Romper el hielo
Los impactos sobre la salud y el ambiente de actividades extractivas como la minería no solo generan conflictos en los territorios afectados, sino que también producen una tensión entre la comunidad científica y las poblaciones involucradas. Un encuentro reunió a especialistas que debatieron sobre la relación ciencia-sociedad y la controversia sobre la Ley de Glaciares.
Por Vanina Lombardi para Agencia TSS
En uno de los mundos que narra Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, en el territorio vivían los pobladores y, arriba de una nube, los gobernantes. Cuando el pueblo se subleva, la nube se acerca y tapa la luz; si se siguen sublevando, la nube baja y los aplasta. Lo notorio es que, en ese mundo imaginado por el autor, al lado de los gobernantes están los científicos. El relato fue recordado por el filósofo y biólogo Guillermo Folguera, investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), durante un debate sobre la Ley Nacional de Glaciares y la relación entre ciencia, tecnología y sociedad.
Folguera sostuvo que es necesario tener en cuenta tres aspectos que en general son dejados de lado en las discusiones técnicas. Uno de ellos es aceptar la diversidad científica, incluso al interior de cada disciplina; otro se vincula con las preguntas que deberían hacerse la ciencia y la tecnología al establecer criterios de análisis; y el tercero sigue la metáfora de Swift, al proponer “bajar a los científicos de la nube” y romper con lo que el pensador Ivan Illich denominó en la década del setenta como “profesiones inhabilitantes”, que serían aquellas que inhabilitan la autopercepción de las comunidades.
“La relación entre ciencia y tecnología, por un lado, y problemas sociales y ambientales, por otro, se volvió especialmente simbólica a partir del procesamiento del director del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales”, afirmó Folguera con respecto a la acusación que pesa sobre el científico Ricardo Villaba.
Un día después del encuentro, que se desarrolló el lunes 4 de junio en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA), la causa por supuesta violación a la Ley Nacional de Glaciares fue elevada a jucio oral y público por decisión del juez Federal Sebastián Casanello y también involucra a los ex secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso. Casanello consideró que se estableció un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados —y por ende protegidos— muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold, en Veladero, San Juan, donde hubo tres derrames de cianuro entre 2015 y 2016.
“Necesitamos encontrar, de manera urgente, nuevas categorías que rompan con la dicotomía a favor o en contra de la ciencia; las necesitamos tanto cuando los científicos están procesados por el tema de glaciares como cuando están a favor de la legalización del aborto”, dijo Folguera y subrayó que esto es “fundamental para discutir cómo queremos vivir: hay una forma que estamos teniendo, tanto las comunidades en el territorio como las comunidades científicas, que no está favoreciendo la discusión de las preguntas genuinas sobre qué ciencia y qué tecnología son deseables para vivir de una determinada manera”.
Inventario a medida
Hace menos de un mes se presentó el Inventario de Glaciares, que era requisito para poder implementar la Ley Nacional de Protección de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, según la cual en la Argentina hay 16.986 glaciares en la Cordillera de los Andes y en las Islas del Atlántico Sur, que ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados. Tras conocerse el mapeo, no tardaron en surgir críticas al modo en que se realizó. Por ejemplo, se cuestiona que está “incompleto”, puesto que no considera a glaciares de un tamaño inferior a una hectárea.
“Se tardaron muchos años en hacer ese inventario y sentimos que hubo un retroceso, no solo porque es incompleto sino porque vuelve a un viejo debate que había sido saldado en el Congreso, acerca de cuál es la ley más protectora, porque la sanción de la ley implicó la máxima articulación entre organizaciones sociales y perspectivas científicas de diferentes ámbitos de la ciencia”, lamentó la socióloga Maristella Svampa.
