¿De quién es la tierra?
Por Florencia Trentini para Notas
Este fue el hashtag del programa de Jorge Lanata el último domingo, y bajo ese paraguas enmarcó dos notas. Por un lado una entrevista a Facundo Jones Huala desde la cárcel, y por otro, un informe sobre “comunidades e indígenas truchos” a lo largo y ancho de nuestro país.
“¿De quién es la tierra?” es una pregunta más que importante, porque después de todo, las distintas respuestas se cristalizan en conflictos territoriales, en violentas represiones, en campañas estigmatizantes y hasta en desapariciones.
Emiliano Zapata supo decir que la tierra es de quien la trabaja, pero sabemos que lejos estamos de eso en nuestro país. Actualmente, en el marco del capitalismo, la tierra es de quien la compra y detenta su título de propiedad. Por este motivo nadie cuestiona que Joe Lewis no permita acceder al lago Escondido o que Benetton tenga casi un millón de hectáreas en nuestra Patagonia. Son “privados”, para ellos todo está permitido.
El problema es que la historia de Patagonia no empezó hoy. No empezó el día de la represión en Cushamen. No empezó con la desaparición de Santiago Maldonado. Ni con los supuestos ataques de la RAM. Ni siquiera con la llegada de Julio Argentino Roca y su campaña genocida.
Antes, mucho antes, en ese amplio territorio habitaban Pueblos Originarios, esos a quien Lanata llama “indios” -porque para él es lo mismo, para él las palabras no están cargadas de poder, de estigmatización, de desigualdad, ni tampoco de resistencia y lucha-. Y a pesar del intento de borrarlos de nuestra “historia oficial”, de tratar de construir una nación homogénea, única, blanca y civilizada, de sostener la extinción de algunos y la extranjería de otros, estos Pueblos siguieron existiendo y resistiendo.
Y siguieron existiendo y resistiendo hasta tal punto que más allá de la fuerte invisibilización, en 1945 se reconoció oficialmente que existían poblaciones indígenas en nuestro país, y Argentina se incorporó como miembro del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA.
Además, entre otros cuerpos legales y tratados, en 1985 se sancionó la Ley 23.302 “De Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes”, creándose el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como organismo específico. Y en 1994, con la Reforma Constitucional se pasó a reconocer, entre otras cuestiones, la preexistencia étnica y cultural de estos Pueblos, la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y a garantizar el respeto a su identidad.
Sin embargo, como la legalidad es más una cuestión de poder que de justicia, existe una importante contradicción entre los derechos reconocidos y los que efectivamente se implementan en la práctica cotidiana. Y tal vez el ejemplo más concreto de esta brecha sea la Ley 26.160, sancionada en 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, y ordena frenar los desalojos hasta tanto se realicen los relevamientos.
Hoy, a más de 10 años de su sanción, muchos territorios indígenas aun no han sido relevados y los desalojos no han cesado. Y lo que es todavía peor, no está claro que en noviembre sea prorrogada para poder continuar con los relevamientos.
En este contexto, en el que se está discutiendo si esta Ley se prorroga o no, nuevamente Lanata vino a cumplir su rol de periodismo funcional a las represiones, el despojo y la quita de derechos, y esta vez dedicó su informe semanal a hacer creer que cualquiera puede armar su propia comunidad indígena y reclamar territorio.
Hasta se dedicó a bromear con Marina Calabró y Gonzalo Bonadeo -devenidos aparentemente en expertos sobre el tema indígena- remarcando que “ahora si quiero decir que soy tehuelche, soy tehuelche”. Mientras en el informe le preguntaban a un diaguita si hablaba diaguita, para asegurar que lo era, o si había algún papel o estudio que acreditara tal adscripción.
No es sorprendente el informe de Lanata, el mismo no hace más que recurrir a ese sujeto indígena ideal que la mayoría se representa en su cabeza, porque los vimos en nuestros manuales escolares y en las películas, ese que acredita su diferencia mediante la existencia de una sumatoria de saberes, prácticas y símbolos que pueden ser definidos como “ancestrales”, y que son inmodificables, y que si se modifican se pierden para siempre, dejando ya de ser indígena.
El problema es que esta perspectiva, presente en el informe de Lanata niega algo fundamental: la historia. No esa escrita en los libros, sino la vivida por estos Pueblos. Vuelve a negar la violencia (en sus múltiples tipos), las contradicciones en las políticas de reconocimiento estatal, el doble juego de exclusión e inclusión que caracteriza y marca las experiencias y trayectorias de las actuales comunidades indígenas. Todas cuestiones esenciales para entender las particulares maneras en que se “produce” la diferencia y se “construye” la identidad.
Básicamente, cuando Lanata pretende que un indígena demuestre su “autenticidad” mediante su lengua, su vestimenta o la ocupación ancestral y permanente de un territorio, e intenta hacernos creer que la existencia de una comunidad indígena es algo natural que debe permanecer inmodificable a lo largo del tiempo, lo que está ocultando son los procesos históricos y el accionar del Estado sobre estos colectivos.
Las políticas genocidas, el proceso de colonización de los espacios territoriales y la expansión capitalista no parecen ser importantes para entender el presente de las comunidades indígenas. Básicamente porque para Lanata las comunidades parecen ser un tema de cultura -única, estática, inmodificable y demostrable mediante signos concretos- y no productos de condiciones estructurales, de cambios y contradicciones, de relaciones de poder y desigualdad.
Uno puede mirar esos informes, y hacer chistes como Lanata, Calabró y Bonadeo sobre cómo podemos juntarnos treinta, armar una comunidad indígena y reclamar territorio, o cómo mañana podemos querer ser tehuelches, diaguitas o mapuches y convertirnos mágicamente en indígenas.
Pero sería importante entender que este informe, estos chistes, estas estigmatizaciones y estas campañas mediáticas que buscan equiparar a los mapuche con ISIS y que además niegan las investigaciones académicas que en los últimos años se han desarrollado sobre estas temáticas, se dan en un contexto específico: la discusión sobre la prórroga de la Ley 26.160.
Y el problema es que los relevamientos territoriales y los informes histórico-antropológicos que esta Ley garantiza podrían dar una respuesta a esa pregunta que el domingo se hizo Lanata, demostrando que la tierra no es de los Benetton y los Lewis, sino de los mapuche, los diaguita, los tehuelche. En definitiva, de quienes la trabajan.
*Por Florencia Trentini para Notas.
*Doctora en antropología (UBA)
