Tres meses sin Santiago, la Sociedad Rural y la apropiación originaria
Casi en simultáneo con el cumplimiento de los tres meses sin Santiago Maldonado, el Gobierno Nacional anunció que la Sociedad Rural Argentina «tomará rango de Ministerio» al asumir su titular Luis Miguel Etchevehere como encargado de la cartera de Agroindustria. La misma institución que apenas a una semana de la desaparición del joven, celebró el operativo represivo; la misma que se favoreció con la apropiación de la tierra desde la fundación del Estado argentino.
Por Redacción La tinta
Había pasado exactamente una semana que no sabíamos nada de Santiago Maldonado. El 8 de agosto, siete días después de la desaparición del joven artesano en un operativo represivo de la Gendarmería Nacional contra el Pu Lof en resistencia Cushamen, la Sociedad Rural Argentina (SRA) hizo público un comunicado titulado “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur” en el que instaron al Poder Judicial a que aplique “la ley en tiempo y forma”.
En un contexto de gravedad institucional extrema en la que el joven artesano todavía no era buscado por ninguna fuerza de seguridad del Estado y en momentos en que la familia del muchacho imploraba que se inicie una investigación seria que esclarezca el destino del muchacho, la SRA compartió un escrito que ni siquiera hacía mención a Maldonado: “Las familias rurales patagónicas, que históricamente han estado integradas con las comunidades originarias en el trabajo y la producción, desde hace un tiempo son víctimas del hostigamiento y el violento ataque del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El accionar violento y la reiterada violación de la ley que lleva adelante esta agrupación nada tienen que ver con la reivindicación étnica. Son responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, el abigeato, la usurpación y el daño a la propiedad privada”, cita el comunicado, remarcando más adelante su apoyo incondicional al accionar de la Gendarmería Nacional.
El comunicado de la SRA remite en varios a aspectos a una solicitada de la misma entidad publicada en marzo de 1977, al cumplirse un año del Golpe Cívico Militar. En el 77 y en el 2017, la SRA afirmó que una parte de la sociedad era “víctima del hostigamiento y el violento ataque de grupos delictivos”. Hace 40 años, los destinatarios de esas palabras eran las organizaciones guerrilleras y ahora, el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
El pasado 5 de agosto, el presidente de esta entidad, Luis Miguel Etchevehere, fue un poco más allá en una nota publicada por el diario La Nueva Provincia al sostener que en la Argentina debería haber “seguridad institucional” y eso requería hacer lo que acontece en el Brasil del golpista Michel Temer: persecución política y reforma laboral.
Ya sea en 2017 como en 1977, la Sociedad Rural Argentina persigue los mismos objetivos. Su estirpe es la apropiación originaria de recursos, el apoyo a todos los Golpes de Estado ocurridos en el país y la consolidación de un esquema económico donde muy pocos sean los más beneficiados.
Los medios hegemónicos porteños podrán ocultar la verdadera cara de la Sociedad Rural, pero nadie puede escapar de su propia historia. La historia violenta de la SRA fue construida sobre la base de una violencia originaria, una apropiación originaria de poder, de tierras, de riqueza.
La Campaña del Desierto estuvo organizada para establecer las fronteras del Estado nación y fue financiada por quienes se apoderaron de las tierras usurpadas durante la expansión territorial. A partir de la Ley 947 se beneficiaron 391 personas con 8.548.817 hectáreas repartidas en La Pampa, Río Negro y Neuquén (Jorge Páez –La Conquista del Desierto).
La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882, por su parte, puso a disposición de enormes terratenientes la cifra de 5.473.033 hectáreas de tierras fiscales pampeanas y patagónicas y lo mismo ocurrió con 820.305 hectáreas fiscales vendidas a un centenar y medio de particulares, a través de la Ley 1552, titulada de “derechos posesorios”.
El 5 de septiembre de 1885 fueron otorgadas 4.679.510 hectáreas en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego a 541 personas.
En total, para aquel año ya se habían “transferido” desde el Estado a los grandes terratenientes un total de 19.621.665 hectáreas. Jacinto Oddone elevó a poco más de 34 millones de hectáreas de tierras entregadas, en donde 24 terratenientes habían engrosado sus pertenencias con 200 y 650 mil hectáreas cada uno. En 25 años fueron entregadas más de 30 millones de hectáreas, es decir el equivalente a la extensión de tierras que hoy están bajo cultivo en la Argentina.
Cuando la Sociedad Rural reclama “el fin de la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur” lo hace parada sobre su estirpe represora, autoritaria, oligarca. Lo hace desde su pertenencia de clase, que coincide –otra vez- con los representantes del Poder Ejecutivo.
La misma pertenencia que llevó a que el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, aún con causas en su contra por defraudación vinculada con manejos financieros y por reducción a la servidumbre de trabajadores rurales, sea nombrado ministro de Agroindustria y responsable de dirigir el rumbo del país en esa materia. Un aval al poder de los grandes terratenientes a horas de la marcha por Santiago Maldonado.
* Por Redacción La tinta / Imágenes: M.a.f.i.a. Fuente: Sebastián Premici para Cadena del Sur.
