Cinco preguntas sobre el golpe en Brasil
Ayer se consumó el golpe de Estado contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Un análisis de los cinco puntos centrales.
El golpe de Estado contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, comenzó a gestarse en 2015, bajo la figura de juicio político conocido como impeachment, por haber supuestamente «maquillado» cuentas públicas a través de las llamadas «pedaladas fiscales».
¿Quién estuvo detrás del golpe parlamentario contra la mandataria?
El pasado 12 de febrero del 2015, Eduardo Cuhna, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aceptó el pedido de apertura del proceso de destitución contra la presidenta Rousseff. Cunha aceptó la solicitud presentada por los abogados y juristas Hélio Bicudo, fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, Miguel Reale Junior, exministro del Gobierno de Fernando Enrique Cardoso y Janaína Paschoal.
Posteriormente, en mayo del 2016 el Senado votó a favor del juicio político contra la mandataria, esto forzó la separación de su cargo por un periodo de 180 días.
Durante este período se analizaron las pruebas que supuestamente vinculaban a la presidenta apartada con las nombradas «pedaladas fiscales», lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales antes de la reelección en el 2014.
Rousseff decidió en julio del 2016 no comparecer ante el Senado brasileño, debido, en parte, a la falta de pruebas sólidas sobre el supuesto crimen de responsabilidad del cual fue acusada.
Para entonces, un informe presentado por técnicos del Senado exculpaba a Rousseff de las acusaciones por maniobras fiscales, las cuales supusieron una de las causas que llevaron a la apertura del juicio político. Según el informe, no existía una acción directa que hubiera contribuido al atraso de 3,5 millones de reales en pago a los bancos públicos por parte del Tesoro Nacional Brasileño.
¿Cuáles son los otros señalamientos hacia Rousseff?
Además de las «pedaladas fiscales», práctica que permite mejorar de forma engañosa las cuentas del Gobierno Federal, elevando el gasto público para financiar programas sociales, Rousseff también fue acusada de dictar tres decretos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso. Una estrategia contable que, según la defensa de Rousseff, fue utilizada anteriormente por varios Gobiernos que están en la oposición.
La denuncia original incluía denuncias de corrupción relacionadas con el fraude a Petrobras, que fueron excluidas por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien se centró en las faltas fiscales. Sin embargo, la defensa de la presidenta apartada calificó el juicio político culminado este miércoles, 31 de agosto, como una «farsa» porque no se le probaron casos de corrupción vinculados al escándalo de Petrobras y los argumentos de la parte acusatoria eran «débiles».
La defensa aseguró que Rousseff hubiera ganado el juicio en un tribunal «normal».
¿Golpe de Estado o impeachment?
«Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es impeachment, es golpe», sentenció en mayo pasado la primera Presidenta electa en Brasil.
Mientras que el abogado general de la República, José Eduardo Cardozo, ha reiterado que Rousseff no incurrió en delito de responsabilidad, por lo cual, no debería desarrollarse el proceso.
Durante su defensa del 12 de mayo, cuando el Senado aprobó el impeachment, Cardozo resaltó: «Se está cometiendo una injusticia histórica en la que procedimientos como el derecho de defensa son usados para dar legitimidad a un proceso que viola la Constitución».
Asimismo, el abogado manifestó anteriormente que Rousseff no debió ser juzgada por el Congreso, dado el sistema presidencialista que hay en Brasil.
El especialista agregó que solo el Tribunal Supremo puede juzgar al presidente de la República, y añadió que no existe el juicio político «a menos que sea una situación muy grave», un caso excepcional.
¿Qué sigue ahora para Rousseff?
Michael Mohallem, analista en la universidad FGV de Río de Janeiro, señaló que habrá una «lectura del proceso, usado como instrumento para favorecer a un grupo político, para llevar a Michel Temer y al PMDB al poder de un modo no tan legítimo como hubieran sido las urnas».
Pero destacó que, por otra parte, la campaña mediática también intentará hacer ver a la mandataria como «una figura ambigua: va a ser vista como una villana desde el punto de vista de la gestión, como una mala gobernante, que no supo dialogar con el Congreso».
Rousseff afirmó este miércoles en una rueda de prensa que recurrirá al Supremo Tribunal de Brasil para anular la decisión de llevar al poder al Michel Temer sin un solo voto popular a favor.
