La municipalización de la economía
En una economía capitalista, los medios de producción, la industria, al igual que la tierra, las materias primas y los productos elaborados, en resumen, la riqueza financiera se concentra en manos privadas. La alternativa a ésta es una economía social, en el que la propiedad de los bienes, en todo o en parte, se desplace a la sociedad en su conjunto.
La intención es crear una sociedad alternativa, que ponga la vida económica directamente en manos de los hombres y las mujeres que están vitalmente involucrados en dicho sistema social. Dicho sistema alternativo sería uno que tiene el deseo y la capacidad de reducir o eliminar los beneficios de una élite social y que construye unas instituciones en favor de los valores humanos. Como señaló Murray Bookchin, una economía social puede tomar varias formas.
Cooperativas
Las cooperativas son empresas a pequeña escala que son de propiedad colectiva y operadas por la colectividad. Pueden constituirse como cooperativas de productores o pueden constituirse como empresas autogestionadas que a su vez están colectivizadas. Sus estructuras internas de reparto favorecen la participación de la sociedad en general.
En la década de 1970, muchos radicales americanos formaron cooperativas, las cuales esperaban constituir una alternativa a las grandes corporaciones y en última instancia a reemplazarlas. Bookchin dio la bienvenida a este desarrollo, pero a medida que la década avanzaba, se dio cuenta de que cada vez más esas unidades económicas, antes radicales, fueron absorbidas por la economía capitalista. Mientras que las estructuras internas de las cooperativas se mantuvieron admirablemente, pensó que en el mercado pasarían a convertirse simplemente en otro tipo de pequeña empresa con sus propios intereses particulares, compitiendo con otras empresas, incluso con otras cooperativas.
De hecho, desde hace dos siglos, las cooperativas han sido a menudo obligadas a ajustarse a los dictados del mercado, independientemente de las intenciones de sus promotores y fundadores. En primer lugar, una cooperativa se enreda en la red de intercambios y contratos típicos. Luego descubre que sus rivales comerciales están ofreciendo los mismos productos, pero a precios más bajos. Como cualquier empresa, la cooperativa pretende permanecer y está obligada a competir bajando sus precios para ganar clientes, o no perderlos. Una manera de bajar los precios es crecer en tamaño, con el fin de beneficiarse de las economías de escala.
Así, el crecimiento se hace necesario para la cooperativa, es decir, debe “expandirse o morir”. Incluso una cooperativa muy motivada con sus ideales tendría que mal vender sus productos para no ser absorbida por sus competidores, la otra opción es cerrar. Esto significa que tendría que buscar beneficios para poder subsistir a costa de los valores humanos. Los imperativos de la competencia remodelarían gradualmente a la cooperativa hasta convertirla en una empresa de corte capitalista, aunque siga siendo una propiedad colectiva y social. Si bien la cooperación es una parte necesaria de una economía alternativa, las cooperativas por sí mismas son insuficientes para cuestionar al sistema capitalista.
De hecho, Bookchin argumenta que cualquier unidad económica de propiedad privada, si se gestiona de forma cooperativa o por los ejecutivos de la misma, ya sea propiedad de los trabajadores o de sus accionistas, es susceptible de ser asimilada, quieran o no sus miembros. Mientras exista el capitalismo, la competencia siempre requerirá que las empresas busquen menores costes (incluyendo el coste de la mano de obra), buscar más mercados y obtener ventajas sobre sus rivales con el fin de maximizar sus beneficios, puesto que tienden cada vez más a valorar a los seres humanos por su nivel de productividad y consumo, sobre cualquier otro criterio.
Propiedad pública
Una economía alternativa socializada sería una en la que tendrían que estar restringidas la búsqueda de los beneficios para una élite, o mejor eliminados. Dado que las unidades económicas son incapaces de contener su propia búsqueda de ganancias desde dentro, deben ser sometidas a restricciones desde fuera. Las unidades económicas deberían estar integradas en una comunidad más grande que tiene el poder no sólo para frenar la búsqueda de una empresa con fines de lucro, sino para controlar la vida económica en general. No obstante los imperativos expansionistas del capitalismo siempre tratarán de anular los controles externos.
