Modelos de Universidad en tensión: Facultad de Lenguas
Sin lugar a dudas, los procesos eleccionarios en la Universidad se ven acompañados de un folclore muy peculiar, propio de la Casa de Trejo, en que las chicanas abundan y muchas veces la discusión política escasea. Y a pesar de su incipiente historia como Facultad, el proceso que se viene gestando en Lenguas (una de las primeras facultades que estrenan elección directa) ofrece un interesante panorama sobre el cual es necesario (y casi imprescindible) detenerse. ¿Qué hay en juego en la elección de autoridades unipersonales para esta unidad académica que, al observador desprevenido, siempre suele presentarse como desideologizada?
Por Linguo para La tinta
Hacia 2014, Lenguas respiraba un clima de aparente pluralismo, marcado por la contienda por el decanato entre Elena Pérez (quien por aquel entonces se inscribía en la línea de Acción Académica) y Fabián Negrelli, representante docente de Integración y Compromiso, espacio docente de reciente aparición y con cierto discurso de “resistencia”. Las disidencias aparentes son rápidamente neutralizadas y, en los albores del 2015, Elena Pérez y sus aliados se alinean al nuevo rectorado de Hugo Juri. Bajo el nombre de Alianza Electoral por Lenguas, se aunarán Integración y Compromiso y Acción Académica, presentándose conjuntamente a las elecciones para docentes en el Honorable Consejo Directivo (HCD) en 2016.
Es posible que este dato no asombre, en tanto es difícil olvidar que la decana actual de Lenguas, días antes de la última elección rectoral, mantenía fuertes vínculos con la gestión de Francisco Tamarit y Silvia Barei (su antigua compañera -¿o creadora?-), aunque finalmente virara hacia los nuevos aires políticos que se avecinaban. Aspecto este último, destacamos, que deja cierto espacio de duda, al no saber a ciencia cierta a qué sesgo ideológico responde Elena Pérez. En este tejido de contradicciones, la Alianza (hoy Lenguas SUMA) finalmente aprobó, a mano alzada y sin dar espacio para los debates necesarios en las unidades académicas (y en una travesía que mucho recuerda a la épica más canónica), las modificaciones a los Estatutos Universitarios en las últimas semanas de 2016. Curiosamente, todos los realineamientos se han producido en el marco de debates opacos y negociaciones ajenas a la comunidad de Lenguas, lejos de concretizar el espíritu de diálogo que incansablemente subrayan en sus declaraciones públicas.
Lenguas SUMA aparece entonces como un espacio fuertemente heterogéneo, caracterizado por una alianza electoral que, transitoria y efímera, poco tiene que ver con un proyecto político institucional, sino más bien con procesos de acumulación individuales, cristalizados siempre en esferas de gestión fuertemente personalistas. Este esquema se ve replicado en la dinámica del HCD, que hace varios años goza de un entrañable clima de “consenso”, garantizado por la Lista Única. No obstante, no podemos dejar de interrogarnos: ¿desde cuándo la falta de debate en el principal órgano de cogobierno de una Facultad es sinónimo de estabilidad institucional? Buena parte de las voces disidentes han tendido a sufrir desplazamientos de áreas o a volverse funcionales al modelo de gestión dominante (en los avatares de los cambios por favores políticos).
El modelo de gestión de Lenguas SUMA en su plataforma electoral insiste y reitera su voluntad de “profundizar, continuar, avanzar, seguir apostando”, haciéndose eco de una vieja esfera de sentido de “el progreso”, al que la política tan acostumbrados nos tiene.
Modelo de Facultad
Rápidamente, descubrimos que detrás de esta metáfora reposa un modelo de Facultad en el que conviven al menos dos líneas que podemos sintetizar a los fines interpretativos: i) las políticas de gestión ancladas en el modelo universitario deudor de los ’90, cuya estructura no fue transformada en los últimos años (afirmación que siempre puede ser objeto de otro análisis), y ii) los gestos individuales, bien intencionados pero aislados, que pretenden configurar un modelo de Facultad diferente y alejado de la especificidad de una Secretaría, un área o una cátedra.
