De la dictadura a la ceocracia: notas para pensar los derechos humanos
Por Ezequiel Fernandez Bados para La tinta
En el año 1990 el agricultor Sergio Tomasella, miembro de las Ligas Agrarias, hizo acto de presencia en Buenos Aires para declarar sobre las constantes vejaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en el transcurso de la última dictadura cívico-militar-clerical, entre 1976 y 1983.
En el año 1990, el agricultor Sergio Tomasella dijo: “Es una línea continua: aquellos que le arrebataron la tierra a los indios siguen oprimiéndonos con sus estructuras feudales […] Los monopolios extranjeros nos imponen cosechas, nos imponen productos químicos que contaminan la tierra, nos imponen su tecnología y su ideología, todo eso a través de una oligarquía que es dueña de la tierra, y controla a los políticos. Pero debemos recordar que esa oligarquía es también controlada por los monopolios, por esos mismos: Ford Motors, Monsanto, o Phillip Morris” [1].
En el año 1990, el agricultor Sergio Tomasella dio justo en la tecla de un elemento que considero fundamental y que me gustaría recoger inmediatamente para volver en discusión en la agenda política un problema de grave importancia que es necesario considerar.
Primero, algunas salvedades: ¿Qué son los derechos humanos? Podríamos definir brevemente los derechos humanos como aquellas condiciones que los Estados tienen por obligación garantizar (tales como el respeto y la libertad sexual, política, religiosa, de expresión, de circulación, así como la no-discriminación étnica, etcétera) ya que son constituyentes radicales de la dignidad humana. Se puede pensar que cualquier violación a los derechos humanos debería ser, por lo tanto, categorizada como un delito de lesa humanidad: un delito que va en contra de la calidad humana, en contra de la humanidad en su totalidad. El asesinato sistemático de un grupo social determinado, por la causa que sea, es un caso paradigmático de este tipo de delitos que, lamentablemente, sigue estando bastante presente en la realidad tercermundista (y primermundista también), pero no es el único.
Si bien el poder coercitivo siempre será necesario para sostener un sistema económico que tiende a la destrucción paulatina y sistemática de los pueblos -el caso Santiago Maldonado es ejemplar en estos momentos; por cierto, señor Presidente, señora Ministra, ¿A dónde está Santiago Maldonado?– considerando la definición que acabamos de formular sobre “derechos humanos”, cualquier tipo de política económica que reconfigure el paradigma productivo y social de una manera tal que entre sus consecuencias produzca relaciones de pobreza sistemática, feudalismo, colonialismo, precariedad, miseria, y posterior muerte por hambre, tristeza, desesperación, tiene que ser inevitablemente un delito de lesa humanidad que atenta contra los derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque el hecho de que un Estado tenga la obligación de garantizar a toda su población un techo, salud, educación, trabajo, y posibilidades, forma parte (al menos desde mi punto de vista) de la lista de derechos humanos fundamentales. Porque se trata de una cuestión de vida. Y la ausencia de ese Estado, la ausencia de esa garantía, atenta directa y proporcionalmente a la vida misma. Atenta, entendámonos, en una cuestión de largo alcance.
La perpetuidad de una política económica basada en la imposición de una miseria programa a largo plazo es, en la actualidad, el peor de los genocidios: el genocidio legitimado. Un genocidio disfrazado de ecuaciones.
No es casual que la identificación del binomio capitalismo-libertad que tan gallardamente el genocida número uno de la economía gringa, el premio Nobel de Economía Milton Friedman, intentó imponer a diestra y siniestra de la mano de todos su ejército de intelectuales, sólo se haya podido aplicar a un número muy particular de países a lo largo del globo gobernado por dictaduras represoras y desaparecedoras, o por democracias que de democracia sólo tienen el maquillaje y un puñado de medios de comunicación monopólicos.
Es violencia seguir sosteniendo la idea de que la democracia es simplemente la elección por el voto de la mayoría: es una idea que se está cayendo por su peso muerto y que hay que reformular, que reconstruir. La inevitable determinación de los distintos sistemas que estructuran los mecanismos de comunicación y construcción de ideas como la publicidad, los medios, las redes, y –sobre todo– la fabricación de un inconsciente colectivo que está virando peligrosamente hacia la derecha, son elementos de importancia radical para interpretar cómo la democracia no es algo tan simple como ir a votar a fin de año: y es necesario mencionar esto, es necesario volver a decirlo, puesto que justamente una de las mayores operaciones que los medios de masas y las redes están activando políticamente en el inconsciente colectivo es la idea contraria, la identificación de democracia con elecciones; de capitalismo con libertad.
Por lo tanto, una política económica (como lo es la política económica neoliberal) que niega directamente el accionar del Estado frente a la economía y que intenta construirse como natural y objetiva (a través de diversos procesos de manipulación discursiva) es, desde mi punto de vista, parte central de las violaciones a los derechos humanos que todo el tercer mundo (cuyo caso paradigmático es el África en su conjunto) sufre.
Una política económica neoliberal, que tiene como concepto central de su constitución la negación de un Estado garantista del trabajo, la salud, la educación, y el bienestar, es un delito de lesa humanidad. Y afirmo esto, inclusive, a sabiendas que todos los golpes de Estado sufridos en Latinoamérica (incluyendo los más recientes: Haití, Honduras, Paraguay, y Brasil) tiene como objetivo no ya la eliminación sistemática de un grupo social determinado, sino la imposición de políticas económicas neoliberales (financiadas por los grandes mercaderes) a través de la eliminación sistemática (física o discursiva) de cualquier grupo social que no encaje dentro de la construcción típica que ese Estado intenta imponer como célula social constituyente.
Si antes las empresas utilizaron a las Fuerzas Armadas para regular el tejido social y aplicar sus políticas comerciales en el Estado, son ahora las mismas empresas las que, a través de las urnas, acceden al Estado y regulan ellas mismas el tejido social. El pasaje del neoliberalismo al ceoliberalismo; de una dictadura a una ceocracia.
Operación que, a fin de cuentas, no es más que otro de los tantos mecanismos de colonialismo contra el que tenemos que combatir.
* Por Ezequiel Fernandez Bados para La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
[1] Testimonio tomado de La doctrina del Shock, Naomí Kleín (pp. 172-173), tomado a su vez de A Lexicon of terror: Argentinian and the legacies of Torture, Marguerite Feitlowitz (pp. 159).
