Perú: una reforma laboral que empeora todo
Por Mariana Álvarez Orellana para Nodal
Carlos Mejía Alvites señala que para reactivar la economía, el gobierno insiste en medidas administrativas e incentivos tributarios, pero no existe ninguna política reactivadora por el lado de la diversificación productiva, la reforma tributaria o el incremento de remuneraciones. Y esto es necesario, en un mercado laboral que ha registrado cambios estructurales debido al énfasis en las exportaciones de bienes primarios, así como a patrones de especialización basados en empleos de bajos ingresos en servicios o comercio.
Los efectos distributivos positivos del crecimiento económico de los años 2000 no alcanzó para zanjar en lo más mínimo las brechas de género, étnicas y de campo-ciudad que se expresa en remuneraciones y condiciones de trabajo.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski, con nuevo gabinete insiste en aplicar las recetas ultraliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el banco Mundial y se ha lanzado a una campaña para persuadir a la opinión pública de la necesidad de una “reforma laboral” como mecanismo para la reactivación económica, basado en la temporalidad laboral, uno de las formas para atacar la afiliación sindical y a la vez debilitar las negociaciones colectivas.
La campaña publicitaria para asegurar un imaginario colectivo a favor de la reforma laboral, sale de la tecnocracia neoliberal del Ministerio de Economía Financiera y se repite permanentemente a través de los medios hegemónicos, con el diario El Comercio a la cabeza, y las principales televisoras y radioemisoras del país.
Obviamente, la reforma laboral promovida el Ministro de Trabajo Alfonso Grados, se trata básicamente de una mayor desregulación: reducir los diferentes regímenes laborales a cuatro; uno para el sector agroexportador, otro para las exportaciones no tradicionales (confecciones), otro para la micro y pequeña empresa (estos tres tienen como eje los contratos temporales, sin restricción ni limitación para su renovación, lo que significa máxima inseguridad ).
También se eliminará en estos tres regímenes la compensación por tiempo de servicios, reemplazándose por un seguro de desempleo (no se especifica si se aplicará solo en caso de despido o cuando no se verifique la renovación del contrato temporal), proporcionado por el sector privado. Las propuesta señala una reducción de las vacaciones de los actuales 30 días, a la mitad.
El cuarto es el régimen general, que mantendría la obligación de contratar de manera indefinida después de cinco años de continuidad laboral.
La publicidad oficial insiste en que estás medidas pondrán a Perú a la cabeza de la modernidad laboral y permitirán el crecimiento del empleo y reducir significativamente la informalidad laboral. Es la insistencia de la escalada neoliberal en sostener la idea que la formalización de la economía se podía lograr mediante la reducción del conjunto de derechos conquistados por los trabajadores en el siglo XX.
Las empresas informales podrían mediante estas ventajas permitir una “incorporación progresiva” de trabajadores en situación de informalidad a una formalidad con menos derechos, señalan. Pero la experiencia del régimen especial de Mypes Perú, ha dejado en claro que no hay una correlación entre reducción de derechos laborales e incremento de la formalidad laboral. Desde el 2008, cuando el régimen de Mypes pasó a ser permanente, a la fecha sólo se han formalizado alrededor del 8,4% de microempresas y no más de 6,7% de pequeñas empresas.
El plan laboral propone asimismo un cambio en la modalidad de pago, para que el empresario y el trabajador se pondrán de acuerdo en un salario anual, dividido en 12 meses. O sea, el trabajador debe negociar solo, individualmente con los representantes de la empresa o con el patrón. Se eliminan asimismo las gratificaciones (aguinaldos) de julio y diciembre, que figuraban como pagos por separado en los tres primeros regímenes laborales:
Repatriación de capitales o lavado de activos
El fracaso de las medidas tributarias en la recaudación durante el primer año de gobierno de Kuczynski es un efecto que se sigue sintiendo y que ya ha obligado a sucesivos cambios ministeriales en el sector Economía (Thorne, Zavala y ahora Cooper). Ahora, el gobierno basa sus esperanzas en lo que es el proceso del régimen temporal para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, en vigencia desde julio último.
El dinero repatriado podrá ser usado, según el reglamento, en servicios financieros brindados por cualquier empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, valores mobiliarios de empresas constituidas en el Perú, letras del Tesoro Público, bienes inmuebles en territorio peruano, certificados de depósito e instrumentos de deuda.
