Santa Cruz en alerta protegiendo su río
Un proyecto de dos megarepresas para obtener agua que se usaría en minería y fracking, lleva varios años sin concretarse. Ahora, los ministros de energía y ambiente buscan consolidar el acuerdo y destrabarlo, a pesar de la oposición de organizaciones sociales, pueblos originarios y ONGs.
Por Teresa Oliva para La tinta
El gobierno de Cristina Kirchner acordó en 2015, con la compañía china Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería S.A. y con Hidrocuyo S.A, la construcción de dos megarepresas, Nestor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el cause del río Santa Cruz. Se trata del mayor emprendimiento licitado por el Estado en los últimos 25 años, de 4.500 millones de dólares.
Es un proyecto que se viene ideando hace casi cincuenta años y que no podía concretarse por la falta de inversión internacional. Pero ahora, mediante los ministros de Energía y Ambiente, Juan José Aranguren y Sergio Bergman respectivamente, buscan consolidar el acuerdo y “destrabar” el freno a la obra de organizaciones sociales, pueblos originarios y ONGs.
En el documental «Matar al Río», difundido recientemente por el movimiento Río Santa Cruz Sin Represas, la ex directora de medio ambiente de Río Gallegos, Soledad Verón, denuncia que no tuvo poder de decisión sobre la construcción de las represas y que le ordenaron que no entorpeciera las obras.
Pero luego de las campañas de difusión, las movilizaciones y herramientas legales, se logró la Audiencia Pública correspondiente en el Congreso de la Nación. Allí los testimonios, documentos e informes mostraron los efectos negativos del proyecto, así como las leyes que se están ignorando. Pero el gobierno ha publicado en el boletín oficial el comienzo de obras, alertado por el peligro de perder la inversión internacional.
Ahora, nuevas medidas cautelares exigen la nulidad del estudio de impacto ambiental, ya que contiene aspectos que afectan seriamente la salud y biodiversidad del territorio, desconociendo las leyes ambientales que no permiten las mega represas en el río Santa Cruz.
El negocio es otro
A diferencia de algunos diques, que son reserva de agua para consumo humano o para la actividad agrícola, las mega represas del río Santa Cruz tienen como propósito proveer de energía a las actividades mineras, y agua para el fracking, imprescindible para obtener oro, plata, cobre y petroleo, recursos sobre valorados a nivel mundial.
El fracking es una actividad altamente destructiva, que se hace cuando un pozo de petróleo está terminando su vida útil. Y en Santa Cruz el petróleo está casi agotado, por lo que se necesita inmensas cantidades de agua y explosivos para sacar lo poco que queda. Una mina a cielo abierto, por día, necesita la energía que consume una ciudad patagónica entera para poder funcionar, y si puede tenerla más cerca es un costo todavía menor para la empresa. En el marco del Acuerdo Federal Minero, recientemente firmado por la mayoría de las provincias de Argentina, uno de los elementos claves para “no generar trabas en el desarrollo” es el control y uso indiscriminado del agua que se les concede a las multinacionales.
El movimiento Río Santa Cruz Sin Represas, que cuenta con información especifica sobre los efectos negativos de este megaemprendimiento, asegura que va a disminuir considerablemente la actividad turística de la zona, con la que subsiste la mayoría de la población. Incluso en la Audiencia Pública, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un plan con diferentes propuestas de desarrollo energético alternativo, más rentables y ecológicas, como las fotovoltágicas o la eólica, pero no fueron valorados por el Congreso.
Es evidente que la producción de energía hídrica en el río Santa Cruz está lejos de querer generar bienestar a la población, a la flora y a la fauna, sino que el negocio es otro. Está dirigido a un programa de enriquecimiento extractivo minero e hidrocarburífero, que implica que las ganancias que hipotecan la biodiversidad de nuestro territorio, no van a aportar a la economía regional de la Patagonia, sino todo lo contrario. Además, otra consecuencia importante de este proyecto es que la inundación del territorio aumentaría el precio de la lana a nivel mundial, la cual se produce en el valle del Río Chubut, territorio cushamen en conflicto con su propietario Luciano Benetton.
Una bomba biológica, histórica y cultural
Las mega represas están siendo criticadas a nivel mundial. En Latinoamérica son doce los países que reconocen estar afectados por este tipo de emprendimientos, donde las experiencias muestran que el enorme desastre ecológico es altamente perjudicial para la salud de la población y el conjunto de la biodiversidad.
