Uruguay: giro a la derecha
Por Carlos Santos para Zur
Siempre es caprichosa la identificación de momentos clave en la disrupción de los procesos sociales. Desde el fin del ciclo kirchnerista en Argentina o el derrumbe del Partido de los Trabajadores en Brasil algunos autores -por ejemplo, Modonessi & Svampa- están reflexionando acerca del fin del ciclo progresista, asumiendo a este como aquel que vino luego de los descalabros sociales, económicos y políticos del neoliberalismo en la región.
También hay autores que han cuestionado el uso del calificativo de ‘progresismo’ o de ‘gobiernos de izquierda’ para estos procesos que se han vivido en los países del Cono Sur.
El caso de Uruguay es particularmente interesante en este contexto, por muchas cosas. Una de ellas: es el propio conglomerado de fuerzas políticas que llega al gobierno en 2005 que se autodenomina como “Encuentro Progresista”1. El Encuentro Progresista (EP) había sido fundado en 1994, oportunidad en la que compareció por primera vez como candidato presidencial el actual mandatario uruguayo Tabaré Vázquez. A la coalición Frente Amplio -conformada en el año 1971 por los partidos políticos históricos de la izquierda uruguaya (socialistas, comunistas) y sectores escindidos de los partidos tradicionales (blancos y colorados)- se sumaban en ese encuentro sectores provenientes básicamente del partido blanco o nacional.
Lo interesante y anecdótico es que una vez alcanzado el gobierno en las elecciones de 2004, a partir del año 2005 todos los sectores incluidos en esta confluencia electoral ingresaron al Frente Amplio (FA), por lo que el “progresismo” quedó remitido a la autoidentificación de uno de esos sectores a la interna del FA.
El adjetivo progresista es útil de todas maneras -afirmamos- ya que nos permite establecer puntos de contacto y comparación con los demás gobiernos de América del Sur, pensando ya no sólo en Argentina y Brasil, sino incluyendo los procesos sociopolíticos de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile en una mirada comparada.
El inicio
El primer gobierno del FA, encabezado por Tabaré Vázquez, tuvo como sus principales logros sociales la reanudación de la negociación colectiva -clausurada durante el neoliberalismo- para la definición de los salarios tanto en el sector público como en el privado, aumentando el salario mínimo y los marcos jurídicos de protección para algunos sectores laborales como las trabajadoras domésticas y los asalariados rurales. También se promovió una serie de políticas de atención a la emergencia social enmarcadas en la creación de un Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El segundo gobierno del FA, encabezado por José Mujica, estuvo caracterizado por los avances en temas de la denominada agenda de derechos: se aprobó una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -que había sido vetada por Vázquez-, una Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo y una Ley de regulación de la Marihuana.
En términos económicos ambos gobiernos estuvieron enmarcados en uno de los períodos de mayor crecimiento del Producto Bruto Interno en el país, con un apoyo celebratorio hacia la política económica de gran parte de las corporaciones empresariales del país. Desde el punto de vista de la construcción de legitimidad social, los atisbos de descontento o crítica fueron «domesticados» – al decir de Alfredo Falero- por la polea de transmisión de lo político a lo social en que se instituyó gran parte de la dirigencia del movimiento sindical, mientras que aquella que no pudo ser asimilada fue simplemente desacreditada. Esto marca una continuidad con los mecanismos de establecimiento de los patrones de dominación en el Uruguay, según lo establecido por Álvaro Rico. En Cómo nos domina la clase gobernante, este autor sostiene que el discurso del Estado posdictadura se ha construido entre otras cosas en base la «estigmatización de los signos de oposición como «no creíbles» o «sin sentido» (demagogos, irracionales, ortodoxos)» (Rico, 2005:70).
El quiebre
Para muchos el principal quiebre del progresismo uruguayo con su propia narrativa de fuerza política de izquierda estuvo marcada por una decisión de Tabaré Vázquez en los primeros meses 
del inicio de lo segundo mandato (en el tercer gobierno del Frente Amplio). Ante una escalada de conflictividad sindical en la órbita de la educación pública, Vázquez estableció por decreto la ‘esencialidad’ de los servicios educativos prestados por el estado (enseñanza primaria, secundaria y terciaria) lo que implicaba necesariamente la eliminación del derecho a huelga para ese grupo de personas.
En realidad, el decreto en sí no fue aplicado aunque sirvió con un gran elemento de presión en la disputa por aumento presupuestal que ejercían las organizaciones, desviando en gran medida el foco de atención (de una demanda por mayor presupuesto a una demanda por eliminar la esencialidad).
A un año y medio de ese gran conflicto por el presupuesto educativo en 2015, Tabaré Vázquez se despachó el pasado 20 de marzo con un nuevo decreto que confirma un punto de inflexión o un quiebre con la narrativa de izquierda en la que se hasta ahora se había inscripto el progresismo uruguayo.
En un documento muy breve y por la vía del decreto presidencial, Vázquez otorgó autonomía a las fuerzas policiales para la represión de cualquier movilización social que implique el corte de una calle o ruta del país.
El objetivo del decreto es “preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza” para lo cual las fuerzas policiales podrán requerir la asistencia de otros organismos públicos.
