La Provincia cuestiona fallo contra un ex Jefe de Policía: el poder defiende al poder
El fiscal Raúl Gualda, quien debería representar los intereses del pueblo, apeló el fallo que condenó al ex jefe policial Julio César Suárez por amenazas contra el periodista Dante Leguizamón. «Varios de los actores que tuvieron un rol de encubrimiento de las amenazas serán ahora los que definan la condena», denunció el comunicador.
Por Redacción La tinta
El pasado 8 de marzo se registró en Córdoba un hecho histórico. Por primera vez en la historia de la provincia, un jefe de Policía de la democracia era juzgado por sus hechos ante un tribunal judicial y era encontrado culpable. Ese día, la Cámara 4ta del Crimen condenó al ex Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Julio César Suárez, a dos años y dos meses de prisión condicional por el delito de coacción contra el periodista Dante Leguizamón.
En dicha ocasión, el tribunal se expidió por unanimidad a pesar de que el fiscal de Cámara, Raúl Gualda, había solicitado la absolución de Suárez.
El ex titular de la cúpula policial no debió cumplir prisión efectiva ya que la condena era excarcelable. Lo que sí se esperaba era que los abogados defensores apelen el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sin embargo, el recurso de casación no vino por parte de los representantes legales de Julio César Suárez sino que fue el fiscal Raúl Gualda quien puso en duda el fallo de los magistrados.
«Parece que termina, pero nunca termina. El poder defiende al poder e, inclusive, le hace ahorrar dinero (…) Nos acabamos de enterar de que el fiscal Gualda (recordemos que el fiscal representa al pueblo en el proceso penal) acaba de casar -algo así como “apelar”- la condena contra Suárez y le pide al TSJ que revea la sentencia. La traducción sería que el representante del pueblo (Gualda) que en su momento ni siquiera leyó el caso Suárez, ha decidido poner en duda lo que los tres jueces que condenaron al ex Jefe de Policía determinaron», expuso el propio Dante Leguizamón, quien en agosto de 2014 fuera amenazado por titular de la fuerza por denunciar por redes sociales la represión que se estaba desplegando sobre vecinxs de barrio Los Cortaderos.
El periodista remarcó que quien debe decidir ahora si sostiene o no la casación solicitada por Gualda es el fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano, quien fuera llevado a su cargo por el ex gobernador José Manuel De la Sota, el mismo que nombró en 2013 a Suárez al frente de la Policía.
«Cuando el fiscal de instrucción Alfredo Villegas se atrevió en un acto de gran valentía imputar a Suárez, Moyano avaló (de manera inexplicable) una denuncia contra Villegas hecha por los propios abogados de Suárez (Ernesto Gavier padre e hijo) (…) En la fiscalía general, junto a Moyano y nombrado por él mismo, trabaja a cargo de la comunicación un señor llamado Gustavo Bastos que además de trabajar en el diario La Mañana y en Cadena 3 es reconocido por su cercanía con la familia De la Sota y por ser un operador político del ex gobernador», aclaró Leguizamón.
En el caso de sostener la casación, le corresponde al tribunal de la Sala Penal integrado por Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, dictaminar si Suárez es o no culpable, dejando firme la sentencia o resolviendo una absolución.
El comunicador de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad acusó además que -según fuentes tribunalicias- los jueces López Peña y Cáceres de Bollati tenían órdenes de «freezar» la causa Suárez por su cercanía a De la Sota, quien por entonces se preocupaba sobremanera por su imagen pública ya que pretendía candidatearse a la presidencia de la nación (finalmente, perdería la interna con Sergio Massa).
«(Cáceres de Bollati) se trata de otra reconocida actriz delasotista en el Tribunal. Ella también fue fiscal general de la provincia y estaba a cargo de la fiscalía general cuando desapareció Facundo Rivera Alegre, el ‘Rubio del Pasaje’. Esto es importante porque Cáceres de Bollati llegó al Tribunal Superior después de avalar la investigación del caso de la desaparición de Facundo que (¡oh curiosidad!) ¿quién la había investigado? Alejandro Moyano cuando era fiscal de instrucción, el mismo que ahora debe decidir si apoya a Gualda o no (…) Días después de que Alejandro Moyano elevara a juicio la causa de Facundo -y horas después de que el mismo Moyano archivara otro caso en el que un sobrino de otro ex Jefe de Policía (Ramón Frías) estaba acusado de matar a un pibe de 14 años- Cáceres de Bollati asumió como jueza del TSJ y Moyano la reemplazó en la fiscalía general», especificó Leguizamón.
Y agregó: «Todo parece estar armado para que varios de los actores que, según mis fuentes, tuvieron un rol especial en el encubrimiento de las amenazas sean los que definan –gracias al aporte de Gualda– si Suárez está bien o mal condenado».
El periodista se mostró muy indignado por la situación y anticipó que está dispuesto a ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se haga justicia.
«Cuando me pasan estas cosas me doy cuenta de que lo más importante que debo hacer es proteger mi libertad. Como ciudadano y como periodista de seguir diciendo las cosas que incomodan al poder. Sólo así voy a ser un actor social en la democracia que vivimos. Me van a volver loco, pero no me van a quitar la libertad. A eso se los aseguro», concluyó.
* Por Redacción La tinta
