiares de Víctimas por Femicidio” que empezaron a juntarse para proponer políticas públicas alrededor de la temática. La ley Brisa ingresó en 2016 en el Congreso. Desde entonces visitaron diputados y diputadas de diferentes bloques, les llevaron sus historias de vida, cifras y materiales. Trabajaron para dar a conocer la importancia de esta legislación y ahora están alertas porque saben que es una ley urgente.
“Estamos pidiendo la pronta implementación de la ley de reparación de niños y niñas huérfanxs por femicidio. Queremos que el Estado se haga cargo. Si estuvo ausente todos estos años para estos niños, niñas y familiares que los tienen en tutela que repare esa ausencia. Luego de un femicidio se ensamblan familias y sostener esas familias se vuelve difícil”, dice a LATFEM Leónidas Matheu. Su hija Mara fue violada y asesinada hace diez años en Santa Teresita. Por el crimen fueron condenados dos hombres a la pena máxima, pero durante todo el proceso judicial hubo distintas irregularidades que Leónidas Matheu busca que no se repitan. Es uno de los impulsores de “Familiares de Víctimas por Femicidio”.
Otra de las integrantes de este grupo es Karina Trangoni. Ella es la hija de Elena Fouine, que fue asesinada en la ciudad de Resistencia, en Chaco, hace 20 años por su pareja, un ex policía que luego se suicidó. El expediente judicial que se abrió por su femicidio se cerró de inmediato con la muerte del hombre. Las cuatro hijas de la pareja, que entonces eran menores de edad, fueron criadas por el resto de sus hermanas sin ningún tipo de ayuda ni acompañamiento estatal. Karina Trangoni ahora tiene una fundación que lleva el nombre de su madre. Una de sus luchas principales es conseguir la reparación económica para hijos e hijas huérfanxs por los femicidios.
Lorena Fernández está en la misma pelea. Su hermana María del Carmen Fernández, de 33 años, fue asesinada a puñaladas en septiembre de 2016 por su marido y padre de sus tres hijxs. El femicidio ocurrió en Chile, de donde era oriundo el hombre. Lorena logró recuperar a sus sobrinxs, que habían quedado bajo la tutela de la familia del femicida.
Cuando a su mamá le dispararon cuatro veces en el frente de una casaquinta de Pilar, en 2008, G. y N. tenían 4 y 3 años. Desde entonces viven con su padre y su abuela, José Arce y Elsa Aguilar, condenados a perpetua por el asesinato de Rosana Galliano, la madre de los chicos. Oscar Galliano, hermano de Rosana, también forma parte de ese grupo de familiares organizados. Además de exigir que se implemente de manera efectiva la ley Brisa, él tiene su batalla judicial: su familia solo ven a lxs chicxs en visitas. Quiere recuperar a sus sobrinxs.
La mayoría de los familiares de víctimas de femicidios se conocieron en reuniones que convocó haca dos años el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), a cargo de Fabiana Túñez. Eran 25 participantes, pero alrededor de 17 decidieron seguir un camino propio de organización a fines de 2017. “Teníamos una manera diferente respecto a cómo en INAM se estaba manejando con los familiares de víctima y la contención que tenían que cumplir. Nada de eso se cumplía. Entonces decidimos dar un paso al costado”, explica Leónidas Matheu.
Los “Familiares de Víctimas por Femicidio” se organizaron para conseguir consensos y aportar su mirada en la construcción de la Ley Brisa. Se acercaron a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, del Frente para la Victoria (FpV) y con ella empezaron a trabajar la ley que ya fue aprobada, reglamentada pero que todavía no se aplica.
Qué dice la ley
La ley llegó al recinto bajo la orden de tratamiento 27-S-17 de ley en revisión Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes de Violencia Intrafamiliar y o de género. Con 203 votos, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por unanimidad la ley Brisa el 4 de julio de 2018. A fines de ese mismo mes fue promulgada en el Boletín Oficial. Pero el Ejecutivo todavía no la implementó.
La norma, que ya venía con media sanción, establece una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima, para hijas e hijos de víctimas de femicidios en todo el país.
Crea un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes, que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia intrafamiliar o de género. La reparación económica será equivalente a una jubilación mínima, que hoy ronda los 8.000 pesos y comienza a regir desde el momento del procesamiento del victimario.
Está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad, y es retroactivo al momento de la comisión del asesinato.
*Por María Florencia Alcaraz para LatFem.
