Paritarias populares en Córdoba: la pelea de los trabajadores del ambiente
Entre las discusiones paritarias que calientan el comienzo del año, tienen su propio capítulo las cooperativas cordobesas que trabajan para la Municipalidad de Córdoba en el marco del convenio de Servidores Urbanos. Las y los trabajadores del ambiente actualmente perciben 5 mil pesos mensuales por sus servicios prestados y exigen un incremento salarial que al menos supere la línea de pobreza.
Por Agustin Mingorance para La tinta
El salario de los servidores urbanos no se modifica desde hace un año y medio y sus ingresos quedaron detrás de la Canasta Básica Alimentaria, comidos por una inflación que en 2017 fue del 24,8%, según el propio Indec.
Son más de 500 cooperativistas -la mayoría nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- que trabajan bajo el programa de servidores en distintos barrios de la Ciudad, realizando tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos, plazas y escuelas, desmalezamiento, transporte de residuos, control y ordenamiento de basurales, entre otras funciones.
El conflicto entre los trabajadores y la Municipalidad ya viene desde febrero, con el atraso de los pagos del mes de diciembre y falsas declaraciones del subsecretario de Desarrollo Social, Adrián Casati. Por esos días, el funcionario había afirmado en los medios que el salario era “de 7.200 pesos por mes, y ellos extorsionan porque cobran con un día posterior”, pintando la cifra y minimizando una demora que terminó siendo de 20 días. La regularización de los pagos recién se consiguió luego que 18 cooperativas de trabajo de la economía popular salieran juntas a la calle: carreros, cartoneros y trabajadores de mantenimiento y limpieza. Restaba la lucha por el aumento.
El salario dignifica
La demanda del aumento comenzó el pasado jueves 15. En el marco de la jornada de lucha “Sí al trabajo, no al ajuste” convocada por CTEP, las cooperativas de la rama de trabajadores del ambiente -FACCyR- volvieron a marchar hacia el Palacio 6 de Julio para exigir salarios dignos. En la misma, las palabras del funcionario de Desarrollo Social le valieron un escrache en una multitud de carteles: “Casati mentiroso”, “Casati cagador”, “Casati vive de los pobres”, “Casati, dónde están los $7200?”, fueron algunos mensajes que podían leerse.
Los y las trabajadores exigieron allí que se declare una Emergencia Social Municipal que contemple la promoción de cooperativas del sector, la producción de alimentos producidos por la agricultura familiar, el apoyo de ferias en espacios públicos, obras de infraestructura en los barrios humildes y que el Estado municipal se provea de la producción de la Economía Popular.
La protesta concluyó con un acto frente al monumento a Tosco, donde además de la CTEP se hicieron presentes representantes de la CCC, Barrios de Pie, la CTA, ATE, trabajadores despedidos del INTI, y partidos de izquierda.
El pasado miércoles, nuevamente las cooperativas y organizaciones populares se volvieron a movilizar encolumnadas detrás de la bandera de CTEP, en el marco de la marcha 21F. Multitudinaria, colorida y sonora columna, que se presentó de nuevo por la la muni para reclamar lo mismo que la semana anterior: el aumento y la Emergencia Social Municipal. Luego, algunas de las agrupaciones terminaron en la concentración y acto que encontró juntos a los representantes de las dos CGT cordobesas y la CTA. Otro eco cordobé de las convocatorias nacionales de lucha, donde se está gestando unidad de distintos sectores del movimiento obrero organizado, que se tiñe de demandas locales. Entre éstas, el derecho a un salario digno de los trabajadores de la economía popular, seguirá unificando acciones de las organizaciones, frente a la intransigencia (o incompetencia) del subsecretario de Desarrollo social, Adrian Casati.
Palabras de la Federación de trabajadores del ambiente
Como dice más arriba, las principales cooperativas de este conflicto están nucleadas en la Federación de trabajadores del ambiente-FACCyR (regional córdoba), que forma parte de la CTEP.
En diálogo con La tinta, Chaco Ojeda, integrante de La cooperativa de Cartoneros-recicladores Podemos, aclaró que “primero, nosotros somos trabajadores de la economía popular y, segundo, somos trabajadores del ambiente, porque en lugar de enterrar la basura, nosotros la recuperamos la basura y de ella hacemos plata. Por eso, estamos cuidando el ambiente”.
Respecto al conflicto fue contundente: “Mientras la Municipalidad gasta 3 mil millones para el tratamiento de la basura, nosotros hacemos de la basura nuestro salario. A los compañeros que trabajan para la Municipalidad no les pueden pagar 5 mil pesos mensuales, con eso no alcanza para poner el pan en nuestra mesa”.
Por su parte, Carlos ‘Purruco’ Andrada, de la Cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza, expresó: “Las movilizaciones y los reclamos han surgido porque ha todos les ha estado pegando la municipalidad, ha querido hacer un ajuste tipo Macri. Pero hemos salido a la calle a discutirle que nosotros no podemos aceptar porque el ajuste no tiene que ser en contra de nosotros, porque somos los más precarizados del país. Repercutió en cada uno y surgió la necesidad colectiva de movilizarse todas las cooperativas y organizaciones, porque sentimos que la unidad es el camino«.
Y agregó: «De lo contrario siempre están dividiendo, generando conflictos entre las cooperativas y castigando a otras, que me parece que no es justo porque son todos trabajadores castigados por el sistema. El sistema no castiga a los funcionarios que hacen mal las cosas, ni debaten la realidad de la pobreza de Argentina: la están tratando de esconder y nosotros somos la que la sacamos a la luz. Como Federación de trabajadores del ambiente no tenemos que dar brazo a torcer, porque es una lucha legítima la de trabajar y que nos paguen en tiempo y forma.”
Finalmente, Andrés, de la Cooperativa de trabajo Luna Nueva, resaltó: “Quienes trabajamos como servidores urbanos hacemos el trabajo que nadie quiere hacer. Porque no lo hacen las empresas a las que la municipalidad les paga millones de pesos por mes, que tienen contratos millonarios y no hacen el trabajo que les corresponde, dejan abandonados los barrios periféricos de la ciudad; y tampoco lo hacen los empleados municipales. Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer en condiciones de suma precariedad, donde la Municipalidad no provee absolutamente nada, ni seguridad, ni protección, ni herramientas.”
* Por Agustin Mingorance para La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
