Quieren bajarme y no saben cómo hacer
“Son chicos que están perdidos”, “El Estado está ausente”, “Si tiene edad para votar, tiene edad para ir en cana”, “Claro que es una problemática profunda, pero ¿qué hacemos mientras tanto con esos pibes?”. Las frases resuenan como en un loop en distintos medios de comunicación encendiendo un debate que se produce cada vez que es año electoral y las propuestas de los candidatos mencionan la necesidad de un reforzamiento en materia de seguridad. El asesinato de Agustín Bustamante, el niño de tres años baleado en Lomas de Zamora, reavivó la polémica y, tanto Sergio Massa como Gabriela Michetti, expresaron públicamente su interés en modificar el régimen penal juvenil y consideraron que es un tema que hay que poner entre paréntesis de la discusión electoral.
Por Silvina Belén Arrieta para Derrocando a Roca
Para poder entender el posicionamiento de diferentes organismos e instituciones, entrevistamos a Adriana Cáceres, Secretaria del PRO en Pilar y Directora Federal de la Juventud en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a Claudia Cesaroni, abogada, integrante de la red “Argentina No Baja” y del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos), y a María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la Corriente de Izquierda Poder Popular. ¿Es necesaria la baja de edad de imputabilidad? ¿Es real el planteo que asegura que las y los menores que cometen delitos gozan de total impunidad? ¿Hay medidas regresivas por parte del gobierno?
Por ser un pibito bien cumbiambero,
Me subís a tu patrullero.
Porque si un negro corre dicen que ese robó,
Vamos a llevarlo preso que algo se afanó.
Si un cheto lo hace, no, no,
Ese pibe no robó.
Si un negro corre dicen que ese robó.
(Quieren bajarme – Damas Gratis)
La vigencia de los clásicos no siempre es celebrada. Días, semanas, meses, vueltas al sol, estaciones del año, contextos políticos, ciclos económicos, cambios de gobierno… No importa cada signo del paso del tiempo: el clásico resiste y perdura, a veces transformándose en un mero cliché cargado de previsibilidad. El invierno está llegando y nos encuentra con la agenda pública y mediática colmada de opiniones, voces a favor y en contra de la baja de edad de imputabilidad, una historia que viene de larga data, un clásico que parece no caducar.
Durante el tercer semestre del gobierno de Cambiemos, cuando asomaba un caluroso verano en el que nos sugerían mantener el aire a 24 grados, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano, se rasgaba sus investiduras, pero no por los 30 grados a la sombra: confirmó que el Ejecutivo tenía un proyecto para modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de los 16 a 14 años. Dobló la apuesta, tomó un poco de agua fresca y ratificó la propuesta de contar con una comisión de trabajo para la elaboración de un Proyecto de Ley de Creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, y anticipó que el texto sería elaborado luego de las elecciones legislativas de octubre , para ser presentado ante el Congreso en 2018. Las declaraciones se producían luego de que un menor de edad asesinó al joven Brian Aguinaco, en el barrio porteño de Flores. La comisión integrada por jueces, representantes de varios ministerios y especialistas en minoridad, fue notificada por parte del organismo internacional Unicef que apoyó la necesidad de una reforma, pero rechazó la baja de la edad de imputabilidad.
Ya con el otoño y las hojas de los árboles dibujando las veredas, hubo un no rotundo por parte de organizaciones sociales y populares. A pesar de esta negativa, el titular de la cartera de Justicia, apoyado por el Presidente Mauricio Macri, insistió: “Lo único que se discute es la baja de edad, pero la ley es integral e incluye un montón de cuestiones. Son siete ejes, de los cuales en seis se encontró un consenso realmente altísimo” y agregó que el envío del proyecto de responsabilidad penal juvenil al Congreso estaba planeado para el segundo semestre. A raíz de esta persistencia, se crearon redes de discusión como “Argentina No Baja” y “No a la Baja”, a lo largo y ancho del país, brindando charlas con los organismos que las integran.
