Aborto en Paraguay: ¿Estado aconfesional?
En un país con una profunda influencia de las iglesias y sucesivos gobiernos de derecha discutir sobre la despenalización del aborto es una lucha casi silenciosa pero constante.
Mientras que el sábado pasado en Irlanda un 66% de ciudadanos le dijo Sí a la reforma de la Constitución para despenalizar el aborto, en algunos países de América Latina el estado de la cuestión se encuentra muy a la retaguardia.
Continuando con las entrevistas a referentes sociales latinoamericanas sobre el debate en torno al derecho de las mujeres de abortar, la lupa se centra en esta ocasión en Paraguay. Con respecto a este país, el aborto es ilegal en casi todas las circunstancias, con la única excepción permitida cuando corre riesgo la vida de la madre.
Por otra parte, los datos evidencian altos niveles de embarazo de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, debido “entre otros a abortos inseguros, las altas tasas de violencia sexual, el aumento informado de embarazos precoces forzados”, según indica un informe del Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay. Otros datos que sustentan esta preocupante realidad provienen de Amnistía Internacional (AI), que denuncia que todos los días cuatro niñas sufren violencia sexual y dos niñas menores de 15 años dan a luz. La ONG Human Rights Watch (HRW) también llama la atención sobre la alarmante situación de abuso sexual e incesto que sufren las niñas paraguayas, por lo que insta a derogar leyes que criminalizan al aborto, en momentos en donde son noticias los casos de niñas abusadas que murieron durante el parto.
Para profundizar sobre el estado del debate en Paraguay, L’Ombelico del Mondo dialogó con Myriam González, directora del CDE, investigadora, feminista y miembro de la Campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto en América Latina.
Si bien en el artículo 24 de la Constitución Nacional se reconoce la “libertad religiosa, la de culto y la ideológica”, González advierte que en Paraguay las iglesias poseen una fuerte influencia negativa en el debate sobre el aborto, coadyuvada por las creencias y prejuicios de los funcionarios públicos.
—¿Cuál es la situación del aborto en Paraguay y cuáles son los reclamos que están realizando en este tema?
—En primer lugar, como saben, en Paraguay el aborto inducido está penalizado; es decir que la persona que se provoca un aborto inducido tiene pena de cárcel. Hay algunas diferencias, pero lo concreto y real es que esa penalización del aborto produce muerte de mujeres en el Paraguay así como en la región.
—Desde el punto de vista legal, ¿existe la posibilidad de generar algún tipo de debate con respecto a la despenalización? ¿Hay proyectos? ¿Qué se han planteado las fuerzas políticas paraguayas?
—En realidad, en Paraguay vivimos todavía una cultura muy atada sobre todo a las cuestiones religiosas, que tienen una injerencia directa en el Congreso nacional. Hace ya tres años que se inició la campaña por la despenalización del aborto, un 28 de septiembre en América Latina, que es una articulación de varios países de la región. Aprovechando la posibilidad que se planteó de hacer reformas al Código Penal –donde está tipificado el aborto como un crimen–, lo que hicimos durante la campaña fue presentar una propuesta de despenalización del aborto. Hace tres años que no tenemos ninguna noticia respecto de esa forma del Código Penal. En el caso paraguayo, es una ley que se aplica prácticamente de forma mínima. ¿Qué significa esto? Según datos oficiosos –que no son oficiales–, unas 30 mil mujeres al año se practican un aborto en el Paraguay, de los cuales solamente se tienen registrados –con distinto tipo de registro– un promedio de ocho mil mujeres al año que recurren a los hospitales públicos por alguna situación de aborto, debido a diversas complicaciones que, en algunos casos, las llevan a la muerte.
Entonces, por un lado el aborto está penalizado en Paraguay, lo que implica, desde nuestro punto de vista, que es una medida totalmente discriminatoria. Porque si uno tiene en cuenta cuántos abortos se hacen en Paraguay y cuántos de ellos llegan al ámbito penal, es mínimo. Tenemos un promedio de tres personas al año, y aún menos, que podrían ser denunciadas por aborto. Y, ¿qué es lo que pasa? Quienes sufren complicaciones por abortos inseguros, que se hacen en condiciones de total precariedad en términos de la atención de la salud, son mujeres pobres, generalmente jóvenes, generalmente del campo, que no tiene acceso a las clínicas privadas para hacerse un aborto seguro. Ese es el primer punto que para nosotras es reprochable por parte del Estado paraguayo: la discriminación que implica la aplicación de esta ley. Las mujeres que tienen posibilidades de pagar lo hacen en sanatorios privados, sin ninguna complicación y sin ninguna posibilidad de que sean denunciadas.