El Estado-nación expropia la propiedad privada y se convierte en su propietario. La propiedad estatal, sin embargo, ha conducido en numerosas ocasiones a la tiranía, a la mala gestión, y a la corrupción, a todo excepto a una economía cooperativa. El concepto “propiedad pública” implica que la propiedad es de las personas, pero la propiedad estatal no es pública porque el Estado es una estructura de élite dirigida por personas pertenecientes a una élite estatal.
La nacionalización de la propiedad no da a la gente el control sobre su vida económica; no hace sino reforzar el poder del Estado con el poder económico. Vemos un ejemplo en el Estado soviético que se hizo cargo de los medios de producción y los utilizó para aumentar su poder, pero dejó las estructuras jerárquicas de autoridad intactas. La mayor parte de la población tenía poco o nada que ver con la toma de decisiones sobre su vida económica.
Municipalismo
Eso fue precisamente lo que Bookchin propuso como alternativa: una forma de propiedad pública. La economía no es de propiedad privada, ni se rompe en pequeños colectivos ni se nacionaliza, más bien se sitúa a nivel municipal, bajo la propiedad y el control de la comunidad.
La municipalización de la economía significa que la propiedad y la gestión de la economía pasa a ser de los ciudadanos. Las propiedades serían expropiadas a las clases poseedoras a través de asambleas y confederaciones que actúan como un poder dual, en beneficio de todos los ciudadanos. Los ciudadanos se convertirían en los “dueños” colectivos de los recursos económicos de su comunidad.
Los ciudadanos tendrían que formular y aprobar las políticas económicas adecuadas para su comunidad. Ellos tomarían decisiones acerca de la vida económica, independientemente de su ocupación o su lugar de trabajo. Los que trabajaban en una fábrica podría participar en la formulación de políticas no sólo para la fábrica donde trabajan, sino para el resto de las fábricas y de las granjas productivas. Ellos participarían en esta toma de decisiones no como trabajadores, agricultores, técnicos, ingenieros, o profesionales, sino como ciudadanos.
Su toma de decisiones sería guiada no por las necesidades de una empresa, profesión u oficio específico, sino por las necesidades de la comunidad en su conjunto.
Las asambleas determinarían racional y moralmente cada nivel de necesidad. Ellos distribuirían los medios materiales para la vida con el fin de cumplir con la máxima de los primeros movimientos comunales:, “Cada cual según su capacidad y cada uno según las necesidades”.
Y todos los ciudadanos que forman parte de dicha comunidad tendrán acceso a los medios de vida, independientemente del trabajo que sean capaces de realizar.
Por otra parte, Bookchin describió, como las asambleas ciudadanas se asegurarían que las empresas individuales no compitieran entre sí; en cambio se necesitaría que todas las entidades económicas se adhirieran a los preceptos éticos de cooperación e intercambio.
Eso fue precisamente lo que Bookchin propuso como alternativa: una forma de propiedad pública. La economía no es de propiedad privada, ni se rompe en pequeños colectivos ni se nacionaliza, más bien se sitúa a nivel municipal, bajo la propiedad y el control de la comunidad.
Sobre las áreas geográficas más amplias, las asambleas tomarían decisiones de política económica a través de sus confederaciones. La riqueza expropiada a las clases poseedoras se redistribuiría no sólo dentro de un municipio, sino entre todos los municipios de la región. Si un municipio tratara de absorber a costa de los demás, sus aliados tendrían el derecho de impedir que lo hiciera.
Como Bookchin explicó, en una economía municipalizada, “la economía deja de ser meramente una economía en el sentido estricto de la palabra, ya sea como “negocio”, “mercado”, “empresas controladas por los trabajadores” y pasa a convertirse en una verdadera economía política”. La economía de la polis o la comuna “se convertiría en una economía moral, guiada por normas racionales y ecológicas”.
Una ética de la responsabilidad pública evitaría una adquisición derrochadora, exclusiva, e irresponsable de los bienes, así como la destrucción ecológica y laviolación de los derechos humanos. De hecho, la comunidad valoraría a las personas, no por su capacidad de producción y consumo sino por su contribución positiva a la vida comunitaria.
Por Janet Biehl, para El Viejo Topo