En la arena política, el debate por la baja de edad de imputabilidad puede ser para la tribuna, teniendo en cuenta que las cárceles y los institutos de menores están llenos de niños, hijas de la clase trabajadora, y ninguno es hija de un político, empresaria o funcionario, porque, si de clásicos se trata, la impunidad la gozan los mismos personajes de siempre.
¿Considera necesaria una baja en la edad de imputabilidad? ¿Por qué?
Adriana Cáceres (Directora Federal de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – PRO): Nosotros siempre nos pusimos en contra de esa postura. Pero también surgía dentro de la comisión creada para la creación del proyecto de ley, el no focalizarnos en el tema de la baja de edad de imputabilidad. Ir a cuestiones más de fondo, acerca de una cuestión integral, de prevención; evitar que los jóvenes tengan que llegar a delinquir. A la vez, pensar cómo trabajar con los jóvenes que ya tienen un conflicto con la ley, con una visión netamente social, de contención y pensando la reinserción de ellos en la sociedad. Esos eran un poco los ejes que debatimos en esa mesa, a pesar de que hubo una voz más fuerte que estaba en contra de eso. Es ahí que nosotros como Subsecretaría de Juventud, y a nivel personal, me daba cuenta que el tema de la edad de imputabilidad, mediáticamente se pone en agenda cada dos años; hay que dejar un poco el debate de lado e ir a la acción. Entonces decidimos trabajar fuertemente, por un lado, con los institutos de menores, y por otro lado con los jóvenes que están en el servicio penitenciario.
Claudia Cesaroni (Abogada – Integrante de la red “Argentina No Baja” – CEPOC): Primero nosotros hablamos de punibilidad, más que de imputabilidad. Porque de lo que estamos hablando es de la edad a partir de la cual se va a someter al proceso penal, a procesar y a aplicar penas, a punir a los adolescentes. Parece una aclaración puramente terminológica pero es necesario hacer. Nosotros estamos en contra de la baja. En primer lugar, porque no queremos que chicos cada vez más chicos vayan a parar a lugares de encierro. Sabemos que son destructivos para las personas; en una etapa de desarrollo, el peor lugar para desarrollarse es un lugar de encierro. En segundo lugar, porque sería regresivo e inconstitucional, violaría justamente un principio de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro sistema internacional de derechos humanos que es el principio de no regresividad. Es decir, no se puede retroceder en un derecho. Los chicos de 14 años ya eran punibles en nuestro país en la Dictadura y esta edad se elevó; nosotros entendemos que sería inconstitucional regresar. En tercer lugar, porque no es necesario, no resuelve ningún problema. Porque no hay un problema de magnitud. Este debate aparece siempre que hay un hecho que se le imputa a un adolescente. Pero aun así fue utilizado de manera falaz por parte del gobierno para implantar este proyecto. No es un problema permanente, no es que los chicos de 14 y 15 años cometen delitos graves. Es absolutamente ínfima la cantidad de casos. Cuando se plantea qué hacemos con los pibes que cometen delitos, se pueden hacer cosas por fuera del sistema penal: incorporar a esos pibes al sistema de protección de derechos, a que intervengan esas áreas porque en general en la inmensa mayoría de los casos si un pibe menor de 16 años está involucrado en una situación conflictiva o viola la ley, hay un incumplimiento previo del Estado con él; en su violación de sus propios derechos como niño. Entonces son esas áreas las que deberían intervenir.
