Adiós al pacto democrático
El decreto de Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior liquida de un plumazo la principal política de Estado que el país había logrado consensuar en 35 años de democracia ininterrumpida. A pesar del estrepitoso fracaso de la militarización de la seguridad en el mundo, el gobierno nacional se subordina a la nueva doctrina que impone el Comando Sur de los Estados Unidos para América Latina.
Por Camilo Ratti para Al revés
En 1957, instructores franceses aterrizaron en el país con una misión secreta: formar a nuestros oficiales en la nueva doctrina militar que ellos habían inventado en el barro de Argelia. La llamaron la “Guerra Moderna” o “Guerra contrarrevolucionaria”. Para los expertos antisubversivos, que marcaron a fuego la mentalidad castrense desde Washington a Buenos Aires, ya no se trataba de un enemigo externo. El blanco a aniquilar estaba fronteras adentro, y no eran precisamente militares. Podía ser cualquiera. Era una guerra básicamente ideológica y política. La excusa en los 60 fue el comunismo y quince años después los “subversivos”, macabra categoría para clasificar, perseguir y eliminar a cualquiera que tuviera alguna inquietud política o compromiso militante. No hacía falta ser guerrillero para desaparecer del mapa, como hoy basta con declararse populista para estar en alguna lista negra de la Embajada.
La “escuela francesa”, institucionalizada luego en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, fue la matriz doctrinaria del Terrorismo de Estado que partió en mil pedazos la sociedad argentina, terminó con el fifty-fifty en favor del gran capital internacional y especulativo, y fundió al país para salvar a los principales grupos económicos nacionales, los Macri entre ellos.
Semejante tragedia podía tener una sola consecuencia positiva: nunca más permitir que las fuerzas armadas transgredieran el límite que impone la legalidad democrática. Que se llevaran puesta la voluntad popular y la Constitución en nombre de la civilización “occidental y cristiana”.
Con ese objetivo Alfonsín impulsó y llevó a cabo el Juicio a las Juntas Militares en 1985, y sancionó la ley de Defensa Nacional en 1988, un año después del levantamiento carapintada. Idéntico fin tuvo la sanción de la ley de Seguridad Interior de 1992 y la de Inteligencia Nacional en 2001. Las tres, debatidas y aprobadas por unanimidad por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
La calidad institucional te la debo
En un país que entre 1930 y 1976 tuvo seis golpes de Estado y una dictadura genocida que desapareció a 30 mil personas, además de los miles de muertos, presos y exiliados, haber corrido de la la escena política a los militares del 83 a esta parte es un logro que Macri pretender tirar por la ventana. Ya en el 2004, cuando se candidateaba a jefe de gobierno porteño, pedía la intervención de las fuerzas armadas para “combatir a la delincuencia”, confundiendo roles que deben ser exclusivos de las fuerzas de seguridad conducidas por un civil, como ocurre en los países que el Presidente suele ponernos de ejemplos a seguir.
“Una de las pocas políticas de Estado que la Argentina ha podido sostener en estos 35 años de democracia es precisamente la de separar muy claramente lo que es la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”, afirmó a este portal Nilda Garré, exministra de Seguridad con Néstor Kirchner y ex de Seguridad de CFK.
Con la firma de Macri, Marcos Peña y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el Decreto 683/2018 modifica el Decreto 727/2006 que reglamenta la Ley de Defensa y deroga el 1691/2006 que establece la Organización y el Funcionamiento de las Fuerzas Armadas. “Sin intervención del Congreso, atenta contra el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983”, agrega la hoy diputada nacional del FPV, quien adelantó que presentará un proyecto en el Congreso para abordar esta problemática.
“Son leyes fundamentales que no pueden ser cambiadas sin discutirlas con nadie”, advirtió a Al Revés el radical Carlos Becerra, exsecretario general de Alfonsín en 1986 y exsecretario de Inteligencia de De la Rúa entre el 2000 y 2001, hoy parte de Cambiemos, aunque desde una posición crítica. “Se avanza en un tema escabroso para los argentinos. No somos Colombia ni México, donde los narcos habían superado a la policía. Es un riesgo cambiar la doctrina, la logística y el entrenamiento de las fuerzas armadas. No me parece bueno, porque además el instrumento está: es el Consejo de Seguridad Interno, y el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la Nación”.
