Gatillo fácil: policías fuera de servicio protagonizan la mayor cantidad de casos
En los últimos días, dos jóvenes resultaron muertos por la intervención de funcionarios policiales que se encontraban fuera de servicio. La cantidad de personas asesinadas por policías de civil supera ampliamente las muertes ocasionadas por efectivos que estaban en funciones.
Por Centro de Estudios Legales y Sociales
El uso de la fuerza por parte de policías que se encuentran fuera de servicio es un aspecto problemático de la violencia policial que en estos días sumó dos casos con consecuencias irreparables. Durante los últimos cinco años, en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, la cantidad de personas que fueron asesinadas por policías que estaban fuera de servicio superó las muertes ocasionadas por policías que estaban en servicio.
Así ocurrió también entre enero y abril de 2017: casi el 80% de las víctimas murieron a manos de un policía que no estaba cumpliendo servicio en el momento del hecho. Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad asesinaron a doce personas, diez de las cuales murieron a manos de policías que se encontraba fuera de servicio. La misma lógica se repite con efectivos de la Bonaerense, 17 de las 21 muertes se produjeron con funcionarios fuera de servicio.
Aunque este problema caracteriza tanto a las fuerzas de seguridad más antiguas como a la Policía de la Ciudad, creada recientemente, las autoridades no lo consideran un asunto que debe ser tenido en cuenta y que requiere políticas específicas.
Este martes por la madrugada, el subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Hugo Daniel Pos hirió de bala a tres jóvenes en localidad bonaerense de Billinghurst, en San Martín; según las fuentes oficiales el policía quiso defenderse de un intento de robo en un horario en el que no estaba en servicio.
Rodrigo Alejandro Correa, de 14 años, murió porque recibió una bala en la nuca; dos jóvenes de 16 y 14 años fueron trasladados al Hospital Castex por impactos en las piernas y en el abdomen.
Según fuentes judiciales, sólo se secuestró el arma del policía, con el cargador vaciado y 16 casquillos. Al momento, la causa tramita en la Fiscalía del fuero Penal Juvenil de San Martín a cargo de Marcelo Brocca.
El sábado pasado en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, Cristian Toledo Medina (25) murió tras recibir un disparo realizado por el bombero de la Policía de la Ciudad Adrián Otero. Cristian estaba en un auto acompañado por Carlos Gavilán, de 24 años, y Jorge Nadalich, de 23 años. Otero iba en otro vehículo y, según su relato, los tres jóvenes habrían intentado asaltarlo golpeando con una piedra la ventana de su auto. Como respuesta, Otero persiguió a los jóvenes cinco cuadras disparándole al auto en el que iban. Cristian murió por una bala que recibió en el pecho. Los jóvenes no estaban armados.
En el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 11 a cargo de Pablo Ormaechea se instruye contra Gavilán y Nadalich una causa penal por tentativa de robo, mientras que Otero quedó detenido por el homicidio de Cristian. Familiares y amigos de Cristian afirman que no se trató de un robo como sostiene la versión policial sino de una discusión de tránsito a la que el bombero reaccionó irracionalmente con el uso de la fuerza letal.
Este hecho exhibe dos problemas. Por un lado, la intervención policial ocurrió durante una persecución vehicular.
A pesar de que muchos de los casos de uso abusivo de la fuerza policial ocurren en las persecuciones, todavía no existen protocolos o guías de actuación que establezcan con claridad modos de proceder que respeten los derechos humanos. De este modo, prevalecen las decisiones individuales que toman los funcionarios policiales en el momento de los hechos. Los instrumentos de intervención son imprescindibles para evitar la discrecionalidad y el abuso en el uso de la fuerza.
Al mismo tiempo, este hecho también invita a poner en discusión el hecho de que los Bomberos porten armas de fuego. La Ley 5688 que establece el Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad no establecen que los bomberos porten armas. Ahora bien, quienes eran bomberos de la Policía Federal sí contaban con el estado policial y esto fue ratificado con su traspaso a la nueva policía de la Ciudad. Esto genera que una parte de los efectivos, como es el caso de Adrián Otero, portan armas de fuego cuando el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que no las precisan para el ejercicio de sus funciones.
A pesar de que el uso abusivo de la fuerza letal es un fenómeno extendido en el territorio nacional y que cada cierto tiempo toma estado público a partir de la conmoción que generan los hechos particulares, para el Estado, en todos sus niveles, continúa siendo un asunto que no se considera prioritario y no es considerado como un problema de gobierno por las autoridades políticas.
La cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad es un indicador de violencia institucional pero también de la eficacia y eficiencia de la fuerza policial: una fuerza de seguridad eficiente es aquella que cumple con los objetivos de brindar seguridad haciendo un uso mínimo de la fuerza. Este es uno de los principios centrales del funcionamiento de cualquier fuerza de seguridad democrática.
Por Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)
