Aumenta la represión en Nicaragua contra las protestas por la reforma del INSS
Una veintena de jóvenes asesinados, más de cuarenta desaparecidos y cientos de personas heridas son las víctimas reportadas por las protestas de estudiantes y pensionistas que desde hace cuatro días son reprimidas en Nicaragua por la Policía Nacional y las Juventudes Sandinistas. El presidente del país, Daniel Ortega, no ha expresado sus condolencias a la población, inhibe al Gobierno de responsabilidad y culpa a las redes sociales de incitar a la violencia.
Por M. Fernández para El Salto
Veintisiete asesinadas, más de cuarenta desaparecidas y cientos de personas heridas son, según fuentes extraoficiales, el resultado de cinco días de enfrentamientos entre las fuerzas afines al Gobierno de la República de Nicaragua —regido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo— y el movimiento estudiantil, firme defensor de una población pensionista que a su vez le está secundando proporcionándole víveres, medicinas y hospedaje.
A pesar de que los centros históricos de las principales ciudades del país centroamericano están siendo asediados por los antimotines de la Policía Nacional con la justificación de detener los actos violentos, el fin de semana múltiples grupos de manifestantes pacíficos se volvieron a convocar. “El miércoles nos plantamos para exigir el cese de las reformas al Seguro Social, pero hoy lo estamos haciendo para revelar todos y cada uno de los abusos del Gobierno”, señalaba Ingrid, una estudiante de Derecho de 26 años que ayer durante la mañana se manifestó pacíficamente en León frente al Heodra (Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello), lugar donde se inició una represión institucional que el Gobierno está tratando de encubrir con cortes intermitentes de electricidad y mediante el cese permanente de la televisión por cable en varios puntos del estado.
Como resultado de la batalla acontecida el viernes, el turístico municipio de León —declarado según la revista Forbes “la ciudad más cool del mundo” hace apenas una semana— amanecía oliendo a cenizas y envuelto en un insólito silencio que solo se quiebra en los supermercados de las afueras y en el centro de la ciudad. En los primeros, decenas de personas salvaguardan el futuro comprando provisiones: “Vienen porque en Managua y en Masaya ya se están produciendo saqueos en las tiendas”, señalaba una cajera de Maxi Palí en el barrio de Laborio, uno de los supermercados más grandes de León.
Por su parte, en las principales calles del núcleo arruinadas por los morteros, tiros e incendios que se sucedieron durante la jornada del viernes, los propietarios de pequeños restaurantes, farmacias, puestos de comida ambulante, tiendas de suvenires, librerías, etc., apilaban estanterías sin desmontar en las traseras de camionetas, echando el cierre a su sustento de vida “hasta no sabemos cuándo”, señalaba uno de ellos.
Los motivos del caos
El pasado lunes 16 de abril, el director ejecutivo del INSS (Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social) informaba: “Para seguir brindando los servicios de salud, para seguir dando las pensiones que tenemos ahorita, que son dignas, pues entonces vamos a tener que ir ajustando periódicamente el Seguro Social”. Con estas palabras, Roberto López advertía algunas de las modificaciones que el reciente Decreto Presidencial 03-2018 establece sobre el Reglamento de la Ley de la Seguridad Social de 1982.
En concreto, la reforma dicta que “los pensionados por vejez, invalidez e incapacidad aportarán mensualmente el 5% de la cuantía de sus pensiones para la Rama de Enfermedad y Muerte”, matizando que el aporte “será descontado por el Instituto al momento del pago de la pensión, y el Instituto garantizará que reciban servicios de salud de igual nivel que los asegurados activos”.
Este Decreto Presidencial presenta asimismo una modificación del Artículo 11, precepto que regula las cuotas aportadas para las prestaciones por parte de contratantes y personas empleadas. Mediante la nueva orden, dichas cuotas serán más altas para ambas partes, una subida que también atañerá, a partir del 1 de julio de 2018, al régimen especial de representantes religiosos de cualquier culto.
Oposición representativa
El decreto, lanzado sin consenso por parte del Gobierno, ha originado la respuesta de los principales representantes empresariales de Nicaragua: el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) y la AmCham (Cámara de Comercio Americana de Managua), que ya han convocado una huelga general prevista para el próximo lunes 23 de abril.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, parte implicada que despliega un influjo capital sobre la sociedad nicaragüense, difundió ayer, 20 de abril, un tajante comunicado: “Exhortamos a las autoridades del país a escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas del INSS y derogar las reformas realizadas […] en el Decreto Presidencial 03-2018. Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social. […] Reprobamos todo brote de violencia que enfrenta a los hijos de una misma nación. Las acciones represivas ejecutadas por miembros afines al Gobierno alteran la paz”.
En su discurso, la institución ha destacado que “reprimir la libre expresión y la protesta pacífica manifiesta la decadencia del estado de derecho de una república y la violencia de la justicia. […] Hay pecados sociales que ningún ser humano puede ignorar, sino que debe denunciar, sobre todo si se desean restituir los derechos violentados de los más vulnerables: nuestros jubilados”. Asimismo, el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, se ha posicionado al respecto pidiendo “la sensatez por el bien del país para evitar peores consecuencias”, subrayando la necesidad de “derogar la ley de reformas del INSS y abrir una amplia mesa de negociaciones con técnicos independientes y todos los sectores”.
Que se rinda tu madre
#NoTenemosMiedo, #QueSeRindaTuMadre, #OcupaINSS o #SOSNicaragua son algunos de los hashtags que han servido a la población para convocar más de cuarenta protestas en diferentes puntos del país, una acción que el Gobierno de la República pareció presagiar hace tres semanas, cuando anunció la necesidad de censurar las redes sociales “para proteger la seguridad de la nación”.