María del Carmen Verdú (Abogada y referente de la CORREPI y Poder Popular): Periódicamente aparece esta discusión que se impone desde los gobiernos, con enorme apoyo de los medios hegemónicos de comunicación, diciéndonos que es imprescindible bajar la edad de imputabilidad para resolver cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas. La remanida historia de querer bajar la edad de imputabilidad penal de menores contiene una gran serie de falacias. Una de ellas es sostener que hoy si tenés menos de 18 años sos impune por cualquier delito que cometas, cosa absolutamente falsa. Los pibes entre 16 y 18 años son punibles como cualquiera, con la única diferencia de que, según el distrito, son distintos los trámites procesales: en provincia de Buenos Aires existe el régimen de responsabilidad penal juvenil, por ejemplo, que si uno lo lee en la letra de la ley es sumamente progresista, pero cuando lo vemos en su aplicación práctica no varía de lo que sucede en el resto del país o a nivel nacional donde, como todos sabemos, los chicos y chicas de esas edades son tratados exactamente igual o peor que los adultos porque están en peores condiciones para defenderse. Los juzgados que tienen a cargo sus causas son exactamente iguales a la de los mayores, salvo que tienen un cartel que dice “menores” en la puerta, y en lugar de estar detenidos en una comisaría o en una cárcel de adultos, están en un instituto de menores. Respecto a los chicos menores de 16 años, es razonable que nuestro sistema penal no considere que no puedan ser condenados después de un juicio, por el hecho de que justamente se trata de personas en crecimiento que no han alcanzado su plena madurez. Es el mismo motivo por el cual, antes de los 16 años, y en algunos casos antes de los 18, hay una gran cantidad de la vida civil que no pueden llevar a cabo, que no pueden decidir por sí mismos: casarse, realizar un contrato válido, más allá de la explotación infantil en temas laborales, en el que justamente son los hechos que nos demuestran que es una gran falacia el superior interés del niño. Actualmente un niño de 16 años que queda involucrado en una causa penal, independientemente de su culpabilidad o inocencia, queda en manos de un juez que es quien decide si vuelve con su familia o si es internado en un instituto con algún argumento como su desprotección o su situación de abandono y desamparo; y no hay duda que va a ser en ese instituto donde seguramente se va a encontrar con el mayor nivel de desamparo posible, y sometido además de a las torturas cotidianas, a violaciones y otro tipo de aberraciones que van a marcar su vida para siempre.
¿Es necesaria una modificación en la situación penal actual de los menores de 16 años? Quienes defienden la baja de edad de imputabilidad afirman que esto les daría más derechos, una representación penal, abogados, la posibilidad de defenderse.
Adriana Cáceres (Directora Federal de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – PRO): Lo que hay que modificar claramente es la ley/decreto, porque el sistema que hoy tienen los jóvenes es del año 1980, de la Dictadura; hay que trabajar fuertemente en modificar esa ley. Más allá del debate de si bajar o no la edad, los jóvenes que cometen delitos graves, que tienen 16 años, no tienen garantías en todo el proceso judicial. Con lo cual hay que trabajar en que sean respetados sus derechos y también las garantías. La ley que actualmente se encuentra vigente no lo hace; queda totalmente sujeta al criterio de cada juez. Hay que cambiarla y trabajar fuertemente en el contenido de eso porque no puede ser que los jóvenes tengan un tipo de ley que no les da ningún tipo de garantía en el proceso judicial.
Por eso decidimos dejar el debate de lado sobre la baja de edad de imputabilidad y pasar a la acción. Hoy estamos trabajando en los 15 institutos de régimen cerrado de la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad también; un poco para no abordar todos los institutos, sino ir paso a paso con los institutos que se encuentran en la región metropolitana, que es donde la mayoría de los jóvenes también se concentran. Es ahí donde nos ponemos en contacto con las áreas que los coordinan. En el caso de la provincia de Buenos Aires es la Secretaría de la Niñez y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es el Concejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando vamos a los institutos, cuando vamos a las cárceles, falta trabajar en el acondicionamiento, en la infraestructura de esos lugares, para poder incorporar a otros jóvenes en este caso.