A pesar de haber sigo destituida, Rousseff podrá acceder a cargos públicos. Igualmente, Rousseff aseguró que para el PT «aún existen posibilidades de regresar al poder».
A pesar de haber sido destituida por el Senado de Brasil no se conoce que hará la mandataria apartada. Rousseff actualmente continúa viviendo en el Palacio da Alvorada, el mismo que tendrá que desocupar próximamente, sin embargo, esto no tienen un tiempo establecido, por lo que se espera que la mandataria resida allí hasta que pueda regresar a su departamento en Porto Alegre.
¿Cuáles Gobiernos rechazan de manera contundente el resultado del juicio político en Brasil?
La destitución definitiva de la mandataria Dilma Rousseff provocó las reacciones de distintos Gobierno de América Latina, analistas políticos y demás personas que comulgan con el concepto de «golpe parlamentario» por parte del Senado de Brasil.
Los Gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia congelaron las relaciones políticas y diplomáticas con Brasil tras recibir la noticia sobre el resultado del proceso judicial que apartó del poder a una presidente electa democráticamente. Igualmente retiraron a sus embajadores del territorio carioca.
Por su parte el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba rechazó enérgicamente lo que calificó como golpe de estado parlamentario- judicial contra Dilma. El Gobierno de Cuba argumentó que son de elogiar la defensa de la paz, el desarrollo de políticas que defienden al medio ambiente y los programas contra el hambre llevados a cabo por el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, del cual Dilma Rousseff es miembro.
Indicó que las fuerzas que ahora ostentan el poder han anunciado medidas privatizadoras sobre las reservas petrolíferas en aguas profundas y cortes a los programas sociales. Igualmente, enuncian una política exterior que privilegia las relaciones con los grandes centros de poder internacionales.
Así mismo el presidente Evo Morales de Bolivia, no tardó en manifestar su opinión sobre la destitución de Rousseff y advirtió que con ese proceso injusto, pretenden contener la rebelión del pueblo y expulsar a los pobres, negros y mujeres al poder.
«Hermana Dilma su lucha es la misma que libran nuestro pueblos en América Latina y el mundo contra el poder económico de unos pocos», afirmó el presidente boliviano.
A su vez, el Gobierno de Ecuador informó la retirada del embajador de Quito en Brasilia y calificó la destitución como una «apología del abuso y la traición» y afirmó que Ecuador jamás armonizaría con «este tipo de prácticas» haciendo referencia al Senado de Brasil.
«Lo sucedido en el Parlamento brasileño «forma parte de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, progresistas, nacionalistas y de izquierda, cuyo único fin es restaurar los modelos neoliberales de exclusión social y expoliación de nuestras riquezas naturales», indicó el Gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela en un comunicado de la dirección gubernamental.
¿Cuáles presidentes apoyaron el proceso de golpe parlamentario contra Rousseff?
A pesar de las protestas contra el golpe de Estado, reprimidas por la policía federal de Brasil, algunos jefes de Estado han mostrado su respaldo al proceso y han reconocido como legítimo al presidente interino Michel Temer.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue el primero en mostrar su «respeto» en relación al impeachment. “Ante los sucesos registrados en Brasil el Gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña”, apuntó en un comunicado en mayo pasado.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha mantenido diálogos con Temer sobre la presidencia pro témpore de Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur), situación a la cual se opone el paraguayo junto con Argentina.
Fue la oposición brasileña, liderada por el PSDB y el PMDB, que antiguamente formaba coalición con el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, los que respaldaron el juicio político.
Por su parte, en un comunicado de Prensa, el Gobierno de Chile manifestó este miércoles su «respeto» hacia la presidenta Dilma Rousseff y reafirmó «la confianza en que Brasil resolverá sus propios desafíos a través de su institucionalidad democrática».
Otro de los países que se pronunció sobre el «golpe parlamentario» fue Estados Unidos, afirmando que «la destitución de la presidenta de Brasil se produjo dentro del marco constitucional del país, por lo que dijo «respetar» la decisión del Senado y prometió que trabajará con el presidente sustituto, Michel Temer.
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU, John Kirby, dejó claro que Estados Unidos no comparte la denuncia de Rousseff, quien hoy afirmó que con su destitución por el Senado brasileño se había consumado un «golpe de Estado» blando en el país.
Por Telesur.
