Caso Abril Sosa: cuando la Justicia revictimiza, discrimina y obstruye
La legisladora Liliana Montero presentó un pedido de jury contra la fiscal Claudia Palacios, quien llevó adelante la búsqueda de la pequeña de 4 años que desapareció en barrio General Bustos y que dos días más tarde fue encontrada sin vida. «La fiscal faltó a su deber de contención familiar de la víctima, culpabilizó a la familia con prejuicios discriminatorios y clasistas, y realizó declaraciones que no eran propias de una investigación de estas características», acusó.
Por Redacción La tinta
“Los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y no dejarlos en la calle hasta las 12 de la noche. Hay padres que no toman ninguna medida al respecto”. Con esas palabras se despachaba el 14 de enero la fiscal Claudia Palacios respecto a la familia de Abril Sosa, una pequeña de apenas 4 años de quien se desconocía el paradero y había sido vista por última vez el día anterior, en la vereda de su casa de barrio General Bustos.
Abocada a las declaraciones mediáticas y los prejuicios de clase por tratarse de una familia de un hogar humilde, la Dra. Palacios orientó desde un principio la investigación hacia el vínculo de los padres con cuestiones orientadas hacia “la venta de droga” y que la desaparición de Abril sería un ajuste de cuentas.
A pesar que desde el primer momento la familia negó las vinculaciones con el narcotráfico y remarcó que Abril había sido vista por última vez con un hombre desconocido; subestimando que en Argentina se produce un femicidio cada 30 horas; la fiscal decidió sostener la hipótesis del ajuste de cuentas por drogas. “Posiblemente esté vinculado a un caso de drogas. Podría ser uno de los padres el vinculado al ajuste. Podría ser un ajuste de cuentas. Es una de las hipótesis más fuertes que tenemos. Por el momento, no sabemos nada de la nena”, declaraba a los medios la magistrada.
Durante tres días, los padres de Abril no sólo tuvieron que enfrentar la angustia de la desaparición de su hija, sino que además tuvieron que hacer frente al asedio de la fiscal y los medios de comunicación que con prejuicios discriminatorios, peyorativos y clasistas, culpabilizaban a la familia por la desaparición de la niña y no hacían foco en los eventuales victimarios en tanto responsables de tan aberrante crimen.
El papá de Abril incluso denuncio que fue golpeado por efectivos de la Policía de Córdoba para que admitiera el crimen. “Me pegaron con las manos, pero saben dónde golpear para no dejar marcas. Me quisieron involucrar, pidiéndome que les diga dónde estaba mi hija”, narró ante las cámaras de Canal 10.
Finalmente, a dos días de su desaparición, la Policía halló en un baldío del barrio de Alta Córdoba el cuerpo de la pequeña. “Puede que no haya sido un ajuste de cuentas sino un pedófillo. El hombre está detenido, es del sector, y llegamos a él por un informante”, expresaba en ese momento la fiscal.
Según la nueva línea investigativa, la niña fue interceptada en la calle por Daniel Ludueña (34), un vecino de la familia que tenía antecedentes de delitos contra la integridad sexual. El perverso habría engañado a Abril para que lo acompañara a la pensión donde vivía. Allí habría abusado de la pequeña y luego la habría asesinado. La fiscal Alicia Chirino imputó a Ludueña por «homicidio calificado por alevosía» y ordenó su traslado a la Cárcel de Bouwer.
Indignación y jury
Esta situación generó desde el inicio la indignación de la legisladora Liliana Montero con la fiscal Claudia Palacios, sentimiento que la semana pasada tomó forma de Pedido de Jury ante el Jurado de Enjuiciamiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 159 de la Constitución de la Provincia.
La legisladora realizó un análisis exhaustivo sobre los distintos incumplimientos, infracciones y violaciones a normativas y procedimientos llevadas adelante por Palacios, y apuntó contra el “mal desempeño» de la fiscal en la investigación, quien faltó a su deber de contención familiar de la víctima, incumplimiento del mandato legal de efectiva protección de los derechos de las víctimas de violencia de género y la debida sustanciación del enjuiciamiento criminal.
«Todas las expresiones efectuadas por la Fiscal no conducen más que a agravar el estado de vulnerabilidad de la víctima y de sus familiares. Especialmente si aluden a un hecho delictivo alusivo a una niña -y su círculo familiar- en tanto Abril Sosa es una de las víctimas más inocentes de violencia de género, lo que imponía el deber de trato con la humanidad y el respeto que merecía la dignidad inherente a la persona humana», acusó Montero, quien remarcó que en todo momento, la fiscal tuvo una nítida tentativa de culpar a la familia de Abril.
* Por Redacción La tinta