Estas normas, se establece que los peruanos pueden repatriar e invertir el dinero que poseen en cuentas legales establecidas en el extranjero, sobre el cual se aplicará una tasa de impuesto del 7%, y por la declaración (sin repatriar) de activos fuera del país, la tasa será de 10%. El especialista Khaled Luyo, señaló a inicios de este año, que la medida puede ser positiva para Perú, basado en las experiencias de México, Chile y Argentina.
El entonces ministro de Economía Jaime Thorne, aseguraba que la medida se aplicaba para estimular a quienes sacaron su dinero del país hace muchos años “(…) en la época del gobierno militar y otros momentos, a que regularicen su posición tributaria con la Sunat y lo más importante para nosotros es que se registren (…) y que en adelante se queden como pagadores”.
Según el Boston Consulting Group (BCG), firma de consultoría estratégica, existen siete mil 259 hogares que poseen más de un millón de dólares en activos (0.11% de hogares). con este tipo de riqueza. El informe, publicado en junio de este año por el diario El Comercio, revela que la riqueza privada en el país se incrementó a 7,6% (un año antes era de 6,3%), alcanzado un total de 94 mil 312 billones de dólares.
De ese total, el 65,4% del capital está en bancos y empresas locales, mientras que el 34,6% está en mercados off-shore: el ofrecimiento del gobierno es directamente a este sector. Los expertos dudan que con estas medidas se pueda obtener la recaudación necesaria para aumentar siquiera un punto del PBI para el próximo año. Proyectan una recaudación de entre cinco y seis mil millones de dólares.
Hasta inicios de septiembre, la autoridad tributaria recibió un centenar de solicitudes de contribuyentes para acogerse a este régimen de repatriación de capitales, cuyo reglamento fue modificado nuevamente. Los pedidos suman alrededor de 10 millones de soles, según declaró Claudia Suárez, superintendente nacional adjunta de Tributos Internos.
Los expertos señalan que esta medida puede abrirle la puerta a quienes no necesariamente tengan dinero lícito. Mediante el decreto supremo 267 del Ministerio de Economía, promulgado el 11 de septiembre se establece en el artículo 12 respecto a la sustentación de la información que “…en caso de no contar con dichos documentos, la renta no declarada se sustentará con una comunicación que tendrá carácter de declaración jurada… Los consumos (retiros relevantes en el cálculo de las ganancias presuntas) estarán sustentados con la declaración jurada.”
El abogado César Luna Victoria, señaló en la revista Semana Económica su preocupación : “Con la magia de la declaración jurada, el contribuyente no tiene que probar nada, será la Sunat quien tendrá que invertir muchas horas de auditoría para identificar rentas no declaradas por un valor en exceso a lo regularizado”.
El gobierno apuesta a la repatriación de capitales para fortalecer la recaudación e incrementar el PBI para el próximo año, Muchos expertos temen que la medida se convierta en una “lavadora legal” de dinero y señalan que se obtendría entre dos y tres mil millones de dólares, lo que significaría el 1% a 1.5% del PBI.
El nuevo viejo modelo
La nueva ministra Mercedes Araoz, planteó cuatro temas (agenda social, fortalecimiento productivo, reactivación, seguridad y prevención de desastres) y dos ejes transversales (“revolución social” y lucha contra la corrupción). Un rosario de buenas intenciones, para la profundización del modelo en curso, que nada tiene que ver con un plan para el desarrollo sostenible, ni para una “revolución social” prometido para el Bicentenario.
Araoz habló de diálogo, pero hizo énfasis en la políticas y el modelo primario exportador de los últimos tres decenios. Más de lo mismo hasta que este gabinete deba renunciar, ante la desestabilización parlamentaria promovida por el fujimorismo. Recitó sobre educación y salud de calidad, pero nada habló de la corrección de problemas que la reciente huelga magisterial ha desnudado.
Araoz hizo anuncios sobre agua, desagüe, electricidad, pero enseguida apareció como riesgo una mayor privatización de servicios. Habló de fortalecimiento productivo, pero sólo de aspectos legales para la formalización de las pymes, no propuestas para aumentar su productividad y competividad .Mientras, el ministro de producción anunciaba el abandono de la diversificación productiva como política y de afianzamiento para la política del extractivismo, en especial la minería.
*Por Mariana Álvarez Orellana para Nodal / Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) / Imagen de portada: Manchón.
