Imputan a médicos por negarse a realizar un aborto no punible
Una joven rionegrina fue derivada al hospital de Cipolletti para interrumpir un embarazo producto de una violación y los profesionales no realizaron la intervención. La justicia imputó a un médico y una médica por el delito de incumplimiento de funcionario público.
Por Redacción La tinta
Una mujer de la localidad de Fernández Oro (Río Negro) se presentó el pasado 2 de abril en el hospital Pedro Moguillansky con la intención de interrumpir su embarazo no deseado, producto de una violación.
Según indica el diario Rionegro.com.ar, la muchacha manifestó al profesional de guardia que pretendía interrumpir la gestación en curso y por eso había tomado pastillas para inducir el aborto. Esta decisión ya había sido adelantada por una médica y una profesional de servicio social del hospital orense, cuatro días antes de ingresar a la guardia de Cipolletti. La joven había llenado la declaración jurada que se prevé para los casos de abuso sexual y que implica que en estas circunstancias el aborto es no punible.
En contra de la voluntad de la paciente, el profesional médico no sólo no realizó la intervención solicitada sino que impidió que se realice el aborto aplicándole medicamentos para inhibir las contracciones que estaba teniendo. Para la fiscalía, este acto va en contra de la Ley Provincial 4796, el Decreto Provincial 182/2016 y la Ley Nacional 26.485, según explicaron desde el Ministerio Público.
Similar fue el accionar de la médica que se hizo cargo de la guardia el 3 de abril, pasadas las 9:30. Allí la paciente explicó nuevamente que deseaba realizarse un aborto no punible en los términos legales previstos y la profesional a cargo omitió el pedido y no ejecutó acciones médicas que provoquen el aborto, lo que representa una violación de las reglamentaciones vigentes.
Médicxs fuera de la ley
Los fiscales Rita Lucía y Santiago Márquez Gauna imputaron a los dos profesionales del hospital cipoleño Pedro Moguillansky bajo el delito de incumplimiento de funcionario público, tras entender que eludieron sus obligaciones en torno a la ley que prevé esa práctica.
Los funcionarios judiciales justifican su posición con la información de la historia clínica de la paciente, testimonios de profesionales de los hospitales de Cipolletti y de Fernández Oro, y los informes del Cuerpo Médico Forense.
Los imputados declararon negando la acusación y sostuvieron que actuaron para controlar el estado de salud de la paciente. Alegaron que fue el propio Ministerio de Salud quien les informó que no debían continuar con el aborto por el estado avanzado de gestación. La defensa de ambos solicitó el sobreseimiento pero el planteo fue rechazado por la Jueza de Garantías, Sonia Martín.
Fuente: Ríonegro.com.ar