Claudia Cesaroni (Abogada – Integrante de la red “Argentina No Baja” – CEPOC): Bajar la edad es eso. Someterlos a un proceso penal. Justamente, al no estar, la modificación sería incorporarlos porque no tienen situación penal los menores de 16 años. No están legalmente sometidos al proceso penal. Lo que sucede es que en muchos casos, y de alguna manera, por subterfugios y por vericuetos legales y picardía de algunos jueces, se los priva de la libertad, eso es legal. Lo que no se puede hacer es dictar una ley para legalizar algo que es ilegal; que es privar de la libertad a menores de 16 años. Es cierto que hay chicos que están privados de su libertad, no son tantos, son pocos pero no debería haber ninguno. Porque aunque un chico menor de 16 años cometa un delito, y aunque ese delito sea grave, no debe estar privado de su libertad. Deberían activarse otros modos de trabajar con ese pibe para sacar lo de la situación de delito o de involucramiento del delito desde otras áreas del sistema estatal de derechos que no sea el sistema penal.
Por eso digo que no es que no haya que hacerse nada, pero esas cosas no tienen que ser penales. Se puede trabajar con ese chico entendiendo que si un pibe de 14 años está involucrado en un hecho violento, hay una serie de situaciones previas que no se resolvieron con ese pibe, es un niño.
El tema de la baja no es un tema autónomo de todas las políticas represivas de gobierno, que está sembrada la calle de policías en los territorios. Yo vengo de Espeleta y vi tres procedimientos policiales, de parar motos, autos, por ocupar el espacio público. Todo eso es parte de la política represiva del gobierno, que lamentablemente una parte importante de la sociedad la reclama.
María del Carmen Verdú (Abogada y referente de la CORREPI y Poder Popular): Es completamente falso el argumento de que modificando los regímenes de responsabilidad penal juvenil y garantizando formalmente la presencia de abogados defensores y tribunales especializados y de un proceso específico, se dote de más derechos a esos niños. Eso es válido cuando estamos hablando de familias que pueden afrontar una defensa particular, como ocurre con los presos adultos. El niño que sea asistido por un defensor oficial , del mismo modo que pasa con los mayores, lo va a ver una sola vez en su vida cuando le lleve un papel para que firme y le diga “arreglá un abreviado, pibe, que te conviene”. Es en realidad, garantizar el derecho a la condena, no el derecho a la defensa.
¿Cómo analiza la política del “endurecimiento” de penas que lleva adelante el gobierno nacional si se toma, además del proyecto de “baja”, la reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que obliga a los autores de delitos graves a cumplir con la totalidad de la condena, al prohibirles las excarcelaciones y salidas anticipadas y transitorias?
Adriana Cáceres (Directora Federal de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – PRO): Desde el discurso parece o pareciera que están endureciendo algunas medidas, pero lo cierto es que, yo desde mi experiencia de trabajar en las cárceles y en los institutos de menores, y trabajando también en otras áreas del Gobierno Nacional y también en Provincia y Ciudad, es totalmente distinto lo que va surgiendo. Llevamos capacitaciones en oficios, como en el caso de la cárcel de Devoto, donde se inician todas las protestas de las huelgas de hambre por la Ley 24660. Estamos trabajando en el Centro Universitario de Devoto con la UBA, donde ya arrancaron los talleres de lecto-escritura.
Los chicos que arrancaron el Ciclo Básico Común en Devoto, nos decían que les cuesta mucho poder comprender el lenguaje técnico-académico; y lo mismo del lado de los profesores al momento de evaluarlos, nos comentan que se manifestaba en la falta de redacción que tienen los jóvenes que están en situación de encierro. Estamos trabajando con talleres de lecto-escritura con la UBA, llevando talleres de oficio con sindicatos también como la UOCRA, en Marcos Paz, en los institutos de menores; no es algo que te cuento desde la teoría, estamos yendo toda la semana. Por ejemplo, en el instituto Complejo Nueva Esperanza de La Plata, llevamos todas las técnicas del circo social. La excusa es que los chicos, a través del circo aprenden cuestiones blandas que tienen que ver con la empleabilidad. Los chicos nos decían que querían hacer capacitaciones de oficio, nos pedían estos talleres.