El río Santa Cruz, en este caso, es el único río glaciario de la Patagonia. Es el hábitat de decenas de plantas nativas y animales autóctonos, algunos en serio peligro de extinción. También es uno de los recursos naturales, históricos, culturales y turísticos más importantes de la región austral.
En relación a la salud, el impedimento de la libre circulación del río y la inundación de un gran valle producen sobrepoblaciones de insectos, generando enfermedades como Esquistosomiasis, Dengue, Malaria o Leishmaniasis; sobre las que alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Y aunque el Secretario de Ambiente prometa nuevas zonas de reserva para protección de la flora y la fauna nativas, lo cierto es que toda la biodiversidad va a ser afectada por estas megarepresas. Estudios científicos han probado que especies en extinción como el ave patagónica Maca Tobiano y la ballena franca ustral, pueden no resistir esta obra. Tampoco están considerados los más de cien sitios arqueológicos poco conocidos en el valle del río, que van a ser destruidos bajo el agua y que son cementerios sagrados de la comunidad mapuche tehuelche Lof Fem Mapu.
Los efectos negativos en la biodiversidad, en la cultura y en las poblaciones ya son conocidas, por otras experiencias de resistencia contra las megarepresas en Latinoamérica. En el 2013 por ejemplo, durante una marcha de 150 kilómetros de la Mesa Provincial No a las Represas, los vecinos de Misiones denunciaban que pueblos enteros quedarían bajo el agua. En Chile también el movimiento de Patagonia Sin Represas logró sepultar los proyectos de Río Cuervo e Hidroaysén, luego de diez años de insistencia rebelde en defensa de los derechos que preservan el patrimonio cultural, económico e histórico de su territorio.
Un estudio tendencioso, parcial y hecho a medida
En el 2015, cuando se firmó el plan de obra, la ONG Banco de Bosques y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia presentaron una acción declarativa y un recurso de amparo para parar la obra. Lo que se sumó a las actividades de difusión y movilización de las organizaciones nucleados en #RíoSantaCruzSinRepresas que venían denunciando el peligro de las megarepresas desde el año 2014. Es entonces cuando el juez es obligado a cumplir con la Ley de Obras Hídricas que, por un lado obliga a la empresa a realizar un estudio de impacto ambiental y, por otro, insta al Congreso de la Nación a llamar a Audiencia Pública en su recinto.
En esa audiencia hablaron 170 personas, de las cuales sólo catorce estaban de acuerdo con el mega proyecto, como el Comité Argentino de Grandes Presas, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica, Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería, entre otros. Mientras que la mayoría de los testimonios, de organizaciones sociales, pueblos originarios, vecinos, vecinas, científicos y especialistas en general exigieron que el Ejecutivo frene el proyecto, convoque a una consulta popular y estudie una alternativa energética que preserve la biodiversidad y la salud de la comunidad.
Lejos de tener en cuenta el pedido de las organizaciones, dos semanas después los ministerios de Energía y Minería en conjunto con el de Ambiente y Desarrollo Sustentable, publicaron en el boletín oficial por resolución 3-E/2017, por el que una vez terminada la audiencia y hecho el estudio, estaban las condiciones para comenzar la obra. Una maniobra ilegal, ya que la obra está frenada por la jueza Macarena Marra Giménez mediante medida cautelar. Lo que muestra que el gobierno actual necesita dar garantías efectivas a China de que el proyecto no tiene mayores trabas para iniciar.
Una nueva medida cautelar presentada el 29 de agosto por la comunidad Lof Fem Mapu frena cualquier tipo de avance en las dos mega represas hasta que no se realice como corresponde por ley, una consulta previa, libre e informada a la comunidad que se va a ver afectada.
“Asimismo, se le ordene tanto al Estado como a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) el cese de las actividades que generen daño al patrimonio cultural, arqueológico, paisajístico e histórico y se proceda a su prevención, recuperación, reparación y/o restauración a favor de los Pueblos Indígenas (…) Se ordene a las demandadas, procedan a resguardar, preservar y proteger los restos mortales indígenas, en el estado y lugar en que se encuentren actualmente, garantizando a la comunidad Lof Fem Mapu y a los Pueblos Indígenas de la Provincia de Santa Cruz, la participación en dicha protección; aunque ésta pretensión conlleve modificación del proyecto de obra e incluso su NO realización”, expusieron desde la comunidad.
*Por Teresa Oliva para La tinta.