Internet sirvió así para que los ciudadanos y las ciudadanas se autoconvocaran por primera vez el pasado miércoles 18 de abril en Camino de Oriente, en Managua, donde fueron atacados por turbas orteguistas que a su vez destruyeron la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA). Como respuesta, el sector universitario de la UCA reactivó la protesta al día siguiente, y cientos de estudiantes de la Upoli (Universidad Politécnica de Nicaracua), de la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería) y de la UNA (Universidad Nacional Agraria) se unieron.
La represión policial a base de bombas lacrimógenas y balas de goma provocó el asesinato de dos jóvenes de 24 y 16 años. Al día siguiente, el Gobierno también reportaría el fallecimiento de un inspector policial de 33 años. La muerte de los dos jóvenes se difundió con celeridad a través de Twitter y otros canales, y las manifestaciones se propagaron por casi toda Nicaragua.
A pesar de la expansión de las protestas, en su discurso de medianoche del pasado jueves 19 de abril, la vicepresidenta Rosario Murillo restaba importancia al número de manifestantes y reinterpretaba las razones por las que la gente se está convocando: “Noticias falsas, y también falsas personas, falsos seres, falsas conciencias, falsas propuestas… Falsos, falsos, falsos, así son estos minúsculos grupos alentadores de odio. Menos mal que aquí, Nicaragua entera se une y reclama, retoma esa Paz que tanto nos ha costado, reclama esa Paz que tanto nos ha costado. Y esa es la Paz que vamos a defender”.
Sin embargo, en las jornadas del viernes 20 de abril y el sábado 21, la defensa de la Paz enunciada por el Gobierno continúa sin acaecer y la Policía Nacional apoyada por las Juventudes Sandinistas continúan reprimiendo brutalmente con armas de fuego a estudiantes y pensionistas que han reorganizado su discurso y su estrategia: “Esto ya no es por el INSS. Es por los estudiantes asesinados, es por los que se tienen que marchar del país, es por el 70% de desempleados, es por la reelección ilegal… Se va a seguir derramando sangre si es lo que ellos quieren”, sentencian.
Las agresiones se están dando en las calles de Managua, Masaya, León, Estelí, Granad y las víctimas no están siendo atendidas en los hospitales públicos. Asimismo, varios periodistas han sido agredidos por las grupos oficialistas, han sufrido el robo de sus equipos y están siendo interceptados en el aeropuerto de la capital nicaragüense. Además, los centros de las ciudades están destruidos: los árboles de la vida de Managua, costoso símbolo del Gobierno, están siendo cercenados; las catedrales; bombardeadas; los edificios institucionales, incendiados, y las entradas de las facultades, destruidas.
Los turistas, apilándose en combis, autobuses y taxis, huyen masivamente hacia San Juan del Sur, la localidad más turistificada de la nación, así como a Costa Rica y al resto de países centroamericanos. En Jinotega la Policía Nacional ha declarado que se une a la lucha del pueblo; en Matagalpa y en otros municipios del país los militares merodean las calles en camionetas.
Pronunciamiento de la ONU por represión y censura
El pasado viernes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que muestra su preocupación por los hechos y pide a las autoridades del país centroamericano que se respete el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. “Estamos profundamente preocupados por la muerte de, al menos, tres personas, y porque decenas han resultado heridas en Nicaragua durante las protestas contra las reformas a la seguridad social anunciadas por el Gobierno que están teniendo lugar esta semana”, dijo Liz Throssell, la portavoz de la Oficina. “Asimismo, se ha informado de que periodistas han sido atacados durante las protestas y es preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo los hechos hayan sido cerrados por el Gobierno”, subrayó.
“El Estado nicaragüense debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación. También instamos a los que se manifiestan a hacerlo de forma pacífica”, concluyó la portavoz.
Por otra parte, cientos de migrantes nicaragüenses apoyados por población originaria de Bilbao, Miami, Buenos Aires, San José, Washington D.C., Santiago de Chile, San Salvador, Guatemala y Venezuela se han concentrado frente a los consulados y a las embajadas de Nicaragua para pedir el cese de la violencia.
La respuesta de Daniel Ortega
Tras 4.146 días sin hacer una intervención pública, la tarde del 21 de abril de 2018, cuando ya se han reportado una veintena de personas asesinadas, más de cincuenta desaparecidas y cientos de heridas, el presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega, acompañado por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y por los jefes del Ejército y la Policía Nacional, se ha dirigido a la población nicaragüense a través de los canales de televisión oficialistas —que en ese momento se encontraban con la emisión cortada en varios puntos del país— para manifestarse sobre los acontecimientos que desde el pasado día 19 sacuden a Nicaragua.
Lejos de la autocrítica por la actuación de la Policía Nacional y los grupos oficialistas de las Juventudes Sandinistas, Ortega ha arremetido contra las protestas estudiantiles y ha insistido en que se deben a “la manipulación en las redes sociales” por parte de la oposición. Asimismo, ha calificado a las personas que se han manifestado como “grupos de pandilleros que arman alboroto y responden a una dirección política”. Además, ha señalado que las protestas son “incívicas y culpables de destruir la buena imagen de Nicaragua”, así como de sembrar “el terror y la inseguridad a todos por igual”.
Poniendo la atención en el pasado histórico de la nación y en otros países vecinos que “sí sufren la violencia de las maras”, el presidente Daniel Ortega ha concluido su comparecencia sin expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos y sin asumir un ápice de responsabilidad en la delicada situación que atraviesa el país, afirmando además que el problema del INSS es algo heredado por gobiernos anteriores al suyo.
* Por M. Fernández para El Salto