“Tienen criterios amparados en supuestos estándares internacionales, y otros de geólogos de relevancia dentro de la propia comunidad científica que dijeron es una barbaridad no considerar a los glaciares de menos de una hectárea. ¿Eso quiere decir que el IANIGLA –a cargo de la elaboración del inventario– está mintiendo? En algunos trabajos no los consideran, pero todo tendrá que ver con la pregunta de para qué considerar o no a glaciares de menos de una hectárea”, explicó Folguera y agregó que algo similar se produjo con la definición de las zonas periglaciares a incluir en la norma (que solo considera los glaciares de escombros, bajo el argumento de que eran los únicos que estaban suficientemente verificados como reservas de agua, y se excluye a otros ambientes periglaciares).
“Si los criterios técnicos y científicos son supeditados a cómo queremos vivir, quiere decir que en estos casos lo que predomina no son las cuestiones científico-técnicas, sino las éticas y políticas. Que no se hayan incorporado glaciares pequeños y que no se haya considerado otro ambiente periglaciar salvo los glaciares de escombros dice algo muy claro con respecto a qué prioridades se tomaron a la hora de hacer el inventario”, subrayó el especialista.
Domingo Jofre, de la Asamblea Jáchal No se Toca, que desde el año 2015 –y, en particular, tras el derrame provocado en la mina Veladero, operada por Barrick Gold, de casi cinco millones de litros de solución cianurada en el río Jáchal– agrupa a vecinos de esa localidad en defensa de su territorio frente al avance de intereses mineros, afirmó: “Nos quieren enfrentar con la comunidad científica que hizo el inventario, pero no nos oponemos a nadie, sino que nos defendemos de ciertas trampas y vericuetos que algunos lograron hacer, pero los científicos se abrazan a nosotros porque saben que tenemos razón”.
Controvertida desde su gestación
La Ley de Glaciares generó controversias desde que fue sancionada por primera vez en 2008. Había sido propuesta por la diputada Marta Maffei pero fue vetada por la ex presidenta Cristina Fernández, quien argumentó que excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En 2010, Miguel Bonasso retomó el proyecto de Maffei y realizó una nueva presentación junto con el entonces senador Daniel Filmus, hasta que finalmente se aprobó el 30 de septiembre de 2010.
“Luego de las elecciones legislativas de 2010, el Frente Para la Victoria no tenía mayoría en el Congreso. Gracias a eso, pudo construirse una suerte de consenso transversal. Pero en el Senado hicieron una feroz campaña diciendo que era una ley antifederal, que atropellaba el derecho de las provincias al desarrollo. También hubo trabajadores mineros que, con buena fe, venían a defender sus puestos de trabajo”, recordó Svampa y advirtió que, ya desde entonces, “había mucho en juego” puesto que se trataba de la primera ley nacional que implicaba un límite a la expansión de la actividad minera, y que fue sancionada con una diferencia de solo tres votos.
Desde entonces, el debate no se detiene. La ley todavía no ha podido ser implementada y durante los últimos meses se conoció la intención de modificarla por parte del Gobierno, a favor de una supuesta llegada de inversiones y para promover la generación de empleo a través de la minería, algo que ha sido cuestionado desde diversas organizaciones sociales y ambientales.
“Estamos en un momento de exacerbación de neo-extractivismo a nivel internacional y particularmente en la Argentina, que aparece ilustrado a través de la flexibilización de las leyes de protección ambiental, la opción de las energías extractivistas como el fracking y la ampliación del horizonte punitivo como las muertes y el intento de criminalizar a la población de origen mapuche, que dan cuenta del carácter represivo en la disputa por el territorio ante el avance de estos proyectos”, dijo Svampa y propuso, frente al horizonte que se avecina, más reflexión y articulación entre el saber experto yvla lucha de las organizaciones sociales en los territorios.
“A la hora de pensar nuestra democracia tan dañada, si lo que queremos es discutir la calidad de vida, me parece fundamental repensar qué lugar le damos a los científicos y tecnólogos. Tenemos que quitarles ese lugar de inhabilitantes, tenemos que entender que son diversos y, sobre todo, tenemos que entender que siempre lo científico y lo tecnológico están supeditados a la pregunta de cómo queremos vivir”, concluyó Folguera.
*Por Vanina Lombardi para Agencia TSS