—¿Cuál es la influencia concreta de la Iglesia y de los partidos políticos en este debate?
—La influencia de la Iglesia, y yo diría no solo de la Iglesia católica sino de diversos tipos de iglesias que tenemos en Paraguay, es bastante importante. Al punto de que han logrado medidas que no tienen más que ver con el aborto, que son mínimas, en comparación a lo que podría ser la despenalización del aborto; han logrado, por ejemplo, que en una ley recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo se haya eliminado la palabra “género” de la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencias. En segundo lugar, también las presiones de las iglesias lograron el año pasado una resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de prohibir todo lo que tenga que ver con la teoría de género; le ponen en la resolución “ideología de género” en escuelas y colegios públicos, con lo cual la posibilidad de influir en la educación sexual integral en escuelas y colegios es prácticamente nula. Imagínate que te estoy poniendo elementos que tienen que ver con cuestiones que son previas a la posibilidad de las mujeres de encontrarse ante la necesidad de recurrir a un aborto; la falta de educación sexual es una de las principales carencias en niñas y adolescentes de Paraguay.
—¿Cómo influye la cultura indígena y las distintas cosmovisiones en Paraguay en esta discusión?
—Yo no podría decir, al menos, que en Paraguay exista algún tipo de influencia de los pueblos indígenas que además en términos poblacionales son ínfimos, son apenas menos de 100 mil personas en todo el país en una población de siete millones de habitantes. En segundo lugar, estos pueblos que son entre 17 y 21, tienen una forma de vivir dentro de su cultura, y algunas de ellas tienen la práctica del aborto, otras no. Otros pueblos tienen también ya la influencia de la sociedad envolvente, por lo cual la incorporación de las creencias religiosas probablemente pese. Pero, en términos generales, que tengamos penalizado el aborto no está relacionado con que provengamos de una cultura determinada relacionada con pueblos indígenas.
—Hablabas de ideología de género y fue un término que se utilizó mucho en la última campaña presidencial. ¿Cómo vivieron la campaña desde el movimiento de mujeres? ¿Qué esperan o cómo califican al gobierno electo de Mario Abdo Benítez?
—El tema de la inclusión del debate con respecto a lo que estos sectores conservadores, fundamentalistas, provenientes de algunas de las iglesias, tiene que ver con esto que te decía: la resolución ministerial de prohibir la educación sexual, por un lado, y por otro el desconocimiento y el rechazo a que sectores LGTBI tengan acceso a todos los derechos como todas las personas de Paraguay, tal como dice la Constitución Nacional. La cuestión de Paraguay, que yo creo que es un poco distinta a la Argentina, es que todavía –y eso tiene que ver con cuestiones casi medievales, si quieren– aunque el Paraguay constitucionalmente se declara como un Estado aconfesional, la Iglesia Católica y varias otras iglesias tienen un poder muy fuerte. Tan es así que el Arzobispo puede convocar al presidente de la República a sugerirle, entre comillas, cuestiones de Estado. Y con respecto a esta campaña, efectivamente estos sectores conservadores y de la Iglesia llegaron incluso a lograr el compromiso firmado de candidatos a la presidencia de que no harían modificaciones legislativas referidas a la despenalización del aborto, al matrimonio igualitario, incluso al reconocimiento de la identidad de género en personas trans.
O sea, realmente aunque el Estado ha firmado y se ha comprometido con Tratados de Derechos Humanos de distintos ámbitos, la injerencia religiosa continúa muy fuerte. Y eso tiene que ver también con una cuestión de que quienes asumen el poder político en Paraguay se declaran con una pertenencia religiosa determinada, y lo hacen y trabajan tanto desde el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y Judicial desde esas creencias religiosas. Entonces, nosotros como población de Paraguay lo que deberíamos fortalecer, y lo hacemos desde el movimiento de mujeres, es poner siempre sobre la mesa y en primer lugar que el Estado paraguayo es aconfesional, con lo cual no podría tomar compromisos oficiales respecto a estas demandas de sectores conservadores con respecto a estos temas centrales.
*Por L’Ombelico del Mundo
