Carrió y Larreta, también tuvieron aportantes truchos
Una ampliación de denuncia judicial que se presentó ayer en la Justicia Federal describe el mecanismo utilizado en la Ciudad de Buenos Aires por Cambiemos para hacer figurar a empleados públicos como aportantes truchos en las campañas de 2015 y 2017. En el escrito de la Fundación La Alameda, que dirige Gustavo Vera, se detalla que existía un mecanismo para derivar plata del presupuesto y de contratistas del estado y hacerla figurar como originada por empleados municipales.
Por Franco Mizrahi para Nuestras Voces
Desde que explotó, el caso de los aportantes truchos de Cambiemos se expande como el fuego en un bosque con viento. Las llamas ahora llegaron a la Capital Federal y pueden quemar a figuras estelares del oficialismo como el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada electa por la Ciudad, Elisa Carrió. Es que ahora denuncian que en territorio porteño también se utilizaron identidades para blanquear dinero en las campañas electorales de 2015, en la que Mauricio Macri fue electo presidente, y en las recientes legislativas de 2017. Incluso, se asegura que existió un mecanismo para derivar plata del presupuesto y de contratistas del Estado.
La fundación La Alameda, que dirige Gustavo Vera, presentó ayer por la mañana una ampliación a su denuncia del 20 de junio porque descubrió que no sólo hay donantes truchos en la provincia de Buenos Aires sino que también hay muchos aportantes falsos en la Ciudad tanto en 2015 como en 2017: “Son empleados del propio Gobierno porteño que fueron usados para encubrir miles de pesos que no pueden justificar su origen”, señalaron desde la ONG.
Al momento de la presentación, los aportes de empleados de la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios ministeriales a la campaña nacional de 2015 y a las bonaerense y porteña de 2017, llegan a los $8.303.000.
“Fueron los trabajadores municipales quienes nos advirtieron que se encubrieron los aportes a través de la planta política, subsecretarios y directores de los ministerios del Gobierno porteño y nos encontramos con que decenas de ellos figuran con montos muy elevados de aportes a la campaña local, como bonaerense y nacional de Cambiemos”, explicaron a Nuestras Voces desde la organización. “Hay casos de funcionarios que terminan aportando $80 mil de su salario”, agregaron.
A su vez, La Alameda, que elaboró una base de datos para que cualquier ciudadano pueda buscarse y ver si figura aportando a la campaña electoral de algún partido político entre 2011 y 2017 –ya la visitó más de 1,5 millón de personas-, añadió en su presentación decenas de nuevos aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que fue el caso que desencadenó un efecto dominó.
Muchos “son empleados de diferentes dependencias del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal”. Hay desde empleados de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o del Gobierno de la Ciudad a miembros de las fuerzas de seguridad, quienes sufrieron la sustracción de su identidad y la falsificación de sus firmas para figurar como aportantes privados a la campaña de 2017 de Cambiemos en la provincia que gobierna María Eugenia Vidal.
La revelación del entramado de donantes falsos en Cambiemos se inició con una investigación de El Destape en junio pasado. En la actualidad existen tres causas judiciales que analizan el tema. La denuncia de La Alameda avanza en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
La nueva presentación
La novedad de la ampliación de la denuncia, a la que tuvo acceso Nuestras Voces, es la utilización de empleados del Gobierno porteño para fraguar aportes a las campañas de 2015 como de 2017, tanto en la Provincia como en la Ciudad, donde Cambiemos se presentó como “Vamos Juntos” y llevó como candidatos a las actuales Diputadas Elisa Carrió y María del Carmen Polledo.
Según explicaron desde La Alameda, empleados porteños se contactaron con la fundación luego de ver que aparecen realizando aportes que no hicieron en las campañas del oficialismo. “Estos empleados manifestaron conocer un mecanismo implementado reiteradas veces en el tiempo, mediante el cual se introduce dinero ilegal y/o de las arcas públicas para financiar diferentes campañas electorales, del actual partido gobernante de esta jurisdicción”, se asegura en la presentación que firmaron Ximena Rattoni, Tamara Rosenberg y Gustavo Vera. Vale recordar que el macrismo gobierna la Ciudad desde hace 11 años.
A su vez, se indica que “en ese mecanismo, además de introducir falsamente los datos de los empleados del Gobierno de la Ciudad, los funcionarios responsables de las distintas áreas ministeriales figuran como aportantes, y que ese dinero correspondería a dinero de empresas contratistas del Estado o al mismo presupuesto de gobierno”.
Una de las hipótesis de la Alameda es que los funcionarios políticos (subsecretarios o directivos) hicieron gastos con su tarjeta de crédito al partido y luego el retorno fue en efectivo para cubrir la “donación” o “aporte”.