Además de suprimir el principio de separación entre defensa nacional y seguridad interior, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también cuestionó duramente la militarización de la seguridad interior, porque “pone en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”.
El milico de traje y corbata
El mismo funcionario que le puso el gancho al decreto que busca subordinar a nuestras fuerzas armadas a los planes del Comando Sur de los Estados Unidos, es Oscar Aguad. “El milico”, como se lo conoce al cordobés en el mundo político, tiene antecedentes que no lucen en su Currículum Vitae: como ministro de gobierno de Ramón Mestre padre utilizó a la policía para hacer espionaje a múltiples dirigentes políticos cordobeses, fue responsable de hacer inteligencia a los primeros grupos piqueteros en Cruz del Eje a fines de los 90, y ascendió a Jefe de Inteligencia Criminal de la policía al Tucán Yanicelli, uno de los principales represores de la D2 en la dictadura.
Hecho que motivó un escándalo internacional por la denuncia pública del expolicía Luis Urquiza, exiliado en Dinamarca después de haber sido torturado por Yanicelli en ese centro clandestino ubicado en pleno centro de Córdoba, que obligó a Aguad a renunciar a su cargo.
Otra vez el enemigo interno
En el marco de un gobierno que trató a las mapuches que pelean por tierras ancestrales como “enemigos de la Argentina”, “grupos sediciosos financiados desde el exterior”, que reprime la protesta social y demoniza a trabajadores que pelean por el salario o su puesto de trabajo, causa escalofríos que el nuevo decreto presidencial permita a las fuerzas armadas intervenir en operaciones que trascienden el apoyo logístico que venían haciendo hasta ahora.
“Asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad -como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas de seguridad- supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y la desprofesionalización”, remarca Garré.
Según pudo averiguar este medio, existe un extendido malestar en las fuerzas armadas frente a las nuevas tareas que pretende asignarles Macri. “Una persona que se formó para la defensa nacional, que utiliza un tipo de armamento específico, ¿de pronto va a tener que hacer de policía y andar cazando delincuentes? No, para eso están Gendarmería y Prefectura, que son policías militarizadas. Es más, cuando nosotros dejamos el gobierno había 17 mil gendarmes y hoy hay más de 30 mil”, agrega la exministra de los Kirchner.
Una guerra perdida
Pocas cosas rinden más en la opinión pública que declarar la guerra al narcotráfico, a pesar de que muchos capos narcos “triunfan” y rompen récords de audiencia en las series de Netflix. Sin embargo, las estadísticas son demoledoras: 300 mil muertos se cobró la guerra contra los narcos en México. Otros tantos en Colombia y Brasil, donde estas organizaciones criminales controlan las favelas y manejan armamento pesado.
Nada de eso pasa en Argentina. No existen esos cárteles, la mayoría son mulas o bagalleros que introducen pequeñas cantidades de droga por las fronteras, para lo cual no hace falta el ejército, sino fuerzas de seguridad especiales entrenadas para combatir esa delincuencia.
Tan estrepitoso ha sido el fracaso de la guerra contra los narcos en México, porque los millones de dólares que mueven terminaron corrompiendo a quienes supuestamente debían combatirlos, que el flamante presidente López Obrador ha dicho que va a acabar con una política que solo incrementó la violencia en su país. Los resultados son tan negativos, que hasta el expresidente, Barak Obama, reconoció antes de dejar el gobierno de Estados Unidos que la “guerra contra las drogas” es una batalla perdida.
El ejemplo contrario a lo que pretende Macri y su remake de las relaciones carnales con su amigo Trump es Colombia, donde las políticas públicas de inclusión lograron en Cali y Medellín lo que los militares no pudieron: mejorar los indicadores sociales y económicos de los sectores más vulnerables, lo que se tradujo en una reducción de la violencia urbana, sobre todo entre los más jóvenes. Una película que no sale en la tele.
A contramano de ese paradigma democrático de la seguridad, y a una semana del primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería en el sur patagónico, Macri mete el cuchillo donde más duele. Con el ajuste como única luz al final del túnel, apela a la política del garrote para disciplinar a una sociedad que sabe de luchas y volvio a ratificarlo el jueves en las calles. Ni hablar cuando lo que está en juego es la defensa de los derechos humanos.
*Por Camilo Ratti para Al revés