Aunque no está mencionado expresamente, se abre la puerta a la militarización de la represión en las vías de circulación internas del país, algo que no tiene antecedentes en Uruguay desde el período comprendido entre 1968 y 1973 -año del golpe de estado- cuando los gobiernos autoritarios establecieron medidas prontas de seguridad.
Lo más preocupante del decreto reside precisamente en el hecho de que prescribe la interposición de una disposición judicial previa a la intervención de las fuerzas represivas (lo que garantiza, entre otras cosas, que la represión no se desencadene arbitrariamente por accionar independiente de la policía). Según se establece que “el Ministerio del Interior deberá dar cuenta en forma inmediata a la Justicia de la intervención referida”.
En su artículo 4º el decreto aclara que su aplicación no afectará el derecho a huelga, reconocido en la constitución de la república. Si bien esto podría ser una señal en relación a los sectores sociales a los que esté orientada la medida -las organizaciones y movimientos que desbordan las estructuras sindicales como el movimiento de mujeres o los ambientalistas- las primeras situaciones donde se ha aplicado el decreto dejan en evidencia que las protestas de los trabajadores sindicalizados también están comprendidos en el decreto.
Las reacciones
Cuando el Frente Amplio está celebrando sus 46 años -el pasado 26 de marzo-, las reacciones políticas desde la fuerza política sobre este decreto han estado pautadas por unas pocas declaraciones de preocupación y un amplio silencio complaciente. Las excepciones han sido una declaración del sector Casa Grande, cuya referencia es la ex-candidata a la presidencia en las elecciones internas de 2014 y actual senadora Constanza Moreira, una resolución del comité central del Partido Comunista, que califica al decreto como “inconveniente e innecesario” y una declaración del Partido Socialista comunicó su “preocupación” por el decreto.
En el marco de una conferencia de prensa por el aniversario de la fuerza política, el presidente del FA, Javier Miranda manifestó que el Frente Amplio no tiene una posición sobre el decreto presidencial.
El resto del amplio espectro político del FA ha omitido cualquier tipo de observación sobre el decreto.
Sí han opinado los integrantes del gabinete de Vazquez. Eduardo Bonomi, Ministro del Interior e integrante del Movimiento de Participación Popular -el sector de José Mujica- defendió la iniciativa y sostuvo que la única novedad que plantea en el marco jurídico vigente es la inclusión de otros organismos públicos en la tarea de despejar las vías de circulación.
Por su parte, la comunista Marina Arismendi -Ministra de Desarrollo Social, sostuvo que el decreto apunta a defender la “pública felicidad” (sic) ya que está orientado a prevenir cortes de rutas generados por protestas empresariales. Sin embargo, en las pocas horas de vigencia del decreto su primera aplicación estuvo orientada a desalojar una protesta de trabajadores del sindicado de transportistas de carga, que bloqueabas el ingreso a la planta de celulosa de Montes del Plata, en el departamento de Colonia. Una situación similar se vivió en Montevideo. Varios trabajadores fueron detenidos por la policía en ambos desaolojos.
La bancada de diputados del FA anunció que convocará a un representante del Ministerio del Interior para discutir sobre la medida, aunque se ha anunciado que la comparecencia no estará a cargo ni del Ministro Bonomi, ni del sub-secretario Jorge Vázquez -hermano del presidente- sino que la representación de la secretaría de Estado estará a cargo del director nacional Charles Carrera.
A nivel sindical hubo declaraciones de algunos sindicatos -como la de la Confederación de Funcionarios del Estado- y señales de preocupación, pero hasta ahora no hubo un posicionamiento público del PIT-CNT al respecto.
Otras organizaciones como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) del movimiento de derechos humanos y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO) de la FEUU emitieron duras declaraciones de rechazo al decreto. La declaración del SERPAJ sostiene que el decreto “proporciona aun mayor discrecionalidad a la agencia policial para desactivar cualquier protesta social sin tener el aval del Poder Judicial para hacerlo. Sin un marco de intervención definido desde un enfoque garantista cualquier protesta se convertirá en un campo de vulneración continua de derechos, donde los dispositivos estatales podrán desarrollar prácticas que no se ajustan a los marcos internacionales. Esta medida se incorpora –junto con otras– a una serie de sentidos que el Poder Ejecutivo le otorga al conflicto social y su abordaje. Se profundiza una política que no respeta las reivindicaciones políticas de los movimientos sociales en tanto criminaliza sus instrumentos de empoderamiento político”.
En un año que estará marcado por las reinvidicaciones de muchos sindicatos y organizaciones en el marco de la lucha presupuestal será muy difícil que los hechos no confirmen este pronosticado giro conservador del progresismo uruguayo.
1 La denominación electoral para los comicios de 2004 fue “Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría”.
Referencias
Falero, Alfredo (2008) Las batallas por la subjetividad: luchas sociales y construcción de derechos en Uruguay. Una aproximación desde la teoría sociológica. CSIC-Universidad de la República. Montevideo.
Rico, Álvaro, (2005), «Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay 1985-2005», Trilce, Montevideo.
Modonessi, Masimo & Maristella Svampa (2016) Post-progresismo y horizontes emancipatorios en América Latina. En Systemic Alternatives. Acceso: https://systemicalternatives.org/
*Por Carlos Santos para Zur
**Fotografías: Colectivo Manifiesto + RebelArte. Cobertura colaborativa desalojo del CODICEN. Septiembre 2015.