También hay estigmatizaciones de quienes se encuentran en conflicto con la ley; cuando son los mismos chicos que nos dicen “queremos aprender, queremos capacitarnos”, “queremos que cuando salgamos de acá podemos conseguir un trabajo”. Están estas cuestiones de lo que piensa la sociedad, lo que realmente sucede, lo que se piensa desde la postura del gobierno nacional; sin embargo, en la práctica estamos trabajando día a día con los jóvenes en conflicto con la ley.
Claudia Cesaroni (Abogada – Integrante de la red “Argentina No Baja” – CEPOC): Somos muy críticos de estas medidas. He estado en el Senado en nombre del CEPOC denunciando que esto es construir categorías de personas a las que se condena el morir en la cárcel; a salir muertas o ancianas, una condena de muerte en vida. Estamos en contra a que se encierra a cualquier persona por más que cometa cualquier delito grave a que se muera en la cárcel. Porque creemos que es violatorio de ley, incluso violatorio de los tratados que firmamos; porque pareciera que nos cansamos de firmar tratados para incumplirlos. Cuando en realidad toda la normativa a las personas vinculadas con la privación de la libertad está atravesada por la idea de que la persona tiene que volver y reinsertarse a la sociedad. Tiene derecho a que se le ofrezca una oferta de alternativas para que cuando vuelva a la sociedad vuelva mejor de lo que entró. Si no va a volver nunca es condenarlo a la muerte en vida. Para qué vas a ofrecerle trabajo o estudio que si sale, va a salir dentro de 50 años. Esto genera más violencia, más malestar, más hacinamiento. En todo sentido es una pésima decisión. Por eso decía que esto es parte de una batería de medidas represivas.
María del Carmen Verdú (Abogada y referente de la CORREPI y Poder Popular): Los proyectos de reforma como la Ley 24660 de Ejecución Penal tienen como objetivo eliminar lo que algunos llaman beneficio, nosotros preferimos llamar derechos de las personas privadas de su libertad y condenadas, en cuanto a la posibilidad de su reinserción una vez cumplida la pena. Impedir que una persona que está próxima a cumplir la condena, porque ya ha tramitado más de dos tercios del total en prisión, comience a tener salidas transitorias, laborales, de acercamiento familiar, o pueda acceder a la libertad asistida, es lisa y llanamente, condenarlos a mucha más dificultada de lo que se ve en la realidad cotidiana su reinserción social. Las reformas que se plantean en este sentido, sólo tiene por objeto garantizar el aniquilamiento de la población penal de la manera más rápida limpia posible a partir de negar esos derechos que por supuesto se toman a manos llenas como lo vemos con el fallo de la corte suprema de justicia de la nación aplicando el 2×1 a un genocida cuando se trata de los represores de ayer, de los represores de hoy o de los amigos del poder.
Bajar o no la edad de imputabilidad es un debate que va a resurgir cada dos años, cada cuatro… Aunque ya sean cerca de 1300 chicos y chacas de hasta 18 años que están en centros privados de la libertad y en condiciones de hacinamiento y maltrato. Aunque día a día, en los barrios, pibes y pibas padezcan las políticas regresivas de los gobiernos de turno, el hostigamiento, la estigmatización por parte de la Policía Federal, Bonaerense, Local o de la Ciudad. Aunque estén en la mira de los portadores de armas con uniforme, aquellos que “están al servicio de la comunidad” patrullando, y que dan “seguridad”, pero asesinan un pibe cada 25 horas.
“Si salgo de casa, no sé si vuelvo”, “Se ponen del lado del victimario y no de la víctima”, “Nosotros no somos culpables de que un pibe mate a una criatura porque se le antoja”, dicen las distintas voces que recorren los canales de televisión a toda hora mientras una placa habla de alerta en los barrios. Una alerta que no tiene que ver con los 5.600.000 de niños y niñas en la pobreza y 1.300.000 que pasa hambre. Quizás es tiempo de que la frase que asegura que hay un Estado ausente deje de ser un clásico para empezar a preguntarse: ¿ausente para quién?
*Por Silvina Belén Arrieta para Derrocando a Roca / Fotos: NO a la Baja
