Se viene el fútbol judicializado
El 6 de agosto está previsto que empiece el torneo donde se volverá a pagar para ver los partidos. Contra eso, se va gestando una movida para presentar medidas cautelares en todo el país. Gustavo Veiga adelanta lo que pasará en poco más de cien días, cuando inicie la nueva temporada televisiva, con menos equipos, nuevos sostenedores del espectáculo y un déja vu de los años 90.
Por Gustavo Veiga para Página/12
Fútbol para Todos no parece todavía una causa perdida aunque el gobierno de Mauricio Macri le haya puesto fecha de vencimiento. Así lo perciben quienes se verían afectados por su anunciada derogación, y también Fox y Turner, las cadenas que adquirieron los derechos televisivos. Gabriel Mariotto, el ex coordinador del programa, sostiene que “habrá una lluvia de amparos por cada provincia que tiene el país”. En las multinacionales estadounidenses ya se estudia cómo darle respuesta a esas medidas cautelares que sus abogados estiman caerán una tras otra. Se trata de un conflicto donde se superponen los intereses de la ciudadanía, de las empresas y la propia AFA que mantenía un contrato vigente con el Estado hasta 2019. Faltan tres meses y medio para que la gente vuelva a pagar un canon por ver los partidos del campeonato de Primera División. Cuando el 6 de agosto se reanude el fútbol después del receso de invierno, se verá qué puede ocurrir. Las PASO son a la semana siguiente, con las derivaciones políticas y jurídicas que eso traería aparejado.
El escenario judicial que se vislumbra está cruzado por la ley de Medios 26.522, que fue anulada en varias de sus partes claves por el gobierno actual. Pero el artículo 77 donde se define qué es un acontecimiento de interés relevante todavía sigue vigente –y ahí ingresan los espectáculos deportivos– de modo que “si Macri lo deroga pagará un costo político muy alto”, señala Mariotto. Desde la vereda opuesta, una fuente jurídica que estuvo vinculada a la AFA durante muchos años y conoce el contrato del FPT en detalle, le dijo a este diario que “las medidas cautelares deberían ser rechazadas por varias circunstancias. Una, porque el nuevo contrato de los derechos televisivos se hizo entre privados y dejó sin efecto uno anterior. De manera que rige la libre voluntad de las partes. Y segundo, la AFA no asumió ningún compromiso de que los partidos televisados estén libres de pagar un arancel”.
El ex coordinador del Fútbol para Todos –que continúa procesado junto a dirigentes y ex funcionarios en una causa por ese programa estatal– comentó: “el Gobierno no derogó los artículos que van desde el 76 al 80 de la Ley de Medios que hablan de los acontecimientos de interés relevante. Los amparos que se van a presentar, en buena medida se basan en ellos. Por eso digo que debería derogarlos para darles tranquilidad a las empresas que compraron los derechos del fútbol. Pero al mismo tiempo impediría el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información a millones de argentinos”. Mariotto también informó que la iniciativa de presentar cautelares en todo el país “surgió en las mesas de trabajo del Instituto Patria. Ahí nació un espacio que vamos a potenciar, aunque como todavía no se vulneró el derecho a ver fútbol en forma gratuita como lo fija la ley, cuando se produzca en agosto próximo accionaremos en la Justicia”.
El artículo 77 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual señala que se garantizará “el derecho al acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad…” Para ello, “el Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas reglamentarias para que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general de cualquier naturaleza, como los deportivos, no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional”.
Este es el artículo de la norma que preocupa a los abogados de Fox-Turner, según comprobó este diario. Un DNU firmado por el presidente Macri podría dejarlos tranquilos. El nuevo vínculo comercial con la AFA no sufriría de esa manera la posibilidad de un revés judicial. Un caso semejante se daría si el gobierno no convocara a las audiencias públicas determinadas en la ley 26.522 para fijar cuáles son los acontecimientos relevantes de 2017. Esta tarea le compete al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
El poder ejecutivo ya apeló a los decretos de necesidad y urgencia para mutilar la ley. Firmó siete entre 2015 y 2016. Lo hizo para dejar sin efecto determinados artículos. Algunos beneficiaron notablemente al Grupo Clarín, su blindex contra el malhumor social creciente y gran beneficiario del nuevo acuerdo por los derechos de TV. Su principal unidad de negocios, Cablevisión, tiene algo más del 40 por ciento del mercado de la TV paga sobre un total estimado de 11.045.155 abonados (la cifra es de febrero y la difundió la consultora Business Bureau).
Mariotto adelantó: “Vamos a trabajar en una ley que garantice el fútbol gratuito para todos y a darnos una estrategia judicial y otra en materia política. Esto se va a poner interesante de acá hasta agosto porque no es un problema de la sociedad con la AFA. Es la pelea de la sociedad por la libertad de expresión y el derecho a la información. Por el acceso al contenido. Que vendan si quieren los derechos al exterior si no les resulta redituable, pero no se puede cercenar un derecho que se ejerció durante ocho años. Hoy no se manifiesta el malhumor porque todavía no se violó ese derecho. Pero el día que jueguen Boca y River y no lo den por televisión abierta va a haber una bronca bárbara”.
El presidente de Lanús y vocal de la AFA, Nicolás Russo, dijo sobre el problema que se avecina: “No conozco el tema. Voy a hablar cuando se presente un amparo, pero ahora no me quiero adelantar a eso. Había escuchado esta información hace dos meses aunque la cuestión de la seguridad jurídica nunca se tocó en nuestras reuniones. Sí, reitero, escuché que podía pasar esto de los amparos”.
La AFA ya cobró dos cuotas de 200 millones de pesos del valor llave que adelantaron Fox y Turner cada una por su lado. Los dirigentes esperan que en los primeros días de mayo se terminen de saldar 1.126 millones de pesos que completarán los 1.526 acordados como anticipo del contrato. A partir de julio, las dos cadenas de EE.UU. deberían comenzar a pagar los 2.700 millones restantes en doce cuotas consecutivas hasta finalizar el primer año de relación comercial con la AFA.
La seguridad jurídica del contrato entre ambas partes puede verse afectada por las medidas cautelares que se anticipan. Era previsible porque los dirigentes y las empresas sabían que esto sucedería. Quizás esperen que el presidente Macri firme nuevos decretos de necesidad y urgencia para blindar el acuerdo. Pero todavía faltan poco más de cien días para que se inicie la nueva temporada televisiva. Con menos equipos, nuevos sostenedores del espectáculo televisivo y un déja vu de los años 90.
*Por Gustavo Veiga para Página/12
