Aborto seguro y salud pública
En el marco de un debate sobre el aborto que espera por su tratamiento en el Congreso, un grupo de especialistas provenientes de las ciencias sociales hablaron sobre la responsabilidad del Estado de garantizar la salud de las mujeres. La criminalización como una forma de control social que no disminuye las tasas y afecta a quienes menos tienen.
Por Nadia Luna para Agencia TSS
“Quienes bregan por salvar la vida de los fetos no lo logran con la penalización del aborto. Lo que sí logran es castigar a las mujeres. ¿A cuáles? A las que no tienen recursos”, afirmó Florencia Luna, coordinadora del área de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) e investigadora del CONICET. Fue en el marco de la charla abierta a la comunidad Reflexiones en torno al aborto desde las Ciencias Sociales, que se realizó este miércoles 4 de abril en FLACSO.
El objetivo fue brindar aportes a la discusión que se está dando en la Argentina para exigir que se trate en el Congreso Nacional un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La charla contó con la participación de especialistas de diversas áreas de la institución y una integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Luna planteó cuatro argumentos por los cuales el Estado debería garantizar el acceso a un aborto seguro. Uno de ellos, y el que se escucha con más fuerza, es que debe respetarse la autonomía de las mujeres para decidir sobre su vida y su cuerpo. Otro argumento tiene que ver con que es una cuestión de salud pública: además de ser la principal causa individual de mortalidad materna en la Argentina, debido a las complicaciones que genera la práctica de un aborto inseguro y clandestino, hay otras consecuencias negativas para las mujeres, como altas tasas de embarazo adolescente, una problemática que, en provincias como Chaco y Formosa, ronda el 25%. “Esto no solo afecta a las mujeres con menos recursos, sino que reafirma el círculo de pobreza ya que dificulta que esas jóvenes puedan terminar sus estudios”, sostuvo la especialista.
El tercer argumento que expuso Luna es la necesidad de debatir desde una visión integral de la salud de la mujer y de poner la lupa en la existencia de una doble moral. “Hay prácticas que no generan tanta reticencia y sin embargo involucran aborto. Una de ellas es la reproducción asistida. Algunas técnicas llevan a la generación de embarazos múltiples y a una selección embrionaria, que en realidad es un aborto”. Finalmente, habló de la ineficiencia del marco legal actual, que criminaliza la práctica del aborto: “La penalización no disminuye la cantidad de abortos porque se realizan de todas formas. Incluso, como ha pasado en los países donde se legalizó el aborto, si se acompaña con políticas de anticoncepción adecuadas, se logra bajar la tasa”, indicó.
Otro de los expositores fue Raúl Mercer, médico pediatra especialista en epidemiología y coordinador del área de Desarrollo Humano y Salud de FLACSO. El investigador citó cifras globales recientes, a partir de las que se estima que hay 227 millones de embarazos en el mundo y que un 44% son “no intencionales”. Entre los embarazos no deseados, un 56% termina en abortos inducidos, un 12% en abortos espontáneos y un 32% en nacimientos no planificados. “Llevar a cabo un embarazo no deseado no solo genera cambios a nivel psíquico, sino también biológico. Antes se pensaba que veníamos con una carga biológica de fábrica pero hoy se sabe que nuestra biología se modela de acuerdo con nuestras experiencias de vida”, señaló.
El especialista dijo que hay que imaginar el sistema biomédico como “placas tectónicas” que representan el choque de sistemas que coexisten: uno que promueve cambios y otro que genera resistencias. Dentro del primer grupo se encuentran organizaciones como la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y cátedras universitarias sobre el aborto (como en la UBA y la Universidad Nacional de Rosario). En el segundo, afirmó Mercer, están los profesionales objetores de conciencia y puso el ejemplo de la Academia Nacional de Medicina, “con gran prevalencia de varones de edad avanzada que tienen una postura basada en una formación tradicional y aspectos dogmáticos”. Y remarcó: “Nuestro desafío es cómo generar argumentos para persuadir a nuestros pares sobre el rol que les cabe al asumir un contrato social con la población que tiene como fin garantizar la salud”.
Andrea Berra, psicóloga e investigadora del área de Género, Sociedad y Políticas de FLACSO, indicó que uno de los problemas que tiene la Argentina para pensar el aborto desde el abordaje de salud pública es la escasa cantidad de estudios y estadísticas sobre el tema. Uno de los informes oficiales más importantes al respecto se realizó en 2005, por pedido del Ministerio de Salud de la Nación, donde estimaba la cantidad de abortos por año entre 375.000 y 520.000 casos. También destacó que el aborto ya está despenalizado en casos de violación o de peligro para la vida y salud de la mujer, según el artículo 86 del Código Penal, pero que esto difícilmente se cumple.
“Este modelo de despenalización es un fracaso en la Argentina. Las mujeres no acceden al aborto no punible, seguro y gratuito. Hay muchísimas barreras, desde económicas y administrativas, hasta actitudes de los profesionales de la salud”, afirmó Berra. Además, indicó que las políticas públicas no solo deben garantizar el derecho a decidir la interrupción del embarazo, sino también a decidir con qué método se desea hacerlo (por ejemplo, el uso de misoprostol) y garantizar su acceso y calidad. “El tema del aborto tiene que estar como materia en todas las carreras relacionadas con la salud para formar equipos que aborden la salud integral de la mujer: física, mental y social”, sostuvo.
La socióloga Andrea Rizzotti, del área de Estudios Latinoamericanos de FLACSO, habló del tema desde la perspectiva del debate político. “Soy una firme defensora de que, para sacar la ley, hay que sentarse con los políticos, uno por uno, para tratar de convencerlos”, dijo. Contó el caso de la provincia del Chaco, de donde es oriunda y donde hizo un estudio a partir de entrevistas a diversos legisladores que participaron en la votación y aprobación de la implementación del protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) en el año 2012.”A pesar de que se cree que en las provincias son más conservadores y de que el gobernador era Jorge Capitanich, la legislatura votó a favor”, señaló. “Por eso digo que hoy, a pesar del presidente de la Nación, tenemos un contexto favorable para discutir la legalización del aborto, gracias al activismo de organizaciones y movimientos feministas”.
La última expositora fue Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde sus comienzos en el año 2005, quien sostuvo: “No queremos ni una muerte más por aborto clandestino y tampoco queremos mujeres presas. La criminalización del aborto solo consigue ampliar la injusticia y la brecha social. La prohibición opera como control social y disciplinamiento sobre la autonomía de las mujeres. La ilegalidad del aborto es violencia del Estado contra las mujeres”. Su exposición terminó con el lema de la Campaña, pronunciado por Elsa y coreado por todo el auditorio: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
*Por Nadia Luna para Agencia TSS.