Por todo esto, los denunciantes consideran tan importante determinar quiénes “son los responsables intelectuales y materiales de implementar tal sistema ilegal” como la de “conocer la procedencia del dinero” negro y “los nombres de los empleados y funcionarios que pudieron prestar su consentimiento para dicha maniobra”.
El domingo, el periodista Juan Amorín reveló en un investigación publicada por El Destape, otro mecanismo posible de trasferencia de fondos: “El 30 de marzo de 2017, a través de la resolución N°91, el Gobierno porteño decidió asignarle unidades retributivas, es decir, un complemento extra salarial que se entrega en forma excepcional, a unos 22 empleados estatales que desempeñan funciones en distintas áreas. Los montos de las unidades retributivas a entregar oscilaron entre los $10.000 y los $120.000. Pero apenas tres meses después, según la Cámara Nacional Electoral, la mitad de los que habían recibido la generosa suma por parte del gobierno porteño, tuvieron el solidario acto de donar el dinero a la campaña de Elisa Carrió. Todos el mismo día, el mismo monto y de la misma forma: $25.000 en efectivo, sumando así $300.000”.
Medidas de prueba
Ximena Rattoni indicó que pidieron a Casanello y al fiscal del caso, Carlos Stornelli, que convoquen como testigos a los funcionarios y empleados porteños. “En esa figura no pueden mentir porque serían imputados por falso testimonio. Todas las personas que pedimos sean convocadas deberán verificar su firma y el aporte que figura hoy en la Cámara Nacional Electoral”.
En su presentación, los denunciantes adjuntaron dos planillas. Una con el nombre, apellido y DNI de cada una de las víctimas de la sustracción de identidad y la falsificación de su firma en las planillas de aportantes que se presentaron ante la Cámara Nacional Electoral. Otra, con los empleados y funcionarios del Gobierno de la Ciudad que aparecen como donantes tanto en las campañas de 2015 como en las bonaerense y porteña del año pasado.
Ante este escenario, Tamara Rosenberg, integrante de la Alameda y el partido Bien Común, cuestionó la reacción tanto del presidente Mauricio Macri como de la gobernadora María Eugenia Vidal, quienes en su afán desesperado de mostrar “transparencia” sostuvieron que realizarán auditorías internas cuando deberían recurrir a la Auditoria General de la Nación como marca la ley de financiamiento de partidos políticos.
Por su parte, Rattoni sugirió que el Congreso Nacional tiene que impulsar una comisión bicameral para evaluar el proceder político de los parlamentarios de Cambiemos que surgieron de estas campañas electorales irregulares. Por caso, Héctor Toty Flores, quien fue recientemente electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, figura aportando 40 mil pesos en efectivo en las últimas legislativas.
La llama que provocó un incendio
El 20 de junio pasado, en base a una investigación del periodista Juan Amorin que difundió El Destape, Lucas Schaerer, de La Alameda, denunció a los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y a los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores así como a “todo aquel que resulte responsable en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o instigador” por el delito de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad de documento público destinado a acreditar la identidad. Fue luego de que se conociera que Cambiemos utilizó a beneficiaros de planes sociales para blanquear dinero en la campaña electoral del año pasado en la provincia de Buenos Aires. Hoy se sabe que utilizó a muchos otros donantes falsos. La lista incluye jubilados, empleados estatales, ciudadanos de clase media y hasta integrantes de la propia alianza Cambiemos, como concejales o intendentes, que salieron públicamente a decir que a pesar de aparecer en los registros ellos no habían aportado dinero.
Todo comenzó cuando Amorin cruzó datos entre el informe económico que Cambiemos presentó ante la Justicia Electoral y los de los titulares de los programas sociales “Argentina Trabaja” y “Ellas hacen”, tras lo cual encontró que una gran cantidad de personas que son beneficiarias de esta ayuda social figuraban como aportantes del oficialismo para las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Tras contactarse con algunas de ellas, constató que ninguna había realizado realmente la donación. A partir de ahí, el caso empezó a crecer, a pesar de que el gobierno intentó ignorarlo. Tanto creció que Vidal se vio obligada a echar a la Contadora General de la Provincia, María Fernanda Inza, quien había sido designada en el cargo 8 días antes, en medio del escándalo. Hasta su ascenso era la secretaria Legal y Técnica provincial. Inza es la tesorera de Cambiemos en la Provincia. Junto a Vidal, quien es presidenta de Cambiemos en territorio bonaerense, quedó en el ojo de la tormenta.
Es que según el artículo 63 de la Ley de Financiamiento de los partidos políticos “el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios” cuando “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”.
Es decir: si prosperan las denuncias judiciales, Vidal podría ver comprometida una posible postulación en 2019. Ahora, las esquirlas del caso empiezan a llegar a la Ciudad.
*Por Franco Mizrahi para Nuestras Voces