El modelo universitario de los ‘90, heredero de las reformas neoliberales, se rige bajo los imperativos del mercado. La educación es una mercancía más y, a partir de esta premisa, se traza una compleja trama de actores y dinámicas de funcionamiento, orientadas a satisfacer los imperativos mercantiles. Las unidades académicas se tornan blanco del lobby empresarial y los planes de estudios son funcionalizados y adecuados a estos intereses. En este marco de desregulación y ausencia del Estado, la tarea de financiamiento de la Educación Superior es transferida a cada unidad académica. Poco espacio queda para la misión de la Universidad de atender a las grandes o pequeñas problemáticas que siempre deberían ser de orden social.
Existen múltiples elementos que nos permiten afirmar que la Facultad de Lenguas mantiene vivo este modelo de Universidad, pero nos detendremos solo en algunos de ellos. En primer lugar, los planes de estudio de la mayoría de las carreras datan de 1990 y las comisiones de revisión y formulación de nuevas propuestas han sido desactivadas. Se adhiere a esta lógica el “vaciamiento” de las carreras de grado, en tanto el modelo internacional mercantilizado desliza un continuum educativo que se emplaza fuertemente en todas las variantes de posgrado requeridas para “entrar en el sistema” (aspecto que Lenguas delata claramente, incluso en sus inconmensurables precios para acceder a estos cursados).
En segundo lugar, los ‘90 marcaron también el rumbo para la proliferación de áreas destinadas a generar recursos propios para suplir el desfinanciamiento provocado por la ausencia del Estado. Hoy la Facultad de Lenguas, modelo pionero y paradigmático en ello, se jacta de administrar uno de los presupuestos de recursos propios más elevados de toda la Universidad (el cual ya en 2015 rondaba los 30 millones anuales), fondos que, en su gran mayoría, provienen del oneroso alquiler del auditorio que, en pleno Centro de la Ciudad en Vélez Sarsfield, sirve para eventos culturales, y de la venta de cursos de idiomas a través de la Secretaría de Extensión o del Departamento Cultural (más conocido como “El anexo”). Incluso es interesante que gran parte del personal docente (aquel que la misma Facultad construye, forma y reforma) sostiene estos cursos, aun a riesgo de permanecer durante años con contratos inestables y precarios de locación de servicios, o, incomprensiblemente, de manera gratuita.
Con todo, los recursos propios de la Facultad (y por añadidura de la Universidad) no constituyen un problema en sí mismo, pero no deja de resultar alarmante que la comunidad no problematice el origen de dichos fondos y, en última instancia, su destino. Una rápida mirada al proyecto presupuestario de recursos propios de la Facultad de Lenguas permitiría observar no sólo el bienestar económico del que goza esta unidad académica, sino también las derivas de esos fondos que exhiben las prioridades de un modelo de gestión. No puede menos que ser preocupante (o, al menos, objeto de otra interpelación), que entre el 65% y el 80% de los fondos se destinan a gastos de personal (contratados y, por ende, exentos de concursos públicos –mecánica que debería ser natural en una Universidad Pública-), a becas cuya convocatoria y proceso de selección no es público o contiene ciertas improlijidades, a la creación de cargos de docentes asistentes para materias cuyo números de alumnos no lo justifica, o a la inversión en infraestructura de dudosa necesidad como decoración, cómodos sillones, carteles estrambóticos o banners titánicos (que casualmente apoyan la nueva elección de la decana en curso), por nombrar algunos.
En consonancia con este sistema, Lenguas detenta uno de los primeros puestos en la Universidad en materia de precarización laboral. Frecuentemente, estudiantes de los últimos años son captados por la gestión para desempeñarse en el “Anexo” como personal administrativo y, al mismo tiempo, como floating teachers: es decir, para encargarse de las inscripciones y además (sin ningún tipo de retribución extra) suplir a los docentes contratados oficialmente en caso de ausencia. En la misma línea, el Departamento de Idiomas con Fines Académicos, encargado de llevar a cabo el dictado de cursos y la toma de pruebas de suficiencia de idiomas en toda la Universidad, cuenta con una planta docente de alrededor de 50 profesores, de los cuales casi la mitad están regidos por contratos de locación de servicios.
