“Déficit cero”: cuáles son las áreas que el Gobierno y el FMI se proponen ajustar
El documento de Hacienda en el que se exponen los lineamientos del ajuste pactado con el FMI se prevé una reducción del gasto acumulado de 3,7 % del PBI hacia 2020. La información oficial por ahora es poca y no muy detallada, organizada en una serie de lineamientos y cuadros minimalistas. Pero es suficiente para que el organismo internacional y los grandes grupos económicos confirmen las intenciones del gobierno de acelerar lo más posible el ajuste fiscal y sobre los trabajadores.
Por Lucía Ruiz para La Izquierda Diario
No se trata de proyecciones ni de metas, el documento se denomina claramente como “Acuerdo Argentina – FMI, Junio 2018” y está firmado por el Ministerio de Hacienda. Es decir, estos son los puntos del acuerdo sobre los cuales el gobierno “se comprometió” a cumplir a cambio del préstamo por U$S 50.000 millones (de los cuales sólo cobrará en junio un 30 %).
Siempre en términos de Producto Bruto Interno (PBI), el dato principal es el objetivo de reducir el “déficit primario” (que no contabiliza los intereses de deuda), cuya meta para 2018 es de 2,7 % del PBI, y llegar a un “déficit cero” en dos años, es decir, hacia el año 2020.
Gráfico 1: Metas de resultado primario (% del PBI)
Que esto sea una verdadera necesidad para resolver la crisis, o que este objetivo favorezca a los «argentinos», como aseguró el presidente Macri, no está aclarado ni demostrado. Más bien, el foco en el “déficit primario” es, y ha sido siempre, la forma de justificar un nuevo ataque a los trabajadores.
Una convergencia calculada en un cuadrito de excel
¿Cómo dice el gobierno que cumplirá con su objetivo de “déficit cero”? Esta “convergencia hacia el equilibrio fiscal” elaborada por el gobierno no contiene mucha ingeniería. Bajo el supuesto de no modificar en lo más mínimo la estructura de ingresos del Estado y, especialmente, no modificar la estructura tributaria regresiva que hoy –luego de múltiples desgravaciones, reducciones y exenciones a las patronales – se apoya fundamentalmente en impuestos que recaen sobre los trabajadores, simplemente el “equilibrio” se alcanzaría mediante un fuerte recorte del gasto público.
Así, el gobierno anticipa que los recursos prácticamente no van a sufrir variaciones en el acumulado (0,1 % del PBI), ni tampoco especifica cambios en la materia, dado que ya con la eliminación y reducción de las retenciones a las exportaciones, la reforma tributaria y el “blanqueo” de capitales hizo todas las concesiones y beneficios a las patronales posibles, aunque incluso no se descarta que intente avanzar en más disminución de impuestos para favorecer los negocios empresarios.
El grueso viene por el recorte del gasto, un “ahorro” estimado en 3,7 % del PBI en dos años y medio. ¿Qué disminución en términos nominales implica este ahorro? Es decir, ¿cuánta plata efectivamente piensan recortar? No se especifica. Esta lógica aún tiene más problemas: si el cálculo es relativo al producto (PBI) y si, como dicen todos los pronósticos, estas medidas llevarán a una mayor recesión económica, un descenso de la actividad, de los ingresos, del consumo y la inversión, esto significa que el Gasto deberá reducirse aún más aceleradamente de lo que se prevé hoy, pues también se reducirá la recaudación del Estado y con ello, paradójicamente, su capacidad de “ahorro”. Puede entrarse en un círculo sin fin.
No es de extrañar que en la información brindada del acuerdo no haya ninguna mención al pronóstico de crecimiento de la economía. El gobierno aspira a que la deuda contraída con el FMI sea suficiente para “llegar con lo justo” a las elecciones de 2019. Pero ya para este año las previsiones de analistas bajaron de un 3 % de crecimiento del PBI a un 1,3 %.
Las áreas del ajuste
Siguiendo con ese razonamiento, y ponderando que el “rostro humano” del FMI sostiene que quiere “proteger a los más vulnerables” (es decir, no desmantelar directamente las medidas de contención social como las asignaciones familiares y ciertos subsidios sociales), lo que queda es profundizar el sendero actual: fin de la obra pública, más tarifazos, ajuste en las provincias y un fuerte recorte a los estatales.
-1,6 % del PBI de recorte en gasto de capital: En términos acumulados 2018-2020, el área de mayor ajuste será el “gasto de capital”, con una reducción real de 81 % y una disminución de 1,6 % del PBI.
El gasto de capital es aquel principalmente destinado a obra pública e infraestructura. En el Presupuesto 2018 se estimó un gasto total de $210.940 millones en ese rubro, concentrado especialmente en “transporte”, “vivienda y urbanismo”, “educación y cultura”, “energía, combustibles y minería” y “relaciones interiores”. Esras podrian ser las areas donde avanzarían.
-1,1 % del PBI en recortes de subsidios a la energía y el transporte: Esto significa que continuarán con los tarifazos hacia el pueblo trabajador, dado que la política del gobierno es no tocar ni cuestionar las ganancias de las empresas de servicios públicos. Este recorte significa un 48 % en términos reales.
-Fuerte ajuste a los trabajadores del Estado: bajo el concepto de “salarios y bienes y servicios”, el plan del gobierno incluye una reducción del 13 % real acumulada en el gasto en salarios. Esto implica no sólo la continuidad de las paritarias a la baja que corroen fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado, sino también la reducción de la planta estatal con despidos y un recorte de programas.
Gráfico 2: Gasto primario (como % del PBI)
-Traslado del ajuste a las provincias: Se prevé también una reducción de 0,6 % del PBI acumulado en transferencias corrientes a las provincias, lo que obligará, junto con el “Consenso fiscal” que compromete a reducir impuestos provinciales como Ingresos Brutos a las patronales, a realizar fuertes recortes del gasto, también en salarios de trabajadores estatales provinciales, y en áreas sensibles que fueron descentralizadas como Educación y Salud. Así, se continúa el ajuste sobre los trabajadores docentes y de la salud pública. En conjunto, el plan es un recorte real acumulado de 74 % del gasto a las provincias.
-Jubilaciones y otro gasto social: si bien se quiere presentar como un área menos afectada, serán de nuevo los jubilados y los servicios sociales básicos y elementales quienes deban enfrentar el ajuste que pretende imponer el gobierno. Si bien éste plantea que no habrá recorte en esa área, es decir sólo un incremento de 0,4 % en términos reales, debe recordarse que la inflación utilizada para dicho cálculo es de 17 % en 2019 y 13 % para el 2020, difícilmente alcanzable. Está previsto también, eventualmente, continuar con la reforma jubilatoria que elevará la edad de jubilación (aspecto en el que el FMI ya se pronunció), aunque el gobierno lo pospuso para despues de 2019 dado el profundo rechazo a la reforma previsional de diciembre de 2017.
*Por Lucía Ruiz para La Izquierda Diario
