Malvinas: piden detener a 26 militares por torturas a soldados
El fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, pidió la detención e indagatorias de los militares considerando las torturas como delitos de lesa humanidad. Desde el 2007, cuando ex combatientes comenzaron las acusaciones, hubo 95 denunciados, 105 casos y se sumaron más de 120 denunciantes. El fiscal considera que tiene pruebas suficientes por 22 casos y por primera vez pide detenciones.
Por Franco Mizrahi para Nuestras Voces
“A los que no eran judíos, Eduardo Flores Ardoino les hacía poner sus manos y pies en agua congelada. A mí me metía hasta la cabeza. Y me orinaban estando estaqueado”. Pasaron 36 años de aquellos episodios pero Silvio Katz los recuerda como si el tiempo no hubiera transcurrido. Su testimonio es uno entre tantos de soldados que fueron enviados por la dictadura cívico-militar a combatir en Malvinas y fueron torturados por sus superiores. Katz tenía apenas 19 años cuando llegó al archipiélago austral, en 1982. Integraba el Regimiento 3 de La Tablada. En 2009 sumó su historia a la denuncia que iniciaron los ex combatientes en 2007 para pedir que se esclarezcan los crímenes que perpetraron los oficiales y suboficiales a su tropa –es decir, a ellos- en plena guerra. La causa, que hace más de una década tramita en los tribunales federales, cobró un nuevo impulso el 11 de mayo pasado luego de que el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requiriera la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los mentados crímenes, que para el fiscal no caben dudas: deben ser considerados de lesa humanidad.
La presentación del Ministerio Público Fiscal se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí tuvo desempeño el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco Compañías militares. Se trata de un nuevo abordaje del caso, que desde el 2007 a la fecha acumuló 95 denunciados, 105 casos y más de 120 denunciantes. Por primera vez, se solicita la detención de algunos de los acusados.
Entre los actos de tortura se destacan “estaqueamientos” y “enterramientos”, cuyas consecuencias implicaron hasta amputaciones de miembros inferiores en las víctimas. La superioridad utilizaba las vejaciones para controlar las supuestas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa de la falta de abrigo y, sobre todo, de comida en pleno conflicto bélico.
Por ejemplo, un soldado del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 5 (RIM 5) contó que estuvo aproximadamente diez horas enterrado hasta el cuello junto a otros compañeros y que durante todo el tiempo que duró el “castigo”, no le dieron comida ni agua. Mientras estaba enterrado caía agua nieve y bombardeaban. Relató también, y así se desprende de diversos testimonios, que cuando los desenterraron, uno de sus compañeros fue “sacado de allí en camilla y luego fue internado”. ¿Qué crimen habían cometido? Habían robado una oveja por el hambre que pasaban. Testimonios como estos se multiplican.
Ahora, el juez deberá definir si hace o no lugar al requerimiento del fiscal.
La solicitud de Rapoport se dio cuatro días después de que se realizara la primera audiencia entre ex combatientes y el Estado argentino, en Santo Domingo, República Dominicana, en el marco de un proceso de solución amistosa que se abrió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “privación de acceso a la Justicia y el Derecho a la Verdad”. Se trata de un pleito que se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia desistiera, el 19 de febrero de 2015, de abordar uno de los más de 100 casos que integran esta causa. La decisión cortesana provocó un gran debate en torno a si el máximo tribunal de Justicia había desechado la posibilidad de que las torturas en Malvinas fueran delitos de lesa humanidad.
Cuando los ex conscriptos decidieron reclamar por este suceso ante la CIDH, recibieron el respaldo de la entonces primera mandataria, lo que provocó una suerte de conflicto intrapoderes estatales. El caso aún tramita en la CIDH.
Mientras eso sucede, la causa madre recobra impulso en Tierra del Fuego.
El caso
La causa se inició en 2007 cuando el abogado y ex subsecretario de DD.HH de Corrientes, Pablo Vassel, impulsó una denuncia en la que reunió una serie de testimonios de ex combatientes que denunciaban haber sido torturados en plena guerra. Cada vez se fueron sumando más casos. En la actualidad superan el centenar. Un actor clave en el empuje de esta historia es el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
La denuncia fue respaldada por los jueces de primera instancia que intervinieron y luego por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, quienes consideraron que los delitos fueron crímenes contra la humanidad. La valoración no es menor: de no serlo habrían prescripto. Pero el caso tuvo un giro cuando llegó a la Cámara Federal de Casación Penal que revirtió la postura de las instancias inferiores. El panorama se agravó para los ex soldados cuando la Corte Suprema de Justicia desestimó el pedido de revocatoria efectuado por el CECIM La Plata, para que se revea el rechazo al recurso extraordinario presentado contra la sentencia de la Casación Penal. Los supremos desistieron de tratarlo, después de tener la causa durante 3 años en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Entonces, los ex combatientes, decidieron acudir a la CIDH. Mientras allí se debate el caso que llegó a la Corte, en Río Grande vuelve a motorizarse el expediente.
El plan
Según la resolución del fiscal Rapoport, “luego del conflicto, las Fuerzas Armadas llevaron adelante una clara política orientada al control de la información sobre lo acontecido en las islas, para lo cual se realizaron medidas de acción psicológica sobre los soldados y se efectuó inteligencia ilegal sobre combatientes y organizaciones que los nuclearon”.
Ejemplo de ello es un documento que apareció durante la desclasificación de archivos relativos al conflicto con el Reino Unido que se realizó en 2015 por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el Plan de la dictadura para esconder los mentados crímenes, lo que se transformó en una prueba contundente de que los delitos existieron.
La directiva en cuestión estaba firmada por el teniente general Cristino Nicolaides, entonces comandante en jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar. Fue rubricado el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la contienda bélica y con el informe que realizó la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur –donde constaban las torturas– en la mano.
Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales y suboficiales aplicaron a los conscriptos en un escrito que dirigió al Comandante del V Cuerpo del Ejército “Teniente General Julio Argentino Roca” en los últimos días de 1982.
A la hora de impulsar una investigación interna en aquel comando ordenó que los vejámenes sean considerados como simples faltas disciplinarias. En los casos en que eso sea imposible por la gravedad del hecho dictaminó que se le informe la situación a él en persona para resolver el problema.
Se trató de una orden que se impartió hacia las estructuras militares del Ejército que participaron del conflicto bélico: las unidades y brigadas del I Cuerpo; el III Cuerpo; y el V Cuerpo de Ejército que viajaron a las islas.
La orden de Nicolaides al comandante del V Cuerpo fue clara y contundente: “En los casos (…) en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura”, afirmó en el punto 2 de su escrito. “Cuando excepcionalmente, se apreciara que el hecho no se puede resolver en el ámbito disciplinario, deberá informarse tal circunstancia dándose debidamente razón de ello al Comandante en Jefe del Ejército, quien decidirá sobre el particular”, añadió.
Atento al escándalo que podría producir en la sociedad la difusión de las aberraciones que sufrieron los soldados –en un momento delicado para los genocidas que procuraban conservar el poder–, Nicolaides pidió la “adecuada reserva” del caso “de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”. Para eso, destacó, “resulta de particular importancia la selección de las medidas probatorias que se arbitren”. En los documentos secretos los militares hicieron mucho énfasis en qué pruebas tener en cuenta para reconstruir los hechos.
Casi cuatro décadas después de aquellos episodios, la Justicia vuelve a tener la posibilidad de saldar las cuentas con el pasado. ¿Estará a la altura?
*Por Franco Mizrahi para Nuestras Voces