Por lo demás, los jóvenes egresados se encuentran lejos de estar integrados. Hay una marcada imposibilidad de ingresar al sistema educativo de Lenguas, por la carencia de vacancias en cargos docentes o porque quizá, cuando estos ofrecen una oportunidad, quienes están a cargo de las Secretarías (cargos, no es necesario recordar, de gestión) toman los espacios sin alguna selección previa y, además, permanecen en ellos con el “beneficio” de quedar por tiempo indeterminado, puesto que su rol en gestión los exime de elección pública y abierta alguna. Podría añadirse que los graduados que prosiguen su formación como adscriptos trabajan ad honorem, sin ningún reconocimiento que les asegure un medio de transporte o, al menos, algún tipo de cobertura médica indispensable o programa de contención que los incentive a iniciarse en la investigación (es interesante incluso que el novel Programa de Formación de Investigadores -que Pérez alabó durante 40 de sus verborrágicos y prosaicos segundos en el debate televisado por los SRT – haya excluido a los graduados de la posibilidad de dirección en dicho proyecto). Son puntos estos últimos, aclaramos, que resultan paradójicos, considerando las políticas efusivas e iterativas que pregona la recientemente visible Oficina de Graduados (cuyo responsable, podemos añadir, responde a una extraña hibridación entre cargo político y personal administrativo por el mismo sueldo).
Incluso la Extensión oscila entre programas aislados desvinculados de una política institucional general, y termina replicando experiencias desdibujadas en las cuales la gestión avala la venta de servicios, o la promoción de actividades “gratuitas” o “abiertas a la comunidad”, como si en ello residiera el verdadero significado de uno de los principales pilares de la Universidad. Sin embargo, poco tienen que ver con la posibilidad de vinculación con la sociedad y la co-construcción de una problemática lingüística que atender. Quizá el ejemplo más tangible sea la estrepitosa caída del Programa Lenguas en Movimiento (encargado de producir cursos con puntaje para el nivel medio), luego de que la gestión actual haya decidido no contratar a nadie para llevar a cabo la tarea, posiblemente por la doble pérdida económica que ocasionaba: sus cursos eran gratuitos y quien estuviera a cargo debía recibir alguna remuneración. Tal vez por ello, Pérez derivó rápidamente el tema durante el debate para emplazar, en su lugar, una bella retórica sobre las dinámicas cambiantes de las Secretarías.
Los ejemplos son profusos y, lamentablemente, en un constante in crescendo. La revisión antes vista viene a funcionar como una suerte de “Estado de la Cuestión Lenguas”. No obstante, la pregunta siempre es una: ¿qué es todo lo que no tiene lugar en este paradigma de la continuidad que promueve la actual decana? Las cuantiosas respuestas posibles se agrupan en una: existe un modelo de Facultad de Lenguas cuya actual gestión, caracterizada no solo por el unipersonalismo exacerbado de la Dra. Elena del Carmen Pérez, está también anclada en un paradigma atravesado y signado por el mercado, en cuyo seno la educación deviene servicio o se encauza en lo que, prontamente, tomará la forma de una dinastía académica.
La estructura institucional actual da cuenta de ello y permite que la Facultad de Lenguas mantenga en pleno funcionamiento variados departamentos y áreas que le garantizan ingresos propios que pueden equiparse al presupuesto Universitario de varias Facultades conexas, como así también una repartición de cargos, contratos y oficios que no resultan del todo claros para la comunidad.
Lenguas, en sus derroteros, ofrece un panorama incierto que no puede dejar de interpelarnos. Se trata de reflexionar críticamente sobre las condiciones que imponen las nuevas metáforas del “progreso” académico (que más bien se traducen hacia los dominios de un retroceso) o avecinarnos a perder los vestigios de pluralismo, diálogo y claridad que aún restan en nuestra Institución. Se trata, a fin de cuentas, de sumar en su significado literal, y no de restar logros alcanzados.
Porque la Universidad no construye sus sentidos con base en aparentes metáforas nóveles que replican viejos y canónicos sentidos que el final del siglo pasado nos legó; se construye, muy por el contrario, con acciones tangibles y con resistencias reflexivas.
*Por Linguo para La tinta
